Problemas para gobernar
El gobierno se enfrenta al problema de cómo llevar a cabo su programa, para lo cual es fundamental contar con un mayor apoyo por parte del Congreso.
Alfonso España es Investigador de Horizontal.
El ejecutivo se encuentra en una difícil situación. Por un lado, carece de mayoría en ambas cámaras, lo que limita su capacidad para aprobar proyectos de ley o controlar la agenda. Por otra parte, la baja aprobación que se ha manifestado en las encuestas, produce el efecto del “pato cojo” que reduce su influencia sobre la coalición. Adicionalmente, el poder de la calle es cada vez mayor, lo que se observa en la presión legislativa que logran las manifestaciones. Como consecuencia, el gobierno se enfrenta al problema de cómo llevar a cabo su programa, para lo cual es fundamental contar con un mayor apoyo por parte del Congreso.
En principio, existen factores institucionales que hacen que el gobierno se encuentre limitado en términos legislativos. Según indica la literatura, el grado de proporcionalidad que posee un sistema electoral influye sobre las características del sistema de partidos, como lo es su fragmentación y grado de disciplina partidaria. Al respecto, el abandono del binominal no solo aumentó la representatividad, sino que también profundizó el multipartidismo y la fragmentación del sistema de partidos. En regímenes presidenciales, un gobierno minoritario y un sistema de partidos fragmentado tiende a acabar en bloqueos legislativos e incluso a producir interrupciones democráticas. Adicionalmente, el límite a la reelección perjudicó la relación entre algunos legisladores oficialistas y el gobierno, reduciendo su influencia sobre estos.
Las dificultades que el ejecutivo ha tenido para concretar importantes reformas no se han traducido en un mayor poder del Congreso, sino en una mayor debilidad del Estado y el aumento del poder de la calle y del populismo. La falta de consideración por parte de algunos legisladores respecto a la agenda de modernización del aparato público, seguridad y crecimiento económico, como también el respaldo que han recibido proyectos de ley que transgreden la división de poderes, dificultará que en el mediano plazo nuestra democracia pueda efectivamente responder a las expectativas de la población, lo que podría acabar profundizando la inestabilidad política y el descontento existente.
Frente al problema descrito, hay distintos mecanismos que podrían hacer que el Gobierno cuente con mayor apoyo para concretar su programa y controlar la agenda política. Entre estos se encuentran las mesas de diálogo y comisiones que convoquen a representantes de distintas áreas, con el fin de que se establezcan instancias que permitan la realización de propuestas compartidas. Del mismo modo, puede ser útil el buscar construir coaliciones centradas en distintos proyectos políticos o áreas, como también el ceder en algunas materias con el objetivo de lograr el apoyo necesario en la consecución de otras políticas que al Gobierno les parezcan prioritarias. Así también, se debe persuadir a los legisladores favoreciendo el nombramiento de actores que puedan establecer puentes de diálogo con los partidos de oposición. Otra alternativa consistiría en un mayor uso de plebiscitos o decretos, pero ello representaría un antecedente que podría resultar peor que la enfermedad.
A pesar de lo que pueda hacer el Gobierno, sin la cooperación del Congreso nada será posible. De ahí que el resultado final dependa de las decisiones que tomen los agentes políticos. Ante las distintas alternativas, el mejor escenario es aquel en el que el Gobierno no es víctima de un bloqueo legislativo, ya que esto también perjudica a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la constante transgresión a la división de poderes, lejos de beneficiar a la población, deteriora las instituciones democráticas y la calidad de las políticas públicas. Por lo tanto, es necesario que tanto los partidos políticos como el Gobierno construyan acuerdos transversales sobre materias que permitan que el Estado se encuentre preparado para responder a las expectativas de una población que demanda un mejor trato y una mayor calidad en los servicios públicos.