Ingreso básico universal: una alternativa inteligente
Transitar hacia un Ingreso Básico Universal, en reemplazo de programas de ayuda social repetidamente mal evaluados y que utilizan de manera ineficiente los recursos de todos los chilenos, parece a todas luces una alternativa en pro de un mejor gasto social.
Foto Agencia Uno.
Patricio Órdenes es Fundación Para el Progreso
La idea de un Ingreso Básico Universal (IBU), ha venido ganando terreno durante los últimos días en Chile. La fundación Aire Nuevo, por el lado de Joaquín Lavín, y el centro de estudios Horizontal, por el lado de Evópoli, presentaron esta semana su apoyo a la iniciativa. ¿En qué consiste, sin embargo, esta propuesta?, ¿cuáles son las ventajas de impulsar un Ingreso Básico Universal?, ¿es una alternativa inteligente para el Chile actual? Veremos, a continuación, que hay contundentes razones para apoyarla e impulsarla.
El Ingreso Básico Universal o impuesto negativo al ingreso, es un enfoque de política social que busca sustituir los programas de ayuda articulados desde el Estado central (de los cuales hoy hay cerca de 700) por transferencias monetarias directas a los propios ciudadanos. En simple, el IBU propone transferir los recursos directamente a los ciudadanos antes que hacerlo mediante el gasto en programas de Gobierno. Esta idea, que fue concebida y apoyada por destacadas figuras intelectuales como Thomas Paine (1797), Antoine Cournot (1838), John Stuart Mill (1848), e incluso Milton Friedman (1960), presenta diversas ventajas que la hacen una alternativa inteligente para aplicarla hoy en Chile.
En primer lugar, el IBU evita que los recursos se vean mermados en los procesos de asignación. Conocidos son los lentos e ineficientes procesos burocráticos que llevan consigo los programas sociales. De hecho, un estudio realizado por la Dipres en 2020 reveló que, de 19 programas ejecutados en 2019, sólo uno de ellos obtuvo como calificación un “buen desempeño”. El resto, fueron calificados con desempeño medio (9), desempeño bajo (3) y mal desempeño (6). En total, el estudio calcula que fueron cerca de $41.647.223.000 los recursos destinados en 2019 a programas de Gobierno mal evaluados. Aquella ineficiencia fiscal podría evitarse, transfiriendo directamente los recursos a las personas, acortando así la distancia entre lo que ingresa al Estado y lo que el ciudadano finalmente recibe, tal como el IBU lo contempla.
En segundo lugar, la política del Ingreso Básico Universal resuelve un problema de información. Hayek, el economista austriaco, como se sabe, advirtió tempranamente de este problema de carácter epistemológico. El conocimiento (la información), advirtió Hayek, se encuentra fundamentalmente disperso y fragmentado entre muchos individuos diferentes. Por ejemplo, lo que necesita un hombre en el campo podría no ser lo mismo que lo que preocupa a una mujer del norte, y aquella información (qué necesita cada quién) sólo es conocida por los actores de cada caso en particular, y es complejo (sino imposible, como Hayek creyó), que la totalidad de la información de cada caso puntual sea reunida y conocida por un único organismo central.
Así, concluye Hayek, son las personas las más indicadas para destinar los recursos hacia las necesidades que puntualmente les aquejan. En palabras de Hayek: “prácticamente cualquier individuo tiene cierta ventaja sobre los demás, dado que posee cierta información única que puede usarse beneficiosamente, pero sólo si se dejan a él las decisiones dependiendo de dicha información o estas son tomadas con su activa cooperación”. Aquel problema de información, que los programas sociales absorben como falla, el IBU se las ingenia para resolverlo, pues mediante las transferencias monetarias directas que contempla, la decisión de gasto queda en manos del beneficiado y no de aquel que diseñó el programa.
En tercer lugar, como ventaja adicional, se encuentran sus efectos en el mercado laboral. Generalmente los programas de ayuda social tienen componentes que suelen generar desincentivos al trabajo o incentivos al trabajo informal. En situaciones donde se debe decidir entre obtener un empleo a costa de dejar de recibir un determinado subsidio, la alternativa al trabajo informal –en que no se declaran ingresos– surge como la alternativa más provechosa. Este fenómeno, que en economía se denomina “impuesto confiscatorio al margen”, termina por generar trampas de pobreza, que inducen a los beneficiados a no mejorar su situación toda vez que hacerlo significa renunciar a los beneficios. El Ingreso Básico Universal evita este perjuicio contemplando no solo transferencias a quien se encuentre desempleado, sino también (y un monto mayor) si aquella persona se logra emplear, lo cual incentiva a hacerlo y de manera formal.
Por ejemplo, la propuesta de Horizontal contempla una transferencia inicial universal –sin requisito de empleo– a los primeros 7 deciles de menores ingresos. Luego, establece una transferencia mayor ($70.000) a quienes obtengan un empleo. Ambas transferencias sumarían $100.000, monto que comenzaría a decrecer recién en personas cuyos ingresos superen los $300.000 y terminaría su cobertura en ingresos superiores a $500.000.
Además de estos efectos, el IBU brinda los hoy muy necesarios espacios para inyectar mayor flexibilidad al mercado laboral, como lo ha indicado Claudio Sapelli (director del Instituto de Economía UC), quien ha venido impulsando esta alternativa durante años en la academia.
Así las cosas, transitar hacia un Ingreso Básico Universal, en reemplazo de programas de ayuda social repetidamente mal evaluados y que utilizan de manera ineficiente los recursos de todos los chilenos, parece a todas luces una alternativa en pro de un mejor gasto social, mayor formalidad laboral y una mayor libertad para elegir que recaiga en manos de las propias personas. En síntesis, el Ingreso Básico Universal es una alternativa inteligente para el Chile actual.
