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Actualizado el 1 de Febrero de 2021

Análisis del informe sobre Exenciones y Regímenes Especiales

Aunque es un informe que sólo concluye la primera etapa de revisión y falta que se afine, incluye a lo menos tres sugerencias que resultan absolutamente contraproducentes. Dos que no tienen ninguna lógica, y una tercera que compromete la seriedad del país.

Foto Agencia Uno.
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Christian Aste

Christian Aste es Abogado

El trabajo que presentó la Comisión de la referencia, responde a la convocatoria que realizó el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con el objetivo de realizar una revisión del sistema tributario chileno.

Aunque es un informe que sólo concluye la primera etapa de revisión y falta que se afine, incluye a lo menos tres sugerencias que resultan absolutamente contraproducentes. Dos que no tienen ninguna lógica, y una tercera que compromete la seriedad del país y que afectará, sin duda, el desarrollo de su mercado de capitales, introduciendo una variable de injusticia, que no se condice con la garantía de igualdad que se predica.

Nadie puede contradecir que necesitamos que nuestra economía vuelva a crecer. Tampoco que debemos avanzar en generar políticas que disminuyan la desigualdad y el Estado pueda financiar una agenda social exigente.

Evidentemente que para que esto ocurra se requieren recursos, y en esa lógica el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, invitó a un conjunto de académicos para que analizaran las exenciones y los tratamientos diferenciados de nuestro sistema impositivo.

Como entiendo y asumo que los recursos que el Estado necesita son para transferirlos a la gente que no tiene, y que la idea central de un país reconocidamente injusto, es lograr emparejar la cancha, me parece del todo contradictorio que se planteen las siguientes propuestas que me permito analizar.

1.- Eliminar gasto presunto para trabajadores independientes: como sabemos, los trabajadores que operan sin vínculo de subordinación y dependencia, deben asumir por sí mismos todos los costos asociados a su actividad. No pasa lo mismo con quienes trabajan con contrato de trabajo, ya que en su caso, la colación y movilización la paga el empleador y no constituye renta para el trabajador. Lo mismo ocurre con su capacitación.

Apelando a esta diferencia, el legislador permite a los trabajadores independientes rebajar de sus ingresos lo que gastan para desarrollar su actividad, siempre que puedan acreditarlo. Dado que llevar este control no es fácil y demanda tiempo, la Ley en forma inteligente presume a estos trabajadores un gasto equivalente al 30% de lo que perciben con un tope de 15 UTA.

Es esta presunción, que a todas luces apunta a emparejar la cancha y equilibrar la balanza, la que se quiere eliminar. Resulta injusto que se promueva un cambio que discrimina negativamente contra un grupo relevante de ciudadanos, que no tienen la ventaja que sí tienen, por ejemplo, los funcionarios públicos o privados de disponer de oficinas, teléfonos, secretarias, colación, movilización y capacitación a cargo del empleador estatal o privado. Me parece injusto considerar este cambio, como una modificación que apunte a los objetivos que se plantean.

Por el contrario, esta presunción de gasto lo que hace es introducir una variable de equidad a una situación extremadamente injusta. Implica además reconocerle al independiente un beneficio que en derecho le corresponde. No parece, por lo tanto, razonable promover su eliminación.

2.-Gravar con IVA todos los servicios: la Comisión Tributaria recomendó gravar con IVA todos los servicios, sin distinción, y mantener o establecer exenciones para casos justificados de acuerdo con criterios preestablecidos.

Aunque paradójicamente esta comisión, que apunta a eliminar las exenciones, reconoce en este punto la necesidad de incluir exenciones si se aprueba la propuesta de gravar con IVA los servicios, me parece extremadamente peligroso que esta idea pueda prosperar.

Desde ya, si se gravan con IVA todos los servicios, lo que ocurrirá, por ejemplo, es que las defensas judiciales – derecho constitucional – se harán más costosas cuando los beneficiarios sean personas naturales que no son contribuyentes del IVA. Lo mismo pasará o debería pasar con las consultas médicas o los servicios domésticos.

Es decir, nuevamente aplica lo que se indicó en el punto anterior: si la idea es que el Estado ayude a quienes menos tienen, bajo la forma de una transferencia que no suponga costo o cuyo costo sea mínimo; me parece muy mala idea cambiar algo que funciona y que hasta ahora significa que ciertos servicios valgan menos, por un sistema que encarece esos servicios afectando a ciudadanos, que de no mediar esta idea, habrían pagado menos.

No advierto la lógica que subyace en esta propuesta. Puedo entender que existan servicios que por el valor agregado que tienen, deban gravarse con IVA, y que al no gravarlos se provocan distorsiones. Quizás sea conveniente catastrar esos servicios, pero de ahí a extender la afectación de IVA a servicios en lo que prima el intelecto por sobre el capital, y en los que hay beneficiarios que no con contribuyentes de IVA, hay una distancia sideral.

3.-Restringir el beneficio de la ganancia de capital en acciones/cuotas con presencia bursátil (Art. 107 LIR) sólo a los inversionistas institucionales locales y a empresarios no residentes: son muchas las sociedades de inversión que operan en el mercado bursátil. Lo prefieren por lo simple que significa comprar y vender. Si pierden, no pueden usar esa pérdida (lo que ocurre normalmente en épocas de crisis) y si ganan, el beneficio deben incluirlo en el registro de rentas exentas, con cargo al cual sólo pueden retirar si no existen otras rentas anotadas en otros registros, esto porque la ley obliga a que los retiros o distribuciones se hagan siguiendo un orden de imputación.

Acotar este beneficio sólo para los inversionistas institucionales y extranjeros, lo que logrará será que muchos prefieran tomar sus inversiones y trasladarse fuera del país, pues el impuesto que paguen podrán acreditarlo en Chile. Las oportunidades de inversión en esos países aumentan, como también los beneficios que se otorgan a quienes operan en ellos, tal como lo quiere hacer Chile con los inversionistas extranjeros.

En concreto, lo que ocurrirá será que quienes compraron barato, si este proyecto logra consenso, venderán antes que sea ley – nadie puede impedirlo – y trasladarán sus inversiones al extranjero, y si le ha ido mal, que es muy probable, estarán felices de que la ley se apruebe para aprovechar la pérdida contra utilidades futuras. Recuperarán el 27% de su inversión.

Raya para la suma, los inversionistas locales optarán por irse del país – salvo que hayan perdido -. Si han ganado, sus dineros se alocarán en otros países. Los activos mobiliarios bajarán de precio por menor demanda. Eso impactará en el valor de las compañías y el país perderá porque bajará su peso específico.

Aparte que nadie creerá, cuando un candidato postule incentivar el mercado de capitales bajo algún beneficio, porque ya se sabrá que en Chile no hay una política tributaria estable. Lo que se dice y defiende hoy, puede desdecirse mañana.

A modo de conclusión, y sin perjuicio de que las ideas propuestas por la comisión Briones son preliminares, me parece de rigor advertir oportunamente y apelando a la experiencia práctica, que estos tres cambios, si se implementan, no beneficiarán a Chile.

Por lo mismo, me parece útil y del todo conveniente lo que han estado haciendo algunos candidatos que han emergido en el último tiempo, que es ir a la calle, conocer la realidad de los problemas, identificarlos y plantearles a sus equipos técnicos los desafíos, para así solucionarlos en forma inteligente.

No me parece buena idea hacerlo al revés, esto es, que académicos prestigiosos y reputados planteen desde arriba lo que ellos consideran que hay que cambiar. Los cambios se hacen porque hay problemas que resolver, y los problemas quienes deben identificarlos son quienes los tienen. Son ellos y no los técnicos los que deben marcar la agenda.

Felicito a los candidatos que se han dado cuenta que la política cambió. La gente quiere que sus problemas sean resueltos, pero para eso requieren ser escuchados, y no por personas que pertenezcan a la misma tribu de siempre. La gente se cansó, y los políticos todavía no lo entienden. No quieren a “los hijos” o “hermanos” de… como candidatos. Necesitan de gente que sepa escuchar, que no pertenezcan a la élite que sólo se mira a sí misma. Exigen de ciudadanos como ellos, que han logrado salir adelante sin padrinos. Líderes empáticos, que no recurren al eslogan panfletario y que no venden humo, porque saben que el dinero no crece en los árboles. En lo posible que hayan trabajado en el mundo real, y no se hayan dedicado sólo a ejercer de políticos.

Para que la recaudación aumente, es condición que haya riqueza. Sin riqueza no hay impuesto. Para que la riqueza exista se requiere promover la libertad y el emprendimiento. Establecer un sistema tributario progresivo, justo y simple. Convocar un país que dignifique al ciudadano haciéndolo parte del desarrollo, no como beneficiario eterno de bonos o subsidios, sino como un actor relevante, capaz de emprender. Un Estado eficiente, moderno, que fiscalice adecuadamente y que exija que las leyes se cumplan por todos. En definitiva, necesitamos un jefe de Estado que sea valiente, que enfrente el populismo con audacia, con inteligencia, y que exhiba a los demagogos como son, estos es, verdaderos enemigos de la pobreza.

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