Las recomendaciones de la OCDE, más allá del tema tributario

Gabriela Clivio es Economista y Foundingmember CFA Society Chile

Recientemente la OCDE publicó su informe anual con el panorama económico de Chile para 2021. En el estudio, la organización constataba que, como consecuencia de la pandemia, se ha agudizado la vulnerabilidad de las familias en el país, alcanzando a un 52,7% de la población, versus el 40% del promedio que establece la institución.

También mencionaba que, tanto el sistema tributario como los beneficios sociales, reducían marginalmente la desigualdad de ingresos, lo que podía verse en la muy leve mejora que presentaba el índice Gini medido antes y después de impuestos y transferencias. La OCDE además hablaba de la existente brecha de productividad e hizo una estimación para el crecimiento de la economía para el año 2021 bastante más pesimista que las proyecciones del Banco Central de Chile.

Con el objetivo, entre otras cosas, de mejorar la desigualdad del ingreso, la OCDE planteaba generar varios ajustes a nivel tributario, entre los que se encuentran reducir las exenciones, junto con ampliar la base de las personas contribuyentes del impuesto a la renta.

Lo primero que me gustaría puntualizar es que, si bien es cierto que actualmente solo el 25% de las personas pagan impuesto a la renta –lo que implica que el 75% de las personas está exenta de este cobro–, el monto a partir del cual se termina el tramo exento de este tributo se encuentra muy por debajo del monto de los demás países de la OCDE. Por otra parte, si queremos mejorar la situación de vulnerabilidad, tenemos que considerar que apenas un 17% del gasto social anual se destina al pago de transferencias monetarias como pensiones y subsidios por vulnerabilidad, mientras que el resto va a financiar programas y prestaciones no pecuniarias en salud, educación, vivienda o protección social que, aunque benefician a los más pobres y a gran parte de la clase media, no se traducen en un mayor ingreso disponible y, por lo tanto, no se incluyen en las estimaciones que realiza la OCDE.

Lamentablemente, gran parte de la atención pública se centró en los planteamientos de la OCDE relacionados con la reducción del tramo exento de impuesto a la renta y la propuesta de crear con los recursos adicionales recaudados un “impuesto negativo” sobre la renta, que garantizaría que todos los hogares y todas las personas tuvieran una prestación básica que sustituiría los subsidios que reciben las personas más vulnerables.

La realidad es que varios de los diagnósticos más interesantes de la OCDE quedaron en segundo plano, mientras que las críticas se centraron en la casi imposibilidad de ampliar la base imposible del impuesto a la renta, en un momento en el que la recuperación aún es débil.

En particular, quisiera recalcar las recomendaciones enfocadas en fortalecer a la clase media y fomentar la inclusión, entre las que se encontraban el aumento en la educación de calidad para la primera infancia, primaria y secundaria, e impulsar la transformación digital para apoyar la recuperación en un país en el cual la penetración de la banda ancha aún es baja, junto con que lamentablemente las personas con menor educación usan menos internet. Y, en momentos en que estamos ad portas de comenzar un nuevo año escolar, que ojalá tenga más de presencialidad que de aulas virtuales, es más que interesante la recomendación de la OCDE de que la formación de los maestros debiera ser una prioridad.