Más preguntas que respuestas

Pedro Araya es Senador Independiente. Presidente de la Comisión de Defensa del Senado

Tras una serie de casos de connotación pública, que conllevan utilización de armas de fuego en la comisión de delitos, se ha reactivado la discusión pública sobre este tema.

El logro de eficacia en las políticas de disminución de tenencia y uso de armas en la población, desde una mirada preventiva, y de control y fiscalización de las mismas en su vinculación con la ocurrencia de hechos delictuales, requieren aproximaciones integrales de políticas públicas. También, desde una mirada preventiva, se hace necesario incorporar políticas de educación de la población en relación a los riesgos asociados a la existencia de armas en el hogar.

Asimismo, se necesita tener una discusión informada, por lo que resulta relevante la entrega de datos certeros que permitan dimensionar la realidad de las armas en nuestro país. De acuerdo con datos entregados por la Dirección Nacional de Movilización Nacional, se sabe que existen un total de casi 840 mil armas inscritas en el país, en su mayoría revólveres y escopetas. Datos entregados en años recientes por la Fiscalía Regional de Valparaíso, nos muestran que por cada 5 armas inscritas, 6 resultan robadas, y que los robos con violencia e intimidación son cometidos principalmente por 2 o más sujetos provistos de armas cortas.

También es necesario, a nivel de políticas públicas, ir evaluando el avance e impacto que han tenido las modificaciones legales y las políticas preventivas impulsadas en años recientes. A modo de ejemplo, resultaría muy útil poder establecer las ventajas y beneficios que tuvo el traspaso de las autoridades fiscalizadoras el año 2008 desde las Fuerzas Armadas a Carabineros de Chile: ¿Se tradujo esto en mayor número de fiscalizaciones? Y si fuera así, ¿implicó ello disminuir la cantidad de armas en poder de infractores? Sería interesante también entender ¿por qué el año 2008 se decomisaban cerca de 3.500 armas y una década después esa cifra no alcanza las 2.400 armas al año? Difícil resulta creer que ello se deba a un menor flujo de armas en el país, considerando la información entregada por estudios como “Small Arm Survey”, que destaca a Chile como uno de los países donde los homicidios asociados a armas de fuego han aumentado (cerca de un 30%).

En materia de fiscalización, como ya se adelantó, el mayor desafío es generar políticas efectivas y eficientes que permitan desmantelar las bandas que hoy presentan un alto poder de fuego vinculado a la actividad delictual, especialmente aquellas relacionadas con el tema del narcotráfico. También en esta materia, se presentan una serie de inquietudes que es necesario responder: Las armas en poder delictual, ¿de dónde provienen? ¿son acaso armas importadas ilegalmente, corresponden a robo de armas en casas particulares? ¿se trata de armas hechizas? Y especialmente en el caso de las municiones, ¿cómo se puede entender un mercado ilegal de municiones? Frente a este escenario será necesario avanzar en políticas de persecución que se centren más en el análisis agregado de inteligencia que en el caso a caso.

Para el caso de La Araucanía, por su parte, se requiere de un análisis completamente diferente. Se trata de un conflicto que ha tenido orígenes distintos y que hoy enfrenta realidades respecto de las cuales las autoridades no parecieran tener una mirada común: mientras para algunos este persiste siendo un problema social vinculado al mundo mapuche y sus legítimas reivindicaciones, para otros se trata de acciones delictuales organizadas y posiblemente vinculadas al narcotráfico. Como se ve, persisten las preguntas y mientras tanto una comunidad entera espera por soluciones efectivas. Como es posible observar, hoy tenemos más preguntas que respuestas en tema de armas. El punto es: ¿Quién podrá responderlas?