Día de la Tierra y el proceso constituyente
La nueva Constitución no debería limitarse a consignar de manera cosmética el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino a reconocer que la vida de las personas depende de la calidad del ambiente y del acceso a los recursos que de él necesitan.
El deterioro del ambiente en el que viven muchas comunidades en Chile, supone un desafío político enorme. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Mauricio Folchi es Integrante del Comité Académico del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA) de la U. de Chile
La historia de nuestro país se encuentra en un momento de inflexión. Después del estallido social de octubre de 2019, la élite nacional tuvo que reconocer la profunda crisis política que arrastraba Chile desde hace más de una década y de la cual era responsable. Desde hace bastantes años, una proporción creciente de la ciudadanía llegó a la conclusión que quienes nos gobiernan no lo hacen para defender nuestros intereses, sino los de alguien más. Nuestro sistema político entró en una “crisis de representación”. La salida para este aprieto fue abrir un proceso constituyente, que es la solución institucional para este tipo de crisis.
Desde entonces el país se pregunta y debate sobre cuál es el orden político y social que se quiere. Nos hemos interrogado por el sentido de vivir juntos, sobre los objetivos o propósitos de la vida en común, sobre los derechos sociales que debemos garantizar y sobre el régimen político más adecuado para hacer efectivas esas garantías y aspiraciones. No es exagerado esperar que de este momento político surja un nuevo orden para nuestra convivencia y que, gracias a eso, las condiciones de vida y de gobierno sean progresivamente más satisfactorias.
En este momento político nos encontramos hoy, cuando se conmemora el “Día Mundial de la Tierra”, una fecha en la cual recordamos que el planeta es nuestro hogar y acrecentamos nuestra conciencia sobre problemas con el medio ambiente. Dada la profundidad y extensión de la crisis ambiental, se trata de una conmemoración plenamente justificada, pero expresada de una manera poco afortunada, que se presta para tergiversaciones que muchas personas promotoras del deterioro ecológico aprovechan en su beneficio. Propagan la creencia de que el “cuidado de la Tierra” equivale a poner a la biósfera o a la naturaleza (lo “no humano”) antes que a las personas. Afirman tener como prioridad a la gente, “beneficiarios directos o indirectos del desarrollo económico” que promueven. En la práctica, esta afirmación actúa como un imperativo moral que autoriza a los agentes económicos a apropiarse y transformar el ambiente a discreción, bajo el supuesto de que ello es necesario para crear puestos de trabajo y producir los bienes y servicios que las personas necesitan con urgencia.
La base de esa argumentación es un error semántico. Hablar de “la Tierra” sugiere que es ella —y no nosotros— la que padece los problemas ambientales. Esa evocación un tanto romántica nos hace olvidar que cuando hablamos del ambiente nos referimos al hábitat de las personas y comunidades; al lugar específico donde éstas encuentran sustento y cobijo; el lugar donde viven y donde obtienen los recursos que requieren para reproducir sus formas de vida. No debemos olvidar ni por un instante que el deterioro del medio ambiente en el que vivimos o el cambio en las reglas de acceso a los recursos, repercute directamente en el bienestar de todos y en la posibilidad de reproducir nuestras formas de vida. Esto implica que preocuparse por el ambiente no consiste en preocuparse por “la Tierra”, sino que consiste en preocuparse por las personas. El Día de la Tierra es también el de la gente.
La preocupación por el deterioro del ambiente en el que viven muchas comunidades en el Chile de hoy, junto con la necesidad de cautelar el acceso a los recursos y servicios que dichos ambientes les proveen, supone un desafío político enorme. Si esos ambientes sufren degradación y al mismo tiempo se imponen restricciones al acceso a los recursos, es porque nuestras leyes y nuestro ordenamiento jurídico en general están concebidos para producir ese resultado. Y si este ordenamiento jurídico existe, es porque hay un régimen político que lo valida o que no permite su modificación. De esta manera, tal como ocurre con los aspectos económicos y sociales de la existencia humana, la crisis ambiental deviene en crisis política.
Afortunadamente este Día de la Tierra, como nunca había ocurrido antes en nuestra historia, coincide con el momento del pueblo. Llega justo cuando el poder constituyente se pregunta cuál debe ser el ordenamiento político y jurídico donde se base nuestra convivencia y cuáles son los derechos que dicho ordenamiento debe garantizar.
La nueva Constitución no debería limitarse a consignar de manera cosmética “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, sino a reconocer que la vida de las personas depende de la calidad del ambiente y del acceso a los recursos que de él necesitan. La nueva Constitución debería fundar un sistema político basado en una distribución más equitativa del poder; un sistema donde sea posible que los territorios gestionen sus recursos y preserven sus formas de vida. Sólo así podremos garantizar condiciones ambientales compatibles con los objetivos y valores que le dan sentido a la vida en común.
