Sistema de jurados: ¿Justicia popular o populista?

Francisco Orrego es Abogado

Las propuestas de los precandidatos a la presidencia; Joaquín Lavín y Daniel Jadue, acerca de incorporar el sistema de jurados en la justicia penal, no ha dejado indiferente a la comunidad legal chilena. Aunque han surgido voces a favor y en contra de dicha propuesta, el sentido común parece indicarnos que son demasiados los vacíos, necesidades y perfeccionamientos que requiere nuestro sistema de justicia, en general, como para pensar en incorporar un elemento nuevo y totalmente ajeno a nuestra idiosincrasia legal. Tampoco es un misterio que el actual sistema procesal penal, implementado a partir del año 2000, requiere de urgentes mejoras, y cuyas falencias han afectado crecientemente la credibilidad en el sistema penal. Quienes apoyan la idea de los juicios por jurados sostienen que estos contribuyen a legitimar y democratizar el sistema de justicia y a la educación cívica de los ciudadanos. ¿Será tan así? Veamos.

La primera pregunta que surge, en consecuencia, es si el sistema judicial se ha visto o no realmente alcanzado por la crisis de legitimidad que afecta a las principales instituciones del país. A la luz de todas las encuestas, la respuesta es evidente: los Tribunales de Justicia figuran en los últimos lugares y gozan de baja confianza cuidadana. Siendo eso, pues, un dato de la causa, la verdadera pregunta es otra. En efecto, surgen dudas sobre si el problema de legitimidad de la judicatura radica sólo en el sistema penal o si en realidad son otras las falencias del sistema judicial en los que hay que poner atención. En este sentido, no cabe duda que hay otros ámbitos de la justicia, que son francamente anacrónicos y que merecen mayor preocupación, como es la modernización del sistema procesal civil, entre otros.

Si bien el rol de los tribunales es administrar y aplicar justicia -y no participar en un concurso de popularidad-, su noble tarea se ve seriamente afectada si sus fallos no se condicen con lo que los medios de comunicación y redes sociales estiman justo o no. Hoy la justicia no se aplica por los tribunales, sino que por las redes en un verdadero juicio paralelo. En este sentido, la sanción social o popular antecede la judicial y el estado de opinión ha sustituido el Estado de Derecho. Recordemos, del mismo modo, que los medios tienen una alta cuota de responsabilidad en la crisis de legitimidad de los Tribunales de Justicia. Y la instauración de un sistema de jurados sólo podría aumentar el fenómeno de la mediatización de la justicia y agudizar la crisis de legitimidad de los tribunales. Como afirma Gillian Flynn:“Los medios han saturado el entorno legal. Desde que tenemos internet, Facebook, YouTube… los jurados imparciales han pasado a la historia”. La justicia popular ya existe en Chile de la mano de los medios y redes sociales.

La segunda interrogante que surge es si el sistema judicial requiere ser democratizado o no. La respuesta depende, principalmente, de lo que entendemos por democratizar la justicia. Si lo entendemos como facilitar y garantizar el acceso a la justicia, la respuesta es obviamente afirmativa. Por el contrario, la respuesta es negativa si lo entendemos como que unos ciudadanos legos, esto es, sin preparación ni experiencia, intervengan en la administración de justicia como miembros de un jurado. Sólo pensar en los efectos de las funas, amenazas y violencia en contra de los jurados, me lleva a desestimar la propuesta. Otros más avezados, por otra parte, han llevado el argumento de la democratización de la justicia más allá, sugiriendo que los jueces o fiscales sean electos por votación popular. Estos intentos de democratizar al Poder Judicial apuntan más bien a politizarlo, más que a garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia. ¿Se imaginan a jueces o fiscales haciendo campañas y promesas electorales? Una burda e ingenua idea.

La última inquietud que emana en esta discusión es si el sistema de jurado contribuye o no a la educación cívica de los ciudadanos. Resulta indudable la necesidad de instaurar mayores deberes sociales, como contrapartida a los derechos, siendo la educación cívica uno de los prioritarios. Pero es altamente cuestionable que el sistema de jurados sea la mejor herramienta para ello. Tal como los ciudadanos procuran evadir a toda costa sus deberes cívicos, como ser vocal de mesa por ejemplo, no resulta difícil imaginarse la complejidad para reclutar a los jurados. Muy ilustrativa resulta, a este respecto, la definición de jurado de Henry Louis Mencken, quien afirma que es “un grupo de doce personas quienes, habiendo mentido al juez respecto a su oído, salud y compromisos laborales, han fallado en engañarlo”. O bien como dijo un destacado amigo penalista: “no llegan los testigos y van a llegar los jurados”. Siendo así, sería más efectivo -y con mayor alcance- para educar cívicamente a los ciudadanos, que el Ministerio de Educación haga más exigente el ramo de educación cívica en los colegios y escuelas de todo el país.

Habiendo tantas necesidades de mejorar y garantizar el acceso real y efectivo a la justicia, no sólo la penal, a través de la modernización, perfeccionamiento e implementación de una serie de herramientas e instituciones judiciales, que la propuesta de ambos precandidatos de instaurar en el sistema penal un juicio por jurados, parece más bien una medida populista y demagógica formulada en el fragor o impulso de una campaña electoral. Si deseamos mejorar la legitimidad del sistema judicial, el camino no es ni la justicia popular de los medios y redes sociales, ni la populista idea de los candidatos presidenciales. ¿A alguien se la ha ocurrido pensar que a lo mejor el problema de la legitimidad del sistema judicial está en las leyes o códigos y no en los jueces?