Kínder obligatorio en la Constitución, pero no en la realidad

Borja Besa es Investigador legislativo de Acción Educar

Estamos viviendo un momento histórico, en que tras un largo proceso se comenzará a escribir por primera vez una Constitución por miembros elegidos democráticamente. Existe el convencimiento de que, con la Carta Fundamental, la Carta Magna, se pueden solucionar los problemas que aquejan al pueblo chileno, pues en ella se regulan los derechos fundamentales y, si se realizan cambios allí, las cosas serán distintas para las personas. En este contexto, parte de los políticos han instalado que todo se resolverá en la Constitución; sin embargo, en el último tiempo nos hemos encontrado con que muchas veces ésta no es respetada.

Ejemplo de lo anterior es que en su artículo 19, donde se regulan los derechos fundamentales, su número 10 señala que el segundo nivel de transición (conocido como Kínder) es obligatorio. Esto fue introducido en nuestra Constitución en el año 2013 de forma unánime, por gran parte de los mismos parlamentarios que hoy hacen caso omiso al mandato constitucional.

Poco parece importarles también, los compromisos internacionales a los que como país hemos adscrito. En 2015, en calidad de Estado miembro de la ONU, Chile adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece como meta en educación que los países adopten “políticas y leyes integradas e inclusivas que garanticen que se imparta por lo menos un año de educación preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”. En países como Suiza, Grecia, Holanda y Reino Unido, entre otros, el Kínder es obligatorio, pero para nosotros; no.

Dentro de los argumentos que expusieron parte de los parlamentarios que rechazaron el proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de Kínder se encuentra que, a pesar de que existe una profunda convicción en la importancia que tiene este nivel educativo para el desarrollo de los niños y sus futuras posibilidades -lo cual es unánimemente compartido-, la cobertura ya es suficientemente alta. Prefieren obviar que hay un 66% de inasistencia crónica pre pandemia. Que el abandono de Kínder entre el 2019 y el 2021 aumentó en un 130%. Que la matrícula disminuyó de 208.994 niños en 2020 a 192.687 en 2021, una caída del 8%. Y que, si bien los números en 1° Básico también disminuyeron, lo hicieron en mucho menor medida, lo que parece indicar que, en niños de iguales características y desarrollo, sí hace la diferencia la obligatoriedad del nivel para que los padres los envíen o no. La Casen del 2017 así lo reflejó, arrojando que un 65% de los padres que no envían a sus niños, lo hacen por falta de valoración del nivel.

Durante la tramitación del proyecto de ley se plantearon legítimas dudas en una primera instancia, como la preocupación por la desescolarización de los niños que por cualquier motivo no pudieran asistir a Kínder y luego no pudieran entrar a 1° Básico, o la falta de recursos para infraestructura y mayor cobertura. Ambas fueron aclaradas por medio de indicaciones presentadas por el Gobierno. Y hoy la iniciativa establece que, aunque un estudiante no haya cursado el Kínder por cualquier razón, podrá de igual forma entrar a 1° Básico, inyectándose además dos mil millones de pesos para infraestructura.

Pese a todo lo anterior, la obligatoriedad fue rechazada en la Comisión Mixta, ya no por argumentos técnicos relacionados con el proyecto, de política pública o en razón del bienestar de los niños; sino -como se dijo en la misma comisión- porque “detrás de esta votación hay una crítica al Ministerio”.

¿Curioso? Cosas que pasan en este rincón del mundo, a la espera de una nueva Constitución, una que esperamos que sí se respete, y a la espera de un veto presidencial que frene tanta falta de sensatez.