Manos a la obra: tiempo constituyente

José Gabriel Alemparte es Abogado

Es necesario ilusionarse con el éxito de la Convención Constituyente, aunque a ratos nuestra inmediatez nos condene. Como en pocas ocasiones en la historia de Chile, tenemos la oportunidad, de una vez, de enfrentar los fantasmas del pasado y darnos un futuro común, por medio de un pacto conversado. Sin perjuicio de lo anterior, y sin perder la esperanza, hasta aquí se observan signos preocupantes que hacen temer que una vez más la Constitución se convierta en un espacio de vencedores sobre vencidos, y no en un camino de diálogo democrático, abierto y sin descalificaciones. Esperemos que me equivoque.

La instalación de la Convención no fue fácil. Todos vimos el desfile de emociones, que fueron desde los gritos a las lágrimas, desde el insulto a la votación tranquila que llevó a la constitución del órgano constituyente y la elección de su presidenta y vicepresidente.

Elisa Loncón tiene un poder simbólico que puede impactar positivamente sobre la legitimidad del trabajo de la Convención (así lo demuestran las primeras encuestas). Su trabajo encomiable frente al desastre y total lenidad de un Gobierno que demostró su más profunda incapacidad –a la que instituciones y universidades tuvieron que salir a rescatar- al momento de iniciar un trabajo que no tenía siquiera las condiciones mínimas, incumpliendo con ello el Presidente y el Poder Ejecutivo con el mandato exigido por la Constitución en el inciso final del artículo 133.

Junto a lo anterior, se ciernen sobre la Convención nubarrones que es necesario despejar luego y abocarse a la misión que los chilenos y la Constitución le encomendamos a los y las constituyentes. La Convención Constituyente tiene una misión explícitamente destacada en la Constitución aún vigente: “Deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses”. Es simple, nueve meses prorrogables por tres más, y por una sola vez (artículo 137 Constitución).

Hasta aquí poco de ello hemos visto. Los dos días que pudo sesionar la semana pasada la Convención, fue muy complejo hacerlo. Sin condiciones tecnológicas para seguir votaciones electrónicas, sin página web funcionando, con transmisiones irregulares que tuvo que “prestar” el Senado, las cosas se tornaron más complejas arrastrando una imagen de desorden, de falta de control.

Es normal, se trata de un grupo de 155 personas que no se conocen, que deben organizarse desde la nada, entre muchos de ellos campea la desconfianza, pero para iniciar el proceso, el tema tocado en poco o nada contribuyó a dar una sensación de estar haciendo las cosas bien.

En Chile no existen presos políticos, según cualquier definición de derecho internacional que se siga, así incluso lo ha sostenido la Alta Comisionada de la ONU y Human Rights Watch. Esto no se trata de un capricho, o de lo que puedo creer, sino de lo que es.

Según un estudio de la Fiscalía Nacional, se da cuenta de que solo 17 personas se mantienen en prisión preventiva producto de hechos acaecidos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año. Los delitos que los mantienen en prisión son graves, y pese a que ellos están amparados por la presunción de inocencia (y algunas cautelares severas superan tiempos razonables), no son en caso alguno de delitos de pensamiento o disidencia. Entre los imputados se encuentran personas que supuestamente habrían cometido los delitos de incendio, robo en lugar no habitado (saqueos), porte de drogas al momento de ser detenidos, porte de elementos incendiarios, tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros.

Por ello, si bien se requería considerar el tema, haber iniciado este punto como el crucial para echar a andar la Convención Constituyente fue un error, que solo fue salvado en su totalidad por el primer párrafo de la declaración, que señala que pretende no arrogarse facultades de otros órganos del Estado. ¿Tendremos una Convención Constituyente declarativa o esta decididamente iniciará su trabajo de redactar el Reglamento –necesidad urgente para iniciar el trabajo- y dar curso al mandato de redactar y proponer un nuevo texto?

Como en todo proceso que se inicia, uno pareciera ver más nubarrones de la cuenta, y que hay que despejar pronto.
Llama la atención la forma del debate que instalan algunos. La justificación de la violencia como método de actuar, el amedrentamiento a quienes piensan distinto y un intento vano, pues nadie tiene el tercio para bloquear y blindarse por una parte y tratar de “pasar máquina” por la otra. Y entremedio, aquellos que tratan de mantener algún grado de diálogo desde la mesura son tildados de traidores y epítetos peores.

La izquierda radical debe entender –de una buena vez- que este es un proceso largo en el tiempo y tiene un final y salida, que debe ser consensuada para su éxito, por todos los chilenos, y eso requiere dejar de creer que ellos representan al 78% de los chilenos, pues lejos están de ello. En el plebiscito personas de todos los sectores votaron “apruebo” con la esperanza de tener un mejor texto constitucional. Lo anterior, también requiere que de una buena vez asuman la responsabilidad de un proceso que puede terminar fracasando si se pretende por la vía de los hechos “usar la máquina” como una forma de amedrentar o dirimir el debate. Cualquier texto constitucional, para que supere los fantasmas del pasado, requiere un consenso, una entrega y un diálogo franco y sincero con todos los sectores. Llegar hasta aquí para tener solo una Comisión Ortúzar al revés y con más personas, sería el fin dramático de una era que a ratos parece no acabar. En este sentido, la porfía insanable del PC intentando aún modificar la regla de los 2/3 en mitad del partido, solo puede ser calificada de antidemocrática y de una osadía intolerable.

También se requiere de una derecha dialogante y no atrincherada esperando el plebiscito de salida para votar rechazo y “arrastrando el poncho”. La derecha no puede seguir funcionando en la trinchera y debe entender que, si estamos aquí es también por su propia responsabilidad por haber frenado el cambio social durante décadas y que esta es su oportunidad de dar paso a una nueva derecha más moderna y dialogante. Los liderazgos de la derecha se ven solo resistiendo, arrastrando los pies para que la responsabilidad no recaiga en ellos. Lo anterior, tampoco es una mirada patriótica del sector, ni lo que se les encomendó, ni lo que prometieron en sus campañas. Es tiempo de que la derecha atraviese sus prejuicios y salga a convencer, a convocar con sus ideas, a dejarse seducir y a tratar de hacer lo mismo en un diálogo franco, abierto y transversal.

Sin un centro claro, constituyentes como Squella, Cruz, Harboe, Politzer, Baranda, Fernández, Chahín y otros, serán claves para acercar mundos, hacer razonar a los extremos, pero no pueden ser tratados de la forma como lo han sido al expresar la disidencia en muchas materias. Este es un sector que observa de manera escéptica el poder y se cuestiona la realidad permanentemente, es por lo mismo que sus diferentes posturas pueden ayudar a encontrar a rincones atrincherados.

Se requiere generosidad y trabajo. Es tiempo. La Convención ha tenido una instalación compleja y accidentada, pero ya que los temas más ríspidos –discutibles o no- han sido tratados, llegó entonces el tiempo de entrar en materia, hacer el trabajo encomendado, arremangarse para entrar en las discusiones y redacciones de fondo del texto constitucional y, por cierto, de contar rápido con un reglamento o, de lo contrario, si la Convención se convierte en caja de resonancia de la coyuntura, será un redactor de declaraciones a otros poderes del Estado y terminará cayendo en la intrascendencia, un “lujo” que los chilenos no le perdonaremos más a la clase política. La responsabilidad que deben tener en mente los y la convencionales es, después de esto, qué. Nadie dijo que sería fácil, pero la paciencia tampoco es infinita, menos en estos tiempos.