Administración pública versus desempleo

Es evidente que Chile de nuevo está rozando el límite de lo que puede llamarse “un país pobre”. Del camino hacia el desarrollo al que el país se acopló en los principios de siglo, lo está sacando el “estallido social”, el COVID-19 y las consecuentes políticas de ayuda pública, criticadas por su insuficiencia por la oposición y causando una evidente inflación por falta de suficiente respaldo fiscal.

Estamos en el año más tupido de todo tipo de plebiscitos y elecciones, que aumentan aún más un gasto público exorbitante y reducen aún más los días laborales en una economía de por sí sobreestimada en su capacidad productiva por la izquierda, que ostenta la batuta frente a un gobierno, más débil que timorato, y presidido por un narcisista incurable.

Se avecinan las elecciones parlamentarias y presidenciales – quizás más importantes las primeras que la segunda, para que el/la ganador/a de ésta pueda realizar el programa por el que la/lo eligieron – y el derrotero de Chile puede bifurcarse en dos direcciones: la recuperación hacia el desarrollo o el deterioro al nivel de otros países de la región que eligieron el camino equivocado.

Yo sigo con cierto optimismo, y de que la balanza se incline hacia la sensatez, que pone el futuro del país para alcanzar – no en cuatro, sino en diez o más años – niveles de vida como los de Dinamarca, Australia o Corea del Sur, en vez de Nicaragua, Cuba o Corea del Norte. Y las ideas que expongo no serán las políticas de un gobierno de izquierda, ya sean manejados por un Boric o una Provoste, pues serán populistas en vez de progresistas.

Chile, un relativamente pequeño país en cuanto a su populación de alrededor de 18 millones, ostenta uno de los récords mundiales en cuanto a su aparato administrativo y lo que gasta en él. Estadísticamente tenemos como 420.000 empleados públicos (uno por cada 45 narices), cuyos sueldos derivan en un gasto público de la friolera de 14.540.000 millones, o sea, cada uno de nosotros les paga como 800.000 pesos anuales de su propio bolsillo. Cada empleado público estadísticamente gana $ 34,6 millones al año. Claro; este es un promedio, desmentido por la distribución de los sueldos que, de nuevo, arroja asombrosas cifras.

Chile tiene 23 ministerios, o sea, cada 780.000 de nosotros dispone de uno. Y lo que cada ministerio, aparte del ministro/a que gana $ 9.350.000 mensuales + $ 7.000.000 para gastos, significa en subsecretarias/os, sus secretarias/os, ayudantes, otros empleadas/os hasta los popularmente denominados “suches”. Y los vehículos, viáticos, papelería, insumos, instalaciones, electricidad, etc.

Chile tiene 43 senadores y 155 diputados, y cada uno de estos más de 200 honorables gana la friolera de $ 9.350.000 de base por mes, teniendo “extras” de $ 24.000.000 cada senador y $ 11.500.000 cada diputado. Y, de nuevo, sus secretarias/os, vehículos, viáticos, etc.

La pregunta es: ¿Cómo un país con los recientes $337.000 de sueldo mínimo – y $ 904.000 promedio – soporta semejante gasto y pretende avanzar en el desarrollo? La productividad por hora en Chile, antes del estallido de Octubre 2019, era de 30 dólares – $ 21.000 – por hora. Esa cifra cayó a un monto aún no determinable a raíz de la doble crisis socioeconómica de casi dos años. Y se irá recuperando lentamente en la medida que la vida se normalice con la disminución de la pandemia. Una pandemia que por lo visto no desaparecerá en un tiempo previsible.

¿A dónde quiero llegar con este artículo? A mostrar mi sincera preocupación ante una situación, un problemón cuya solución traería más problemas a primera vista que soluciones. Pongámonos en la realidad del día: la desocupación era según las cifras oficiales de un 10,2% a fines de abril 2021. Cifras que no detallaban qué porcentaje de las/los “ocupados” trabajaban por su cuenta, a media jornada o sólo algunos días de la semana. Entonces, si consideramos que, por ejemplo, la mitad de la administración pública – incluyendo ministerios y parlamentarios – sobra y esa mitad pierde su trabajo, la desocupación aumentará de nuevo dramáticamente. Y aunque eso significaría un ahorro en sueldos, el efecto se presentaría dentro de mucho tiempo, ya que las indemnizaciones recargarán sensiblemente las ya vacías cajas fiscales. Una drástica disminución en las remuneraciones y emolumentos exorbitantes arriba citados es obligatorio y ayudaría a reducir ese recargo, aunque su “aporte” no es significativo, pero sí aplaudido por la ciudadanía. Ningún servidor público puede ganar más que aquellos a quienes sirve; y se entiende que las/los que se postularon a altos cargos, lo hicieron por patriotismo; si lo hicieron para enriquecerse con los desorbitados ingresos actuales, no sirven para guiar nuestro destino.

La solución no sería inmediata, llevaría tiempo, organización, facilidades fiscales, viejas exenciones borradas y nuevas creadas, mucho impulso a la innovación y creación de nuevas líneas de producción. Chile vive casi exclusivamente de sus exportaciones de cobre, madera, fruta y litio. Todas estas exportaciones, sin embargo, en calidad de materia prima. Acá le damos solo un proceso primario a estos materiales: el cobre en planchas, la madera en tablas, chips, tablones, molduras o polvo, la fruta fresca o congelada, el litio en carbonato.

Pero los cables de cobre no los fabricamos; los importamos en vez de fabricarlos y exportarlos. El uso de tablones conglomerados de madera, por ejemplo en EE.UU., es de millones de toneladas anuales para la construcción de hogares, galpones, escuelas y cabañas. Se importa el chip de Chile y se procesa para su uso allá, en vez de procesarlo acá y exportar el producto terminado, lo que convendría a EE.UU., pues nuestro proceso – mano de obra – es más barata que el de ellos. La fruta congelada se procesa principalmente por la industria conservera en Europa y Asia, en vez de envasarla en Chile y exportarla como hacemos con el vino: listo para consumir en la mesa. Hoy más del 40% de litio se encuentra en Chile y su exportación significa un 30% de las exportaciones mundiales. Se usa principalmente para baterías, también fabricación de vidrios y otros productos. La expansión de los vehículos eléctricos en detrimento de los impulsados por bencina o diésel es exponencial. La multiplicación de teléfonos celulares, notebooks, laptops, tablets es inmensa con el crecimiento de la demanda en África y el Asia Pacífico. Y nosotros, en vez de exportar baterías, pilas y chips – que escasean mundialmente – solo mandamos carbonato.

Con un gobierno nuevo, que garantice la institucionalidad, apoye la inversión, promueva la innovación y cambie a una educación práctica y cultural, fluirán los millones que quieran participar en una revolución industrial en Chile. Y ni hablé todavía de la energía limpia: la industria para los paneles solares para hogares, la exportación de energía limpia, el desarrollo de la industria del hidrógeno. No soy experto en ninguna de estas materias, pero esta larga franja entre Los Andes y el Pacífico tiene tantas increíblemente inmensas posibilidades de desarrollo, y es tan receptivo a la inversión que creará mucho más puestos de trabajo que aquellos que se perderán con la merma de la administración pública; esa que debe, paralelamente en el tiempo, modernizarse, ponerse al servicio de la población en lugar de que ésta la sirva, en lugar de que la administración chupe la “sangre” del pagador de impuestos.

Pero, ¡ojo! Todo esto solo será posible con un Gobierno y un Parlamento que no sea populista, que tome como ejemplo a países desarrollados y no “apiltrafados”. Y una nueva Constitución que sea democrática, que respete las libertades y también imponga obligaciones; obligaciones que nunca cercenen las libertades, libertades que terminen donde comienza la libertad de los demás.