Relevar la importancia de la educación rural

Ana María Peñafiel es Investigadora senior de Acción Educar

A pocos meses de las elecciones presidenciales, algunos candidatos han presentado sus programas de gobierno con los principales ejes de las temáticas que abordarían una vez instalados en La Moneda. Si bien es esperable que las propuestas tanto de la centroderecha y centroizquierda difieran en la concepción del tipo de modelo que debe regir nuestro sistema educativo, el objetivo final, y por el que todos debiésemos aunar nuestros esfuerzos y trabajar en conjunto, debe ser el mismo: garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país tengan acceso a la educación y de calidad.

La importancia de este derecho humano fundamental, consagrado en nuestra actual Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Chile, radica en permitir el desarrollo pleno de la persona humana y de la sociedad completa. Por esto debe ser protegido y promovido por el Estado; más aún en el caso de aquellos sectores o contextos en donde la oferta educativa privada es limitada o inexistente, como ocurre en la educación rural, la cual ha sido “invisibilizada” por años.

Según datos del Mineduc (2020), actualmente existen cerca de 3.300 establecimientos rurales a lo largo de Chile, concentrando el 8% de matrícula total en educación escolar y el 12% de los profesores del país. En su mayoría corresponden a escuelas multigrados, ubicadas en zonas aisladas, con escasa conectividad y que poseen índices de vulnerabilidad mayores que las de sus pares urbanos: los apoderados de estos alumnos poseen, en promedio, tres años menos de escolaridad que aquellos en la zona urbana (Fundación 99). Además, el 59% de estos establecimientos tienen menos de 50 alumnos y existen alrededor de 80 que cuentan con un solo estudiante.

Lo anterior evidencia, a grandes rasgos, la heterogeneidad que caracteriza a esta modalidad educativa y el desafío que implica educar en zonas alejadas de los centros urbanos, donde muchas veces los docentes no cuentan con las capacidades adecuadas. De acuerdo a un estudio de la Fundación 99, el 79% de los profesores que imparte clases en escuelas multigrado nunca ha recibido capacitación en formación inicial para trabajar en ellas.

En esta línea, urge generar una política de incentivos monetarios y no monetarios para atraer a los mejores profesionales a la educación rural, haciéndola más atractiva. De igual forma, resulta relevante establecer dentro de la formación continua en Pedagogía capacitaciones que se especialicen en la docencia en contextos rurales, de manera de hacer frente a las dificultades que implica enseñar en zonas más aisladas geográficamente.

En términos de financiamiento, es pertinente flexibilizar la entrega de recursos estatales otorgados a este tipo de establecimientos en particular, reconociendo el hecho de que la realidad rural es muy distinta a la urbana y que muchas veces las condiciones geográficas o climáticas en las que están ubicadas este tipo de escuelas impactan en el uso de los recursos. Una política como la anterior, permitiría además hacer frente a un gran desafío: la falta de conectividad y de recursos tecnológicos.

Por último, y como una manera de reconocer el contexto cultural en el que se emplazan, la normativa curricular debiese otorgar flexibilidad para que estas escuelas puedan incorporar en el currículum aspectos propios del sector y de relevancia para la comunidad.

Con todo, los candidatos a la Presidencia tienen, por medio de sus propuestas, la oportunidad de volver a relevar y poner como prioridad la educación de estas modalidades educativas que han sido “olvidadas” por la sociedad, asegurando de esta manera el desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes. Es de esperar que éstas apunten en esta dirección y que las discusiones y los debates entre los aspirantes a La Moneda se centren en generar contenido orientado a mejorar las experiencias y calidad educativa de estos alumnos y no en criticar y descalificar a su adversario.