Una encrucijada para nuestra política exterior

Estando formalizadas las candidaturas presidenciales, han empezado a aflorar las propuestas programáticas para nuestra política exterior en los próximos años.

En función de lo leído en los programas ya disponibles o en otros documentos de campaña, y habiendo escuchado diversas intervenciones y declaraciones de los candidatos y sus aliados, es posible hacer algunos comentarios preliminares, con la intención de alimentar la reflexión y debate acerca de nuestra política exterior.

A pesar de tener un tratamiento relativamente somero, al menos las candidaturas principales cuentan con capítulos específicos de política exterior y con equipos de trabajo en la materia. Es positivo que, al menos formalmente, casi todos reconozcan la importancia de las relaciones internacionales y de la necesidad de tener una política exterior (lo que parece de perogrullo, no lo es en los tiempos de rampante populismo en que vivimos).

Sorprendentemente, hay coincidencia respecto de los temas principales y las prioridades declaradas de la política exterior, entre los cuales destacan el cambio climático, los Derechos Humanos, las migraciones, la seguridad, la integración regional, el multilateralismo y el desarrollo.

Esto es destacable, porque ha quedado en evidencia en los últimos años que no existe un consenso de respecto de nuestra política exterior. Desde la presidencia de Ricardo Lagos, último gobierno en el cual hubo una clara visión de política exterior, hemos seguido haciendo más de lo mismo en un mundo y con una sociedad que han experimentado grandes cambios, y está claro que se requiere repensar y ajustar la forma en que nos relacionamos con el mundo y qué queremos de él. También me parece que es evidente que el nuevo consenso debe incorporar a muchos más actores en su discusión y adopción, lo mismo que en la implementación de la política exterior.

Es alentador ver como todos ponen en un lugar principal la acción contra el cambio climático, considerando que Chile será uno de los países más afectado, y como este tema alinea muchos otros. En este ámbito sin duda que será necesaria una intensa actividad y coordinación con países, organismos internacionales y la propia sociedad civil.

Pero, aunque es muy positivo contar con una comunidad de prioridades, las diferencias y contradicciones empiezan a aparecer cuando se describen las políticas y acciones relacionadas con estos temas y objetivos.

Al respecto, creo que es emblemático revisar el caso del TPP11 o CPTPP, porque encarna muy bien el real significado de las distintas propuestas programáticas.

El candidato Gabriel Boric dice en su programa que “no se firmarán nuevos tratados comerciales incluyendo el TPP-11, mientras no se hayan revisado los procesos de participación ciudadana, de gobiernos locales y regionales y de los pueblos originarios, y los parámetros de alineamiento con principios feministas, verdes y descentralizadores”.

Adicionalmente se menciona que “la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales deberá revisar los acuerdos comerciales que estén en vigencia para evaluar su pertinencia en el marco de un nuevo modelo de desarrollo turquesa (verde y azul), feminista y descentralizador, evaluando a su vez que dichos acuerdos estén en línea con los procesos de integración latinoamericana que se llevarán a cabo y los tratados de derechos humanos”.

También se evaluarán los tratados bilaterales de inversión. O sea, no solamente no se negociarán nuevos acuerdos comerciales ni de inversión, probablemente también se denunciarán varios (si no todos), con la excepción de la integración regional (optando por ser miembro pleno del MERCOSUR).

Aunque no es la cuestión principal de mi análisis, no deja de ser evidente que el rol del Congreso es totalmente despreciado, como instancia copartícipe de la política exterior y entidad central de la democracia representativa (abstrayéndonos del bajo nivel de la actual legislatura). Abunda en esta línea la propuesta de una diputada de plebiscitar el TPP11.

En el caso del programa de las primarias de Yasna Provoste, se habla de impulsar una “integración inteligente”, sin dar detalles más allá de ciertos lineamientos genéricos, con la excepción de la profundización del acuerdo con la Unión Europea.

Respecto de Sebastián Sichel, es el único que en su programa para las primarias establece ampliar y mejorar nuestra red de acuerdos comerciales: “Debemos mantener y complementar la amplia red de acuerdos que tenemos en la materia, propendiendo al aumento de valor en nuestra oferta exportable y la integración a cadenas regionales y globales de valor. También tenemos que generar las condiciones para que seamos una gran plataforma de servicios y logística para el comercio del Cono Sur con el Asia Pacífico”.

Por tanto, de las principales candidaturas, una es explícitamente contraria al TPP11 (y a casi todos los acuerdos comerciales actuales), otra no dice nada claro y la tercera es favorable a mejorar lo que existe, apuntando a escalar en el valor de nuestras exportaciones e integrarnos productivamente con otros.

Hasta ahí todo claro, pero después vienen las contradicciones de los que no quieren TPP11 ni otros acuerdos de libre comercio y que aún así aspiran a tener exportaciones de mayor valor agregado, especialmente de pymes, y a atraer más y mejor inversión. Al respecto, el programa de Boric establece que “se potenciará el desarrollo de pymes exportadoras de alto valor agregado, generando incentivos y facilidades para el escalamiento y la inserción en cadenas productivas regionales y mercados globales”.

La pregunta obvia es a qué mercados van a exportar nuestras empresas si está la amenaza evidente de perder acceso (en el caso del MERCOSUR no tendríamos nada nuevo), así cómo qué inversiones vamos a atraer, especialmente del tipo manufacturero y tecnológico, si además de reducir nuestra red de acuerdos, disminuye la protección a la inversión extranjera.

Lo anterior es sin considerar que el entorno externo es dinámico y competitivo, y que el desmantelamiento de nuestra red de acuerdos volverá mucho más atractivos a otros países, especialmente si son del vecindario, y para allá partirán las inversiones, incluyendo nuestros capitales. Esto solo puede empobrecer a nuestro país, debilitarlo y alejarlo de la consecución de sus objetivos de política exterior.

El TPP11 o el CPTPP se ha convertido en un caballito de batalla y un símbolo para quienes quieren desmantelar la red de acuerdos comerciales que tenemos y avanzar hacia otro modelo, que según el programa de Boric oscilaría entre una reedición de la sustitución de las importaciones, con una aspiración a un mercado común bajo el alero del MERCOSUR (que tras 30 años está más lejos de ese objetivo). Desgraciadamente el contenido y alcances de este tratado han sido totalmente tergiversados.

Por ejemplo, quienes argumentan que con los TLCs que ya tenemos, es marginal el beneficio del CPTPP, la respuesta es obvia. La dinámica de un acuerdo bilateral es muy distinta a la de uno plurilateral, donde las sinergias y oportunidades son mucho mayores. Contar con normas y estándares parejos facilita el acceso a los mercados (frente al puzzle que significa la sumatoria de acuerdos bilaterales).

Además, el estar en un grupo con economías más desarrolladas empujará la adopción de estándares más altos, incluyendo los ambientales. Y el estar en una comunidad de esta naturaleza permite también incidir precisamente en esos estándares.

Otra cosa que se suele omitir es que el CPTPP otorga la posibilidad de sumar origen al interior del bloque acrecienta la probabilidad de participar de cadenas productivas globales, lo que podría ser decisivo para salir del modelo extractivista que no es sostenible (precisamente lo que promueve el programa de Boric).

Junto con todas estas oportunidades y beneficios, de las cuales ya han dado evidencias concretas economías a las cuales nos gusta compararnos como Nueva Zelandia, hay un factor geopolítico crítico. La cuenca del Asia Pacífico se está integrando en torno a 2 grandes acuerdos económicos: el RCEP que tiene 14 signatarios y es encabezado por China, y el CPTPP que tiene 11 signatarios (del cual no participa China). Chile no puede quedar fuera de estas dinámicas, especialmente si ha tenido un rol tan consistente por décadas y del cual ha reportado tantos beneficios.

Para quienes están legítimamente preocupados del respeto de los pueblos originarios y de la inclusión, pueden estar tranquilos: Canadá, Nueva Zelandia, Australia y México lo ratificaron y Perú acaba de aprobarlo en su congreso.

Por último, y en forma inédita en la historia de la aprobación de los tratados en Chile, el actual gobierno suscribió con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, un protocolo en el cual, junto con aclarar ciertos temas del tratado para despejar equívocos, como que el CPTPP no contiene disposiciones ni establece obligaciones que impliquen para Chile la modificación del ordenamiento jurídico vigente en materia de medicamentos, garantiza una serie de condiciones. Entre estas, el gobierno se comprometió a evaluar, dentro de tres años desde su entrada en vigor, y enviar un informe al Congreso, sobre la efectividad del CPTPP en relación con el desarrollo sustentable, mujeres y comercio, pueblos originarios, desarrollo económico regional, PYMEs, los derechos laborales, el medio ambiente y el cambio climático.

Aunque no se quiera mencionar, e incluso contra norma legal explícita se esté dilatando su discusión y votación en el senado, el CPTPP es un parteaguas. Tiene implicancias económicas, pero también de poder e influencia. Está en la encrucijada de la dirección que tomará nuestra política exterior.

Más allá del sesgo ideológico presente en esta discusión, tenemos que ser capaces de discernir cuáles son las mejores herramientas para conseguir los objetivos prioritarios de nuestro país.

Parece que está emergiendo un consenso sobre las prioridades principales. La discusión en estos meses de campaña tiene que ser en la mejor forma de resguardarlas. Y personalmente tengo serias dudas sobre la viabilidad y conveniencia de ciertas propuestas.