No invisibilicemos la cruda realidad de la niñez migrante
Es fundamental entregar propuestas oportunas al contexto para migrantes y refugiados, con esfuerzos centrados en brindar ayuda inmediata y permitir la inclusión socioeconómica. Sólo así lograremos una real democracia, un real desarrollo, una real sociedad inclusiva que supere su relación de violencia contra la niñez y permita que los niños sigan siendo niños.
El Estado tiene el deber de diseñar políticas y leyes que proporcionen una protección integral a los niños y a sus familias en el contexto migratorio. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Harry Grayde Klenner es Director Ejecutivo de World Vision Chile
La nueva ola migratoria que tiene como epicentro la ciudad de Colchane, en el extremo norte de Chile, vuelve a poner sobre la palestra pública la delicada situación que vive la niñez migrante en nuestro país. Se trata de una materia de especial relevancia, pero que, lamentable e injustamente, suele ser invisibilizada.
En esa línea y con el objeto de entender a fondo este fenómeno cada vez más recurrente, organismos especializados y la sociedad civil, junto al Centro Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Colunga y Unicef Chile han publicado un estudio que indaga respecto de la situación en que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) inmigrantes y las dificultades que enfrentan en este proceso siempre complejo, pues la migración, en muchos casos, implica historias de separación entre los hijos y sus padres, lo que evidentemente conlleva la vulneración de derechos fundamentales de NNA.
Entre los resultados más prominentes, la investigación da cuenta de que el 57% de los niños consultados considera que su familia está mejor que en su país de origen. Y la mayoría, tanto chilenos (59%) como extranjeros (57%), siente que vive en barrios seguros. Asimismo, poco más de un tercio (35%) de los niños haitianos cree residir en un sector seguro, similar a los peruanos (38%). Esto sube entre los bolivianos (59%), venezolanos (65%) y colombianos (76%).
En materia educacional, un 77% de los NNA chilenos asistía, al momento del sondeo, a recintos educacionales, mientras que en el caso de migrantes el acceso a un establecimiento educacional alcanza el 72%. Y en salud, uno de cada tres niños migrantes que llegó hace menos de tres años no tiene previsión (29%), mientras que entre quienes lo hicieron hace siete o más años la falta de cobertura es similar a los chilenos (1%).
El proceso migratorio supone un conjunto de realidades diversas. Así, mientras las familias venezolanas llegan a Chile con más recursos socioeconómicos, principalmente con mayores niveles de estudios y en familias generalmente completas, las familias haitianas enfrentan dificultades propias de la barrera idiomática, los prejuicios por la discriminación por su afro descendencia y menores recursos monetarios, los que probablemente vienen dados por sus menores niveles educacionales.
Al tener necesidades distintas a las de los adultos, niños, niñas y adolescentes migrantes requieren de una protección especial, considerando también la protección especial de sus familias para que puedan propiciarles un cuidado apropiado. Esta protección especial no puede estar supeditada a su nacionalidad, ni a su estatus migratorio o al de sus padres o cuidadores. En otras palabras: el Estado tiene el deber de diseñar políticas y leyes que proporcionen una protección integral a los niños y a sus familias en el contexto migratorio, reconociendo sus necesidades y vulnerabilidades específicas.
Así también lo ha dispuesto la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por Chile en el año 1990, la que es enfática en señalar que “todo Estado parte debe respetar y asegurar los derechos enunciados en este instrumento internacional a todo niño/a sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole”.
Asimismo, es de suyo relevante que tomemos conciencia y empatía ante las dificultosas formas en que las personas refugiadas y migrantes ingresan a nuestro país, los contextos precarios en los que inician sus búsquedas de oportunidades, su período de adaptación a una nueva y distinta cultura y el trauma vivido durante cada periplo. Como sociedad debemos responsabilizarnos y el Estado debe tomar un rol activo en encargarse de que el ingreso de estas personas sea beneficioso tanto para esa misma gente como para Chile, habiendo sin duda una oportunidad de enriquecimiento humano, social y cultural.
Ante la envergadura de esta crisis humanitaria, resulta fundamental entregar propuestas oportunas al contexto para migrantes y refugiados, con esfuerzos centrados en brindar ayuda inmediata y permitir la inclusión socioeconómica, especialmente para los más vulnerables. Sólo así lograremos una real democracia, un real desarrollo, una real sociedad inclusiva que supere su relación de violencia contra la niñez y permita que los niños sigan siendo niños.
