Cuentas de la electricidad: hablemos claro

Mónica Gazmuri es Coordinadora de la Comisión de Energía de la Candidatura Presidencial de Sebastián Sichel

Cuando se habla de las cuentas de la electricidad -para algunos cuenta de la “luz”- de las familias chilenas se toca un tema sensible y extremadamente relevante, por lo que es necesario hablar siempre de forma transparente y clara para que el sector energético y las familias logren acercarse, ser partes de igual valor y mejoren su relación, más allá del solo pago de una cuenta por un servicio.

Chile tiene un tema pendiente que enfrentar con respecto a la pobreza energética, o la falta de acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir las necesidades fundamentales y básicas de los hogares. En cifras, según la Red de Pobreza Energética (RedPE) de la Universidad de Chile, la pobreza energética significa que el 23% de los hogares chilenos no puede cubrir simultáneamente las necesidades básicas de la línea de pobreza oficial, lo que se traduce en que
1.160.426 de hogares tengan un gasto excesivo en energía. Se estima, además, que el 30% de las familias más vulnerables destinan entre el 5% y 19% de sus ingresos solo a pagar la cuenta de la electricidad, muy por sobre el 10% en todo el gasto energético que recomiendan los expertos (por ejemplo, en algunos países OCDE). Es en este sentido que las cuentas eléctricas se han transformado en una barrera estructural para lograr una mayor equidad energética, ya que cualquier alza siempre
afectará de mayor manera a los hogares más vulnerables. Lo anterior, nos impone el desafío de hacernos cargo de esta problemática, con visión de largo plazo y buscando soluciones reales y eficientes para apoyar a las familias chilenas.

Es por eso que sentimos la obligación de referirnos a la nota de prensa publicada el sábado 2 de octubre por un tradicional diario de información general, la cual se titulaba “Crisis energética global podría elevar cuentas de luz recién en 2022 en hogares chilenos”, señalando también que “la postergación del impacto (de alzas de precios) obedece al fondo de estabilización de precios que data de 2019”.

Si bien, es cierto que el Fondo de Estabilización de los Precios de la Energía o más conocido como Ley PEC, implementado en el marco del estallido social de octubre de 2019, es una herramienta que amortigüe el alza del costo de la energía provocado por contratos firmados a altos precios en el pasado y el aumento del precio del gas y el carbón, como también del indicador Consumer Price Index (CPI), que mide la inflación en Estados Unidos, esto está muy lejos de ser la única solución y posible explicación del riesgo de alza en las cuentas, ya que la nota hace caso omiso de otros factores relevantes como, por ejemplo, la Ley de Servicios Básicos, implementada en el marco de la pandemia del COVID-19 durante 2020.

Esta Ley 21.249, o más conocida como Ley de Servicios Básicos, estableció que mientras dure la crisis sanitaria las empresas no podrán cortar el suministro eléctrico por mora en el pago de las cuentas a los hogares de las personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población, entre otros, lo que ha producido una deuda de USD 250 millones que estas familias deberán pagar en 48 meses, considerando sólo aquellos clientes que se han acogido al beneficio o están en proceso de hacerlo. Aún más grave, al proyectar esta situación a diciembre de 2021, el monto podría aumentar incluso a USD 350 millones, sólo en el sector eléctrico. Si esto se concretara, implicaría que estas familias verán incrementadas sus cuentas de electricidad hasta en un 40% una vez que termine el beneficio, lo que será imposible de cubrir, generando un problema social sin precedentes.

En ese sentido, es urgente implementar una solución que permita, por un lado, dar respuesta al problema particular generado por esta Ley, como también trabajar con una mirada a futuro para que las familias más vulnerables gasten menos en el pago de sus cuentas de la electricidad.

No se puede hablar del precio de la energía ni del “control” del alza de las cuentas sin considerar este factor. De no ser así -y usando lenguaje futbolístico- es sólo tirar la pelota al córner y no hacer frente a la inminente crisis que se acerca producto de que la ley PEC vea copado su límite y obligue al alza de las cuentas y del término del beneficio asociado de ley de servicios básicos.

Como equipo programático del candidato presidencial Sebastián Sichel, hemos advertido públicamente este tema desde hace unas semanas, ya que nos preocupa y ocupa esta situación (y este tipo de titulares alertan aún más), y también nos hemos hecho cargo de buscar medidas que busquen soluciones para enfrentar esta situación poniendo siempre en el centro a las personas.

En ese sentido, nuestro programa de gobierno incluye dos medidas claras de apoyo a la ciudadanía. La primera es implementar un mecanismo de apoyo a las familias más vulnerables para dar solución específica a la deuda asociada a la Ley 21.249 o ley de Servicios Básicos, mediante un sistema de cofinanciamiento en que participen el Estado, consumidores y las empresas. Este
mecanismo considerará un plazo prudente de pago y se aplicará por un período de tiempo determinado. La segunda tiene como objetivo bajar la cuenta de la luz a las familias más vulnerables a través de una Ley de Subsidio Eléctrico Social, que apoye a las familias vulnerables con un subsidio a la cuenta equivalente al subsidio actual de agua potable. Su costo se estima en 100 MUSD anuales y podrá beneficiar a 800 mil familias chilenas. Esto se traducirá en que la cuenta de la electricidad de estas familias bajará hasta en un 40%. Concreto y sin esconder el polvo bajo la alfombra.

A veces decir la verdad no es lo más popular, pero es justamente la realidad lo que la ciudadanía quiere y merece conocer, como también es la única vía para trabajar sobre una base sólida para mejorar los índices de pobreza energética y, junto con eso, mejorar también la calidad de vida de los chilenos y chilenas.