Los desafíos de la gobernanza en la región

Gobernar es sin duda una tarea compleja en sociedades cada vez más diversas, de las cuales emanan aspiraciones y exigencias muchas veces contrapuestas. Encontrar un camino común o mayoritario, pero sin excluir a las minorías, es trabajoso y demandante. América Latina no se exime de esta realidad. La diferencia quizás, es que nuestra región llega más tarde al fenómeno, de ahí la intensidad del mismo.

Durante buena parte de nuestra vida republicana el poder ha estado concentrado en élites bastante homogéneas, las que han controlado la economía y política del país, cooptando generalmente a los actores que de tiempo en tiempo han desafiado su poder.

Con el correr del tiempo, y por diversos factores como la educación, la globalización y los cambios derivados de la transformación productiva, la presión popular por participar del poder y de sus beneficios se ha incrementado. Típicamente el crecimiento de la clase media ha derivado en una búsqueda de mayor participación. A ello, se suma una pérdida de poder relativo de las élites, en parte por la presión de otros grupos y en parte por su propia fragmentación.

A las transformaciones socioeconómicas y su impacto en los sistemas políticos en América Latina, se suman las crecientes demandas de grupos tradicionalmente invisibilizados, como los pueblos originarios y los afrodescendientes.

En relativamente poco tiempo nuestros sistemas democráticos, casi todos con diseños del siglo XIX, han experimentado un auge de demandas, muchas de las cuales se remontan a la misma conquista y colonización europea. Esto ha puesto a prueba sin duda nuestra fortaleza institucional y convicción democrática. En muchos de nuestros países, la urgencia e intensidad de las demandas choca con la lentitud de los resultados, lo que se agudiza con la cultura de la inmediatez derivada de las redes sociales.

Esta frustración a su vez empuja toda suerte de fenómenos, desde el populismo (tanto de izquierda como de derecha), como la pulsión autoritaria.

En Bolivia, el regreso del MAS al poder de la mano de Luis Arce, parece estar volviendo a la polarización existente bajo su antecesor Evo Morales. No obstante dominar el parlamento, con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, a nivel de los gobiernos regionales la oposición es mayoritaria. Se ha dado entonces una creciente fricción entre la autoridad nacional y ciertas regiones, que son la única contención institucional al poder central. La persecución judicial de anteriores autoridades y de personeros políticos de la oposición, además de la propia agenda legislativa gubernamental, están reviviendo las tensiones internas.

Esto se ha traducido en el primer paro cívico durante el mandato de Arce esta misma semana, con una paralización casi total de algunas regiones, encabezadas por Santa Cruz. Si bien el detonante fue el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, se suman otros temas, como la aspiración de ciertas regiones de pasar a un sistema federal. Este proyecto legislativo, buscaba, según la oposición, incrementar el control político en una deriva autoritaria. Ante la contundencia del paro y la amenaza de escalar, el gobierno anunció el retiro del proyecto.

Este episodio demuestra que no obstante controlar el ejecutivo y el legislativo, así como parte importante de los municipios y gobiernos locales, el gobierno del MAS no puede imponer toda su agenda, arriesgando su supervivencia y la unidad del país en caso de persistir en una lógica revanchista y excluyente.

En Ecuador, en tanto, el presidente Lasso, electo en abril pasado en segunda ronda, enfrenta un complejo escenario derivado de los “Pandora Papers”. Su gobierno está en absoluta minoría en el Congreso y se ha constituido una comisión para investigar su participación en el escándalo de los paraísos fiscales. Según lo que resulte de esta investigación, podría iniciarse un juicio político en su contra y su eventual destitución. Lasso acusa un complot correísta para removerlo. Cualquiera sea el desenlace, sin duda que entrabará significativamente su agenda, en un momento complejo para el país. La circunstancia de ser el Congreso unicameral y contar con solo 12 escaños de su partido (extendiendo a 26 con sus aliados) de un total de 137 curules, lo vuelven altamente vulnerable a una remoción. Un actor clave en este proceso será el bloque indígena Pachakutik, que cuenta con 27 representantes, y quiere acrecentar su influencia, lo que podría aprovechar para sacar más concesiones gubernamentales.

En Perú, El presidente Castillo realizó un profundo cambio de gabinete a dos meses de su conformación, incluyendo al primer ministro, en un claro giro al centro, para bajar el clima de polarización y buscar una agenda más gradual a la impulsada inicialmente. Al igual que otros países, su bancada en el Congreso unicameral es minoritaria, siendo la mayoría de partidos de derecha. Este ejercicio de realismo político, avanzar en la medida de lo posible, se refuerza además con la reciente experiencia de remoción de varios presidentes por el parlamento. Está por verse si este gesto y los próximos pasos logran traducirse en una dinámica de mayor diálogo y cooperación con la oposición, y además cómo esto va a repercutir en las expectativas de su electorado.

En Chile, al igual que en Ecuador, el Congreso de mayoría opositora apunta a acusar constitucionalmente al presidente Piñera por su eventual participación en los paraísos fiscales, buscando su remoción ad portas de las próximas elecciones generales. La polarización que se arrastra ya por años, acentuada por la proximidad electoral, aumenta las probabilidades de una defenestración.

En los tres casos antes reseñados, existe una pugna de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, con una tendencia a la parlamentarización de sus sistemas. Esto ha puesto en creciente cuestión el presidencialismo que es la regla general en la región. En efecto, es cada vez más frecuente que los presidentes sean electos sin mayoría en el Congreso, lo que en muchos casos genera fuertes tensiones y un frustrante inmovilismo en la agenda, lo que a su vez acrecienta la desafección de la población con el sistema.

Muchos creen que es tiempo de reformar nuestros sistemas políticos, introduciendo más competencia, transparencia y contrapesos.

Independientemente de aquello, sin duda que hay elementos que ninguna nueva arquitectura podrá alterar y que tienen que ver con la forma en que concebimos la política y nuestro sentimiento de comunidad.

Pensar que la política es un juego de suma cero, o sea, ganar o perder, nos está llevando al enfrentamiento. La política es el arte de lo posible y, por tanto, en su misma definición está el abrirse a otras posturas e incorporarlas en la ecuación final. Quien cree que en una democracia es suficiente la mayoría para decidir cualquier cosa, no entiende el sistema. La democracia es el gobierno de la mayoría, pero con el respeto de la minoría. Eso conlleva a que siempre debe escucharse a los demás, y que, a la larga, mientras más participen del proceso decisorio, más aceptado será el resultado.

En muchos de los países de la región nos aqueja un jacobinismo que considera casi un pecado el ceder en nuestro proyecto político. Es el todo o nada. Esto no se va a revertir con ningún cambio sistémico. Al final tiene que ver con la igualdad en dignidad. Si no vemos al otro, cualquiera que sea, con nuestra misma dignidad, entonces, consideraremos nuestra posición como superior. Solo reconociendo en el otro a un igual, se abre la puerta para el verdadero diálogo y la búsqueda del bien común.

La erosión del sentido de comunidad – sentir que se comparte una trayectoria y un proyecto de futuro común – también incide en este deterioro del diálogo. Es por lo tanto urgente volver a fortalecer los elementos que nos unen, como la educación y la participación en los asuntos que afectan nuestra vida conjunta.

Personalmente creo que una vía para superar las tensiones y contradicciones que afectan a nuestros sistemas democráticos, pasa por el fortalecimiento de los gobiernos locales. Es más fácil crear comunidad y participar en unidades más pequeñas, donde podemos ver además en forma más inmediata los resultados. Esto permite también preservar la creciente diversidad de nuestras sociedades. El desafío por supuesto es no caer en una dinámica de estamentos estancos y ahí es crucial el papel del gobierno central y su interacción con lo local.

En estos tiempos inciertos no pongamos tanto nuestras esperanzas en las normas y constituciones. El cambio y la paz pasan por el diálogo profundo. Practiquémoslo y cambiemos la dinámica que nos quieren imponer unos pocos.

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