Noticias del vecindario

Juan Pablo Glasinovic es Abogado

Mientras en Chile estamos inmersos en la efervescencia política doméstica, a semanas de la primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias, que sin duda constituirán un hito en nuestro derrotero como país, en el vecindario el panorama no es menos intenso.

En Argentina, el gobierno de los Fernández está denodadamente tratando de revertir el mal resultado de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias), que augura su derrota en las elecciones de mitad de período el próximo 14 de noviembre, y en las cuales arriesga su mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso. De ocurrir aquello, el gobierno perdería la iniciativa y quedará entregado a las negociaciones con la oposición.

El voto de castigo que se espera tiene que ver, en primer, lugar con la mala situación económica. La pobreza sigue creciendo – se estima que está en el 42% de la población – con una inflación que no ceja y sigue mermando el poder adquisitivo de los argentinos.

En una medida claramente efectista y que apunta a revertir la debacle electoral en ciernes, el presidente Fernández decretó el congelamiento de precios para una canasta de 1.432 productos hasta enero. El mecanismo establece precios máximos de venta al público, así como la cantidad de unidades que los consumidores pueden adquirir. La sanción por incumplimiento puede ir hasta la clausura de la empresa o local.

Evidentemente que esta iniciativa, que ya ha sido puesta en práctica en Argentina en el pasado, no solo no es efectiva, también agrava los problemas económicos del país. Para empezar, el criterio de fijación de los precios en la mayoría de los casos no recoge la más mínima lógica económica, por lo que, de respetarse, implica derechamente perjuicios para los productores y vendedores, los que podrían incluso acarrear su quiebra. Nadie puede vender bajo su precio de costo o sin tener un mínimo margen de utilidad. Y esto partiendo por los mayoristas bajando hasta los almacenes de barrio. Por ello, no es ninguna sorpresa que el decreto gubernamental no se esté respetando en términos generales. Además, muchas empresas y asociaciones de productores han declarado que harán un esfuerzo por la población atendiendo el duro momento que atraviesa el país, pero que ese compromiso solo se extiende por un mes y que lo revisarán después de las elecciones, independientemente de lo que dictamine el gobierno.

Las fiscalizaciones gubernamentales y sus sanciones no podrán revertir la realidad económica. Otra consecuencia de la medida es que muchos productos han dejado de comercializarse, ya sea porque se han discontinuado, o más probablemente porque son desviados al mercado negro, profundizando la economía informal y presionando aún más la inflación.

Lo que ocurre en Argentina debiera recordar a nuestros legisladores que la inflación es un flagelo que afecta particularmente a las personas de menores ingresos y también deja en evidencia, una vez más, que la política no se puede disociar de la economía. El voluntarismo político no solo no es suficiente para generar crecimiento económico, además puede ser derechamente contraproducente.

Si en las elecciones anteriores los argentinos votaron por Fernández principalmente por su descontento por la gestión de Macri, podrían ahora votar en contra del primero por la misma razón.

Además de la delicada situación económica interna, el gobierno argentino está en plena negociación con el FMI para reemplazar el acuerdo stand-by de 2018 por otro acuerdo de facilidades extendidas. De no hacerlo, Argentina debería pagar al organismo multilateral, entre capital e intereses, unos 19.341 millones de dólares en 2022, 19.589 millones en 2023 y 4.936 millones en 2024, según estimaciones del Ministerio de Economía. Ello, en las actuales circunstancias sería imposible, lo que generaría un nuevo episodio de default y de cierre de acceso al crédito internacional.

Sin perjuicio de que la variable económica es la más relevante en el actual contexto argentino, hay un tema que está empezando a tomar más espacio en la agenda interna: acciones violentas de organizaciones mapuches en la zona sur del país, y particularmente en la provincia de Río Negro. Esto podría replicar lo que está pasando en Chile, y deja en evidencia la coordinación que existe entre los grupos violentos de ambos lados de la cordillera. Habrá que estar atento a cómo se hace frente a dicho problema en el vecino país, lo que tarde o temprano exigirá una acción conjunta.

En Bolivia, el presidente Arce, ad portas de cumplir su primer año en el cargo, enfrenta un contexto crecientemente polarizado. El mismo ha contribuido a ese clima, al permitir y apoyar la persecución judicial y política contra quienes considera como “golpistas”, por haber hecho caer el gobierno de Evo Morales. Tampoco ha podido desmarcarse del ex presidente, que mantiene una fuerte influencia en el gobierno.

Producto de la polarización, su gobierno enfrentó un primer paro cívico, gatillado por la ley 1386 que consagra una “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, cuyo propósito, según los detractores, es “generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico”. Tras este paro el 21 y 22 de octubre, el gobierno parecía que iba a recular, pero posteriormente reafirmó la vigencia de la norma, la que será complementada por un reglamento. Ante ello, un amplio abanico opositor, bajo el paraguas de la CONADE (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) ha convocado a un paro nacional indefinido a partir del 8 de noviembre, hasta la derogación de la norma, o al menos de sus aspectos más discutidos. En respuesta a esta convocatoria, el partido gobernante, el MAS, y sus aliados se declararon Estado de Emergencia para defender al gobierno.

Mientras se nubla el horizonte interno, el presidente Arce recibe al presidente peruano para la sexta versión de los gabinetes binacionales. Esta será sin duda una instancia muy relevante para la relación bilateral y se verá hasta dónde la afinidad política de ambos gobiernos se traduce en medidas concretas. Este encuentro ha sido precedido por múltiples visitas de Evo Morales a Perú, para apoyar al gobierno de Castillo y tender puentes.

En Perú, El presidente Castillo viene de sortear una primera gran prueba política, al dar un golpe de timón hace un par de semanas, sacando a sus ministros más radicales, incluyendo al primer ministro. El nuevo gabinete encabezado por Mirtha Vásquez debe ser ratificado por el Congreso, votación que debió suspenderse por la muerte de un congresista durante el trámite y se retomará el 4 de noviembre.

Mientras se resuelve si se confirma la actual conformación del Ejecutivo o se le fuerza a una nueva configuración, el presidente Castillo ha procurado avanzar en algunas de sus propuestas. En materia tributaria se propone una reforma, para lo cual solicita al Congreso una delegación de facultades para legislar en la materia. El gobierno apunta a aumentar la recaudación en 1,5% del PIB, fundamentalmente a través del incremento del impuesto a la renta. También se extenderá el IGV (equivalente al IVA) a las plataformas digitales. Adicionalmente, se simplificarán los procedimientos para las pymes y se desarrollará una estrategia para disminuir la evasión tributaria. Esta propuesta es claramente mucho más moderada que los anuncios de campaña y no considera cambios sustantivos en materia de royalty minero (en nuestro país a modo de comparación el Frente Amplio quiere aumentar la recaudación en 6% del PIB en 4 años).

Otra prioridad del presidente Castillo ha sido la nacionalización del gas de Camisea, principal yacimiento del Perú y que se encuentra concesionado. Esta demanda se ha fortalecido ante el incremento mundial del precio del gas y su impacto en la población más pobre. Para que la nacionalización pueda proceder, se requiere de una ley, lo que no está para nada asegurado.

Lo que ocurra con el voto de confianza y los próximos pasos del gobierno, incidirá en el clima interno, repercutiendo evidentemente en el ámbito económico. A juzgar por los últimos acontecimientos, es cada vez más probable que el gobierno de Castillo, en un ejercicio de realismo político, adopte una línea mucho más moderada que su agenda original, tal como en su momento sucedió con Ollanta Humala.

Nuestros vecinos enfrentan todos contextos complejos, y queda en evidencia que las posturas maximalistas son la principal amenaza para la cohesión social. Esto debiera interpelarnos en Chile para redoblar los esfuerzos en la búsqueda de acuerdos amplios. No dejemos de observar lo que sucede a nuestro alrededor como referente de lo que debemos evitar o imitar.

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