Relectura al Programa Presidencial de Educación 2022-2026

En Educación, el Programa de Gobierno del actual Presidente electo, Gabriel Boric, parece no haber sufrido modificaciones entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre pasados (primera y segunda votación presidencial, respectivamente), por lo que sus compromisos se asumen vigentes. Pero, a la luz de urgencias inmediatas, del ejercicio no realizado de integración de visiones y diagnósticos, para ampliar los sectores que adherían a las propuestas, y de las nuevas realidades que creará la eventual aprobación de una nueva Constitución Política del Estado, una revisión de ellos parece urgente y oportuna. Este texto propone un primer esquema de análisis.

Considerando los ámbitos que compromete, las dimensiones sobre las que se propone intervenir, la profundidad y la orientación de los cambios, estamos frente al programa más ambicioso, extenso y complejo en educación desde el retorno a la democracia. Algunos de los cambios propuestos son estructurales y otros de desarrollo y mejoramiento. Entre los primeros, el programa propone:

Cambios a la actual visión y estructura de aseguramiento de la calidad del sistema escolar: incluye una nueva visión de la calidad de la educación (integral) y una revisión y ajustes profundos a la actual institucionalidad que la asegura, a la Agencia de la Calidad de la Educación, a la Superintendencia de Educación y al Sistema de apoyo de Mineduc. (Supervisión técnico pedagógicas y agencias de Asistencia Técnica Educativa); también el reemplazo del actual sistema de evaluación nacional del aprendizaje (fin del Simce como lo conocemos), y terminar con el ordenamiento de establecimientos de acuerdo a sus resultados y a las consecuencias: aprender de las buenas experiencias y en el caso de resultados insuficientes, medidas de apoyo, intervención, hasta pérdida de su reconocimiento oficial, si ellos no mejoran.

Cambios a la actual estructura institucional del sistema escolar: reemplazo de los Jardines VTF por una institucionalidad pública que no sea municipal; postergación del traspaso de los servicios educativos municipales a los nuevos Servicios Locales de Educación, más allá de 2025; y reconfiguración del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

Cambio a los contenidos de la enseñanza, a través de un nuevo sistema de renovación del currículo para todo el sistema escolar, un nuevo Curriculo TP, una ley de educación sexual integral, la reformulación de la normativa de integración escolar y de los Proyectos de Integración Escolar.

Cambios en los esquemas de financiamiento: se propone equiparar el financiamiento público de los establecimientos de Educación Parvularia financiados por el Estado (Junji, Integra, Jardines VTF, municipales y de los Servicios Locales de Educación) y un nuevo sistema de financiamiento público a los establecimientos educacionales, que reemplazaría la actual subvención escolar por asistencia diaria.

Entre compromisos de desarrollo y mejoramiento, el más relevante, sin duda, es el Plan de reactivación del Aprendizaje y Bienestar de las Comunidades Educativas, que incluye la recuperación del aprendizaje y del bienestar sociemocional de los estudiantes y demás actores educativos y asegurar las condiciones para el retorno universal a las clases presenciales (sanitarias, laborales y de infraestructura). También compromisos de conexión y de nuevas tecnologías para todos. A ello, se agrega la ampliación de cobertura en el Nivel de Educación Parvularia, el fortalecimiento de las capacidades directivas y profesionales de educadoras, docentes y asistentes y de sus condiciones laborales, carreras directivas en Educación Parvularia y Escolar, la revisión y mejora de los Servicios Locales de Educación, las mayores atribuciones de las comunidades educativas, el mejor aprovechamiento de las horas de libre disposición de los establecimientos educacionales en régimen de Jornada Escolar Completa, el abordaje del déficit de profesionales de la educación, avanzar en inclusión escolar, en la educación intercultural, en la atención de la diversidad y de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

No obstante la amplitud de los compromisos, hay omisiones que no pueden soslayarse, por ejemplo, cómo se buscará revertir el estancamiento de los logros de aprendizaje de los últimos años (por sobre la recuperación post pandemia) y cómo se fortalecerán las capacidades de los actores intermedios y el apoyo a los establecimientos educacionales. Ello incluye a los municipios que seguirán administrando la educación pública, a los establecimientos particulares subvencionados, que atienden al 54, 4% de los estudiantes y también el aporte de establecimientos educacionales pagados a la mejora general del sistema. Tampoco se hace referencia al aprendizaje permanente de las personas y a sistemas que aseguren trayectorias educativas y disminución del rezago educativo de jóvenes y adultos.

El Programa deja zonas de incertidumbre en relación a materias sustantivas. Por ejemplo, cómo se hará en traspaso de Jardines VTF a la educación pública, cómo se sustituirá el pago por asistencia de estudiantes, las implicancias de la suspensión de la aplicación del Simce y del ordenamiento de las escuelas de acuerdo a sus resultados y las características del nuevo sistema de evaluación; tampoco acerca de la voluntariedad de la evaluación docente, o del nuevo sistema de renovación del currículo, del nuevo currículo TP, de la participación resolutiva de actores de las comunidades educativas y de la reparación de la deuda histórica de docentes.

Los escenarios que vienen presentan varias dificultades, que el nuevo Gobierno deberá sortear desde un primer momento, con sentido de realidad y prioridades claras. 

Parece claro que ninguna de las propuestas de cambio estructural será posible sin las definiciones acerca de la nueva Constitución Política del Estado. Si ella se aprueba, es probable que ninguno de esos compromisos vea la luz antes de promulgarse la nueva Ley Orgánica que ordenará la educación nacional. En todo ello se irá el primer año del nuevo Gobierno, sin contar lo que demorará la discusión y aprobación de esa ley marco y las tareas de ajuste y sincronización de la normativa actual, a lo que disponga la nueva Constitución. Después de ello, vendrán las propuestas y discusiones legislativas de las materias indicadas en el programa. Nunca antes, porque todas ellas deberán ser coherentes con la nueva ley orgánica. En un escenario de rechazo de la propuesta constitucional, las dificultades tampoco serían menores, porque muchos de estos cambios involucran modificaciones a la Constitución o a la actual Ley General de Educación. Y seamos claros, ninguno de los temas es sencillo y a varios de ellos les costará alcanzar consensos técnicos y políticos. Ardua tarea para los equipos ministeriales a cargo de liderar estas discusiones. Es posible que muchas de las metas de cambios estructurales prometidas, seguirán en el horizonte de los redactores del programa.

Distinto es el caso de los compromisos de desarrollo y mejoramiento, que pueden tomar cuerpo desde los primeros días del nuevo Gobierno. Sin duda que el Plan de reactivación del Aprendizaje y Bienestar de las Comunidades Educativas debe ser la prioridad y, si se diseña y ejecuta bien, puede llegar a ser un legado reconocido. En este debieran encarnarse la visión de desarrollo y aprendizaje integral de cada estudiante que el programa indica, sistemas de información de su progreso y mejores condiciones y capacidades de las comunidades educativas. Es requisito asegurar la presencialidad de los estudiantes como norma, asunto en el que una parte del gremio docente podría seguir planteando objeciones. Puede ser recomendable revisar la visión centralista de la mejora que se desprende del programa y apostar a medios y capacidades intermedias, en el nivel regional y local y en las comunidades educativas para implementar el plan. 

Es preciso tener claridad de las prioridades y estrategias que den coherencia a los esfuerzos. Sin duda que los temas de desarrollo profesional y mejoramiento de las condiciones de desempeño de equipos directivos, docentes y asistentes tienen especial importancia; también asumir las tareas de mejoramiento de la formación inicial de profesionales de la educación y la urgencia de reducir su déficit. Los esfuerzos para el desarrollo de las capacidades y competencias de las comunidades educativas, para que avancen en decisiones curriculares, en sus visiones de calidad, de inclusión, de seguimiento del progreso de sus estudiantes y dar cuenta de sus compromisos, son áreas urgentes que requieren alternativas innovadoras de acción.

Hay enormes expectativas de lo que educación puede contribuir al desarrollo de las personas, a una sociedad más inclusiva e integrada y a comunidades que se empeñan en que cada uno de sus estudiantes recupere, nivele y avance en su aprendizaje y en el desarrollo de todas sus dimensiones como persona. Ayuda a todos que las nuevas autoridades sean claras en definir en sus primeros días, qué hoja de ruta seguirán, qué prioridades se darán y qué espacios de colaboración se abrirán. Con ello, no solo se asegura participación y aportes, sino también monitoreo y evaluación de su gestión. Gran tarea, la mejor de todas, qué duda cabe.