De nosotros depende
Como la libertad no es el privilegio de algunos, sino que el derecho de todos, corresponde que nos organizamos para defenderla y exigir que ella, del mismo modo que la igualdad y la propiedad prevalezcan en el sistema político.
Los humanos muchas veces esperamos perder lo que nos importa para valorarlo, y entender recién ahí, que eso que perdimos debimos oportunamente defenderlo.
Producto del desorden anárquico, impune, violento y consentido por la extrema izquierda, los políticos de todos los sectores concordaron paradójicamente con el mismo Partido (PC), que se había tomado la calle y autoexcluido de cualquier acuerdo, que la solución estaba en cambiar la Constitución de Pinochet.
No importó que no llevara su firma sino que la del Presidente socialista Ricardo Lagos, y que la solución ante el desmadre ocurrido en octubre del año 2019 estaba precisamente en aplicar la institucionalidad que teníamos y que estaba normada por la propia Constitución.
Sin embargo, las fuerzas políticas en vez de renegar del desorden anárquico, aplicar la Constitución y ponerse del lado de las fuerzas de orden, convocaron transversalmente al apruebo, esto es, a cambiar la Carta Fundamental y promover que ese cambio lo hicieran, en lo posible, actores nuevos e independientes.
Lo hasta acá señalado, permitía fácilmente presagiar que el cambio sería consentido por una mayoría abrumadora, tanto por los votos de la gente (no poca) que creyó que si ganaba el apruebo los desórdenes y el caos terminaría, como porque como ya indiqué, desde el mismo ex Presidente Lagos, pasando por el Presidente Piñera hasta los dirigentes más relevantes de la derecha (Lavín) y la centroderecha (Felipe Kast) estaban por una Constitución nueva.
Sin embargo, los partidos en vez de exigir para el resto lo mismo que para ellos, flexibilizaron con una ingenuidad pasmosa el sistema electoral, y el resultado fue que votó poca gente, y que muchos personajes que no adherían a lo que el país quería terminar, que era el desorden impune de la izquierda extrema, se organizaran para ser elegidos, utilizando como bandera la independencia, y que su presencia sería representar al “pueblo”. Nadie de los que votó, salvo los que fueron elegidos, se dieron el tiempo de revisar los programas. Se limitaron a verificar que fueran personas independientes y que abogaran por los intereses del “pueblo”, vocablo que ellos sabían que vende y harto en la gente. Si bien ganaron, debe remarcarse que la mayoría lo hizo con una votación paupérrima (menos del 2% del 42% que votó) y en el marco de un sistema electoral diseñado para beneficiar a las minorías.
Hoy y ya con los dados echados, el colectivo social con una impotencia aterradora se ha ido enterando de que los cambios propuestos por estos verdaderos jacobinos, son radicales, y que la Constitución que votaron cambiar y que les reconocía como derechos intransables la libertad, la propiedad, y la igualdad son despreciados por la mayoría de los constituyentes, que los ponen por debajo de lo que ellos califican como derechos sociales y derechos ancestrales.
La gente se ha ido dando cuenta y con pesar que la idea central en la Constitución tan injustamente denostada, era que el Estado interviniera lo mínimo y que cada sujeto fuera capaz de afirmarse por sí mismo y convertirse en su propio soberano, porque en la medida que cada uno esté consciente en libertad de su realidad moral y personal contribuye de mejor modo al beneficio del resto. Como dice Max Stirner, el beneficio social es la suma del desarrollo personal y sólo se logra cuando cada cual es capaz de edificarse así mismo, ejerciendo su libertad en el marco de la soberanía individual que cada yo preside. Resulta más probable que se contribuya al mejoramiento social cuando el individuo persigue racionalmente sus mejores intereses, como sostiene Robert G. Olson, y el Estado como afirmaba Thomas Carlyle, procura “que el hombre elija el camino recto y ande por el sin vacilaciones.”
Como la libertad no es el privilegio de algunos, sino que el derecho de todos, corresponde que nos organizamos para defenderla y exigir que ella, del mismo modo que la igualdad y la propiedad prevalezcan en un sistema político, en que el Estado junto con ampararlas y protegerlas bajo el paraguas de una institucionalidad moderna, eficaz, descentralizada, y no cara, otorgue certeza y promueva el ahorro, la inversión, y el emprendimiento, que es lo único que permite que los países crezcan, se desarrollen y derroten a la pobreza. La alternativa es que permanezcamos impávidos a los avances de una Convención Constituyente (CC) conformada por una mayoría circunstancial, que no respeta a los que piensan distinto, y que quiere imponer cambios irracionales, en un sistema jurídico maximalista, que nos llevará indubitadamente a que la pobreza y la desigualdad aumenten y nos parezcamos cada vez más a Venezuela.
Nunca olvidemos que ese país tenía mejores indicadores que Chile, y que bastó la revolución bolivariana, cuyo pilar basal fue la Constitución que hizo la Asamblea Constituyente, símil de la CC nuestra, para que; su moneda se devaluara sucesivamente, la inflación superara el millón por ciento, la delincuencia aumentara exponencialmente, sus bonos de deuda dejaran de ser confiables, la producción y consecuentemente el abastecimiento cayera estrepitosamente, y los pobres llegaran a más del 80%. Somos testigos además de que mucha gente de ese país emigró (más de 2,5 millones), y que quienes se han quedado viven con los bonos que autorizan; los mismos burócratas que les vendieron humo, que los llevaron al despeñadero, y que como siempre ocurre, sin haber trabajado ni producido un día, pasan a vivir como ricos. Recordemos que esa gente, normalmente vive toda su existencia a costa del Estado, y con cargo siempre al discurso populista del resentimiento odioso de la envidia, la que predican en el colegio y profundizan en la Universidad.