¿Hacia dónde nos lleva la Convención Constitucional?

Si hay un problema cuya solución siempre ha desafiado a las sociedades modernas es cómo poder satisfacer necesidades crecientes de la población sin que, al mismo tiempo, no exista desarrollo y se fomente la riqueza o, al menos, el emprendimiento. Sin confrontar ambos desafíos, José Pepe Mujica -un marxista singular, ex Presidente de Uruguay- tenía muy claro cómo conjugarlos. Para poder asistir a los más necesitados era necesario promover la riqueza y el emprendimiento pues, de alguna parte el Estado debe obtener recursos; “a alguien hay que cobrarle impuestos”. 

De otro modo, no hay ricos ni emprendedores sino solo un actor, el Estado, dueño de los medios de producción, el único emprendedor, el único rico y, por tanto, con la hipotética capacidad para dar satisfacción a los derechos sociales (salud, vivienda, etc.) pero, en contrapartida, la libertad, los sueños, incluso, los derechos sociales se van indefectiblemente a la basura. No hay experiencia en ningún país o sociedad, en la historia de la humanidad, que haya sido exitosa concentrando en el Estado la creación de los medios necesarios para asegurar y satisfacer la plenitud de las necesidades de las personas y es por ello que, en todas partes, las experiencias izquierdistas extremas han sido un rotundo fracaso. 

La Convención Constitucional parece no tenerlo claro. Al menos, no lo tienen grupos importantes de ella en los que prima la visión extrema, y digo extrema pues lo es no solo política (de izquierda a no dudarlo), sino que también indigenista, ecológica-naturalista, feminista, entre las más notorias. Todas esas visiones extremas se han ido reflejando en las normas aprobadas, varias de ellas, por el pleno (o sea, más de 103 votos de los miembros de la Convención). El derecho de propiedad con imperfecciones severas en materia de expropiación, quebrantos graves al principio de igualdad ante la ley y la justicia, el daño a la independencia judicial. En fin, la autorización para que los gobiernos regionales puedan crear empresas, o sea, órganos del Estado creando empresas para competir con las personas a las que la Constitución debe proteger.

Pero, hay otras cuestiones que inquietan pues, la Convención se acerca cada vez más a proponer un texto con claros tintes autoritarios. Ello queda de manifiesto si es que se atiende a la sobrerregulación que existe en la mayoría de las normas aprobadas, es decir, la pretensión de los convencionales por regular ellos, ahora y en la misma ley fundamental, cuestiones que en una democracia deben quedar entregadas a las decisiones que adopten las mayorías circunstanciales al cabo de una deliberación razonada y responsable. Nada bueno podrá salir de un texto aprobado sin deliberación, impuesto a las minorías, sobrerregulado y, por ello, desconfiado de las mayorías democráticas. Un nueva Constitución de 1980, pero de color rojo.