Hagamos un recuento

El 11 de marzo se acabó un gobierno que debió enfrentar situaciones únicas en la historia de nuestro país. A pesar de que esto afectó profundamente su actuar, es necesario analizar cuál fue su trabajo y gestión, en este caso respecto a lo realizado por el Ministerio de Educación (Mineduc) entre 2018 y 2022.

En dicho período, el Ejecutivo, a través del Mineduc, presentó 13 proyectos de ley en temas tan diversos como calidad, financiamiento, participación, seguridad educativa y beneficios laborales -a funcionarios de la Junji y docentes-. Del total de estas iniciativas, sólo se aprobaron tres. La Ley Aula Segura, muy requerida en su momento tras los graves hechos de violencia ocurridos en diversos liceos emblemáticos; y los dos únicos proyectos que presentaban beneficios para trabajadores de educación, entregando mejoras en la situación laboral docente y una serie de beneficios para el personal de la Junji.

¿Existió un bloqueo legislativo? En estos cuatro años, el poder Ejecutivo contaba con minoría tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados y sus respectivas comisiones de educación, lo que indicaba un paso difícil para cada normativa. Era un desafío grande y a pesar de los esfuerzos, la oposición no se allanó a dialogar. Ejemplo de ello es la iniciativa denominada Admisión Justa, que buscaba incluir modificaciones al Sistema de Admisión Escolar; y el reemplazo del CAE, que eliminaría la banca y entregaba un financiamiento con mayor apoyo al estudiante. 

¿Sorprende? No, pues la oposición tenía el poder en el Congreso, lo que sí no deja de llamar la atención es la reacción del Poder Legislativo ante proyectos con un amplio apoyo, que buscaban realizar cambios transversalmente demandados, tales como el financiamiento para el reingreso de estudiantes desertores y establecer el nivel de Kínder como obligatorio (lo cual fue acordado en 2013 a través de una reforma constitucional unánime). Durante la discusión de dichas iniciativas, la oposición decidió bloquear todo avance; rechazaron proyectos solamente porque este gobierno los presentaba -parafraseando a un senador actual ministro-; los presidentes de comisión, en un acto inconstitucional, decidieron ignorar las urgencias presentadas por el Ejecutivo; y, si se veían obligados a aprobar la ley, realizaron reformas al proyecto quitándole todo sentido como la inédita aprobación del Kínder obligatorio, pero eliminando la obligatoriedad dentro de sus artículos.  

Con el fin de poner a los niños primero, el gobierno debió, junto con lo descrito anteriormente, formular, reforzar y ejecutar diversos programas, enfocados -en gran parte- a lograr un mejor aprendizaje de los estudiantes. En ese aspecto, los dos primeros ministros plantearon una serie de reformas para potenciar el aprendizaje en la sala de clases como “Todos al Aula”.  Junto con ello, se destaca el reforzamiento de los Liceos Bicentenario, proceso comenzado en la primera administración del ex Presidente Piñera y que ha mostrado buenos resultados fortaleciendo la educación pública. Al mismo tiempo, apoyando a los alumnos más rezagados, se presentaron los programas “Escuelas Arriba”, que apoyaba a los colegios con peores resultados para revertir su situación actual; y “Leo y Sumo Primero”, cuya misión era que los estudiantes aprendieran estas habilidades centrales para el desarrollo en sus primeros años. Con respecto a educación superior, el Mineduc trabajó en la reforma al sistema de acceso -elaborando la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES)- y una serie de iniciativas para fortalecer las carreras de Pedagogía. Si bien presentó una serie de iniciativas y programas interesantes, el estallido social de 2019 y las dos acusaciones constitucionales que sufrieron, impidieron darle la continuidad necesaria.

Por último, a pesar de contar con su propia agenda, el Mineduc se enfrentó a un escenario completamente incierto en marzo de 2020. La aparición de la pandemia cambió totalmente el panorama, y el Ejecutivo debió focalizar sus esfuerzos en apoyar la salud física y mental de los niños y jóvenes, apoyarlos en su confinamiento y generar espacios seguros para su desarrollo. En primer lugar, se flexibilizó el sistema educacional, entregando herramientas para la educación no presencial -como “TV Educa”, “Aprendo FM”, “Aprendo a leer con Bartolo”, “Aprendo en Línea”, tablets, paquetes de internet, y recursos para estudiantes y docentes-, reduciendo el currículum, flexibilizando las evaluaciones para estudiantes -como el Simce- y maestros, y realizando una nueva evaluación diagnostica de aprendizajes (DIA). 

En segundo lugar, se priorizó el retorno a clases, buscando una apertura de escuelas segura, gradual, no obligatoria y teniendo en cuenta la situación comunal de la pandemia, priorizando la vacunación del personal docente y siendo pioneros en la vacunación a niños. En ese trabajo el gobierno debió trabajar con una oposición compuesta por alcaldes, la directiva del Colegio de Profesores, diputados y senadores que buscaban demorar lo más posible la apertura de escuelas, al punto de promover una acusación constitucional en contra del ministro por buscar abrir los colegios y que los niños retornen a las clases presenciales. Finalmente, se estructuró un plan colaborativo con apoyo de estudiantes, profesores, directivos y la sociedad civil para la recuperación de aprendizajes tras estos dos años de pandemia.

¿Qué esperamos en los próximos años? En primer lugar, el nuevo gobierno debe enfocarse en continuar el apoyo a los estudiantes durante la pandemia. En ese sentido, fortalecer la asistencia a clases, recuperar los aprendizajes perdidos tras el encierro -comenzando con el aspecto socioemocional y continuando con conocimientos y habilidades- y aprovechar las nuevas herramientas digitales son elementos necesarios para enfrentar los próximos años. Al mismo tiempo, fortalecer algunas de las medidas que más impacto tienen, como los Liceos Bicentenario y los programas “Leo y Sumo Primero y “Escuelas Arriba” mostrarían una continuidad muy positiva para el desarrollo escolar de los niños y jóvenes. Finalmente, deberán enfrentarse a las presiones de asociaciones gremiales y un poder legislativo con su propio interés, para formular proyectos que pongan el bien de los estudiantes en el centro.

 

Francisco Alessandri, 

investigador de Acción Educar.