Educación a la vista, sin muchas pistas

Luego de una acotada discusión, del rechazo de la mayoría de las iniciativas populares de norma, así como de toda indicación propuesta por convencionales de derecha y centroizquierda, la semana pasada la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención concordó y aprobó un texto para regular el derecho a la educación en la nueva Constitución, el cual será próximamente votado en el pleno. 

Al analizar la norma propuesta surgen graves dudas respecto a la manera en que se abordaron y resolvieron algunos temas, siendo la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres los más perjudicados. 

En efecto, el articulado en cuestión señala que “la libertad de enseñanza comprende la libertad de los padres, madres, apoderados y apoderadas, a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo en conformidad a los mecanismos que establezca la ley”, lo cual dista bastante de lo establecido en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile que debe respetar el texto de la nueva Constitución según lo mandatado por el artículo 135 de la actual carta magna. 

Así, mientras el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas”, la Convención propone que los padres puedan elegir “el tipo” de educación. ¿Qué significa esto? ¿Poder elegir entre educación estatal y privada? ¿Poder elegir únicamente dentro de las escuelas estatales educación técnico profesional, humanista o científica? Tema no resuelto. 

Por otro lado, vale la pena considerar que los padres y apoderados van a tener libertad para elegir – aún no sabemos entre qué – pero en conformidad a los mecanismos que establezca la ley, es decir, tampoco sabemos cómo. Se consagra constitucionalmente una libertad y luego se limita a lo que establezca la ley, pasando a ser entonces algo meramente declarativo en la Constitución. Brillante y sólida manera de respetar la libertad de elegir cómo y dónde educar de quienes tienen el cuidado de los hijos. 

Lo anterior en todo caso no sorprende, considerando que, contrariamente a la historia de nuestro país y al concierto internacional, nunca quisieron considerarlo como derecho fundamental. Basta recordar las primeras discusiones en torno a si podía formar parte o no del temario de derechos fundamentales a tratar por la comisión. El camino recorrido y finalmente la redacción propuesta es fiel reflejo de aquello, y deja a padres pendiendo de un hilo. 

A esto se suma la incierta situación en que quedan los colegios particulares subvencionados, que actualmente concentran a más del 50% de la matrícula escolar en Chile, y respecto de los cuales no se termina de comprender su rol y delineamiento. Si bien no se elimina la posibilidad de que estos existan, sólo se aborda en el texto el que sean los establecimientos estatales los que permitan garantizar universalmente el derecho a la educación, sin aludir de ninguna forma en ese aspecto a los colegios particulares subvencionados. Tampoco hay mención alguna respecto al financiamiento de estos últimos, si existirá o no por parte del Estado, sin el que se pondría fin a miles de proyectos educativos a los cuales asisten millones de niños. Un problema cuya magnitud parece no alcanzan a vislumbrar. Incertidumbre y más incertidumbre.

Vislumbramos finalmente, después de meses de expectativas, la figura que se ha delineado para regular la educación en nuestro país. Se está a tiempo aún de fortalecerla, de manera tal que al mirarla de cerca no se desvanezca cual espejismo en el desierto, encontrándonos de pronto únicamente con un Estado monopólico controlador. 

 

Borja Besa, 

asesor Legislativo de Acción Educar