Suspender el Simce y la vieja historia de los árboles que no dejan ver el bosque

El ministro de Educación anunció que había solicitado al Consejo Nacional de Educación la suspensión de la aplicación del Simce por este año. Para justificar esto, hizo referencia al diagnóstico de agobio de los estudiantes, al hecho que la medición no sería comparable con la de los últimos tres años y a que la Ley de Presupuesto 2022 no dispuso recursos para financiar el Plan nacional de evaluaciones de este año. 

¿Qué consecuencias tiene esta decisión? Con ello, las comunidades educativas y el sistema escolar no podrán saber en qué medida los estudiantes están logrando los aprendizajes que debieran, en lectura, escritura, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales en algunos grados de Educación Básica y Media. 

Implica ignorar cuán cerca o lejos se encuentran los y las estudiantes de un establecimiento educacional, de una comuna o de una región, de alcanzar la calidad educativa en aprendizajes y en desarrollo personal y social que se espera de ellos y ellas y de qué magnitud son las brechas que deben ser atendidas. 

El sistema queda ciego para implementar políticas de apoyo a los estudiantes y al trabajo de directivos y docentes; las comunidades educativas dejan de saber si su propósito, educar a todos y todas en el sistema nacional de educación, se está logrando o no y en qué medida; pierden el sentido de ser responsables de los logros y de los desafíos de la escuela o del liceo. Las familias no solo dejan de estar informadas, sino que se distancian de su compromiso con el aprendizaje de sus hijos e hijas. ¿En qué actualizar a sus docentes?, ¿a qué asignar prioridad y recursos?, ¿qué recursos educativos se requieren?, ¿qué apoyo técnico pedagógico es necesario?, ¿a qué grupos de estudiantes y familias es necesario apoyar más? Todo ello, deja de tener respuestas.

¿Se justifica? No se justifica si lo que queremos es que los establecimientos educacionales basen el diseño de las estrategias de mejoramiento en la evidencia y si la prioridad del sistema educativo es la recuperación del aprendizaje luego de dos años de pérdida de clases. Según el reciente estudio de Horizontal, en los dos últimos años, nuestras escuelas y liceos estuvieron cerradas 71 semanas (promedio) y ocupamos el triste lugar trece entre los países del mundo que más clases perdieron y el primero entre países de la OCDE. La pérdida general de aprendizaje se calcula en 50.9%, pero su distribución es vergonzosa. En los establecimientos públicos fue de 66.4% y de un 44,3% en los particulares subvencionados. En los estudiantes del grupo socio económico alto, la pérdida fue tan solo de un 12,4%.

Es razonable pensar que lo que agobia a las comunidades educativas no es la información del aprendizaje. El mismo ministro reconoce que los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), que cada establecimiento aplica y que la Agencia de la calidad revisa, es muy valorada por las comunidades educativas. Aporta información sustantiva para definir la mejora. Entonces, el problema no es la medición, sino sus consecuencias a través de la categorización de los establecimientos educacionales. ¿Por qué no suspender las consecuencias del Simce y no el Simce? El Consejo Superior de Educación ya lo autorizó el año pasado y por cierto que se justifica mantener esta decisión.

Los demás problemas, como que la medición no sea comparable, tienen poca justificación, porque si se suspende este año, el próximo será peor y parece razonable y urgente saber hoy en qué condiciones están los estudiantes. 

Sorprende que frente al mayor retroceso del aprendizaje del que se tenga registro y al aumento sustantivo de la brecha entre sectores sociales ricos y pobres (razón que sí justifica el agobio), y cuando lo que se requiere es una verdadera cruzada nacional para concentrar todos los esfuerzos y recursos posibles en la recuperación del aprendizaje, se suspenda el único instrumento que aporta información fidedigna acerca de la magnitud del desafío y acerca de dónde y a quiénes entregar mayor apoyo. La decisión solo perjudica más a los que más lo requieren.

 

Carlos Concha,

profesor de Historia y Geografía, y docente asociado a las universidades Alberto Hurtado y Andrés Bello.