Redefinir y legitimar la política exterior

Hace unos días, el subsecretario de relaciones económicas internacionales, José Miguel Ahumada, anunciaba una consulta ciudadana entre agosto y octubre del presente año para delinear la política de comercio exterior de Chile. El objetivo declarado del proceso es recoger las opiniones tanto del mundo empresarial como de la sociedad civil para proyectar la agenda que comprometió el actual Gobierno en su programa y que contempla, entre otras medidas, la revisión de los tratados de libre comercio (TLC).

Las palabras que usó en dicho anuncio el subsecretario aluden a una redefinición y legitimación de nuestra política comercial. Dijo en esa oportunidad: “Queremos establecer un proceso participativo de forma tal que los principales actores que han estado involucrados en la política comercial desde el mundo privado, el sector sindical, comunidades indígenas y locales puedan plantear cuál es el tipo de política comercial que desean”. Todo lo anterior para “legitimar las decisiones que se tomen en este ámbito durante esta administración y, a su vez, dar certeza a todos los stakeholders”.

Como era de esperar, estas expresiones causaron molestia porque significan no solo desconocer nuestra política exterior de varias décadas, también implican un menosprecio a nuestra institucionalidad. En el fondo lo que se entiende a partir de estos dichos, es que lo que se ha estado haciendo desde la recuperación democrática en Chile en materia económica en política exterior no dialogaría ni con las necesidades del país, ni con la voluntad de su gente.

Las reacciones parlamentarias, académicas, de ex cancilleres y otras personalidades no se hicieron esperar, criticando esta visión. Tanto así que debió intervenir la propia ministra de relaciones exteriores, diciendo que había habido un problema de comunicación y que nunca se cuestionó la legitimidad de la política comercial en curso ni sus logros. Agregó que este ejercicio de consulta es para tener insumos para decisiones futuras.

En relación con este episodio, unos breves comentarios antes de ir a consideraciones más de fondo y sugerir algunas recomendaciones.

En primer lugar, me quedo con la impresión inicial respecto de las declaraciones del subsecretario, en el sentido de que este ejercicio responde a la convicción de que la actual política exterior, al menos en materia económica, ya no es legítima ni responde a los requerimientos del país ni de su gente. Me fundo en el perfil de José Miguel Ahumada y sus escritos y declaraciones anteriores, incluyendo durante la campaña, además de la posición de su conglomerado y su programa de política exterior. En otras palabras, fue un acto de cándida franqueza, a partir de una enraizada posición ideológica que ve todo el entramado de acuerdos comerciales que tenemos como una expresión más del neoliberalismo (cuya tumba se espera esté en Chile) y cuyos resultados han sido nocivos para la mayoría, incluyendo el medio ambiente. Esa visión incluye una apreciación extremadamente crítica de nuestras instituciones, incluyendo el parlamento, las que no serían suficientemente representativas (no olvidar la expresión de un partido del Gobierno de “tener un pie en la calle y otro en el Congreso”). 
Refuerza esta impresión, la reiteración del propio subsecretario sobre que se debe esperar el resultado del plebiscito constitucional para tomar decisiones de fondo y para ir adelantando, se hace este proceso de consulta.

En la óptica del subsecretario y asumiendo que la nueva Constitución es aprobada, esta otorgará los lineamientos para una nueva política exterior y será la fuente principal de su legitimidad.

¿Pero qué hace que algo, como la política exterior económica en este caso, sea legítimo? Sin querer filosofar sobre un tema que da para mucho, la legitimidad, como tal, implica el reconocimiento, por parte de los otros, de que una persona está investida de autoridad pública para ejercer un cargo del Estado. Y cuando alguien está dotado de legitimidad, tiene la capacidad de realizar una función pública que implique ejercer el poder, mandar y ser obedecido.

Sin duda que en Chile vivimos una crisis de legitimidad y buena parte de la generación que accedió ahora al poder cuestionaba y cuestiona nuestra actual arquitectura institucional, de ahí el apoyo a una nueva Constitución que se considera solucionará dicho problema.

La paradoja de las ideas y dichos del subsecretario es que, a partir de una perspectiva equivocada en mi opinión, aborda un tema necesario. El problema en ningún caso es la legitimidad de lo realizado: los TLCs fueron negociados, suscritos, aprobados y ratificados en democracia, además con un proceso permanente y creciente de interacción con la sociedad civil, que incluyó desde diálogos regionales, hasta “cuartos adjuntos” durante las negociaciones, pasando por escuchar a todo quien quisiera expresar su opinión en el Congreso Nacional durante la tramitación de los acuerdos. A ello, se agregan los propios tratados vigentes que consideran en sus procesos de actualización el más amplio diálogo con los actores sociales.  

Además de legítima, esta política exterior comercial trajo amplios beneficios para el país en términos generales. Lo que sí es necesario, es consensuar una nueva política exterior y ahí el ejercicio propuesto puede entregar insumos valiosos para ayudar en ese debate.

Como lo he dicho en varias oportunidades en este espacio, después del Gobierno de Ricardo Lagos no hubo una visión de política de Estado en materia internacional, y hemos seguido en una inercia que ha dejado en evidencia crecientes fisuras y diferencias respecto de esa estrategia. Junto con ello, no ha existido una discusión sistemática respecto de qué queremos como país en la materia.

Por eso, involuntariamente, este proceso de consulta podría ser el gatillante, desde el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, para discutir formalmente los ejes de nuestra política exterior, con una dimensión de Estado. Y en esa línea, tratar de plasmar la nueva visión en un “libro blanco de la política exterior”.

Pero para que ello suceda, deben concurrir varias condiciones. En primer lugar, que la cancillería invite y se haga parte del proceso como una de los articuladores principales. Y esto no requiere esperar el plebiscito constitucional, porque lo que se defina en materia internacional podrá estar condicionado por el resultado electoral, pero no obsta a avanzar en su discusión.

Otra condición es que el diálogo y las consultas sean realmente amplios y representativos, y no terminen siendo capturados por unos pocos activistas, como desgraciadamente ocurrió respecto del CPTPP, tratado respecto del cual una minoría muy organizada logró instalar mentiras y equívocos respecto de sus reales alcances.

Estas consultas deben ser complementadas con otros instrumentos y mediciones, muchas de las cuales ya se encuentran disponibles y que en algunos casos incluso se realizan en forma periódica, como la Encuesta de Percepciones sobre Política Exterior y Seguridad Nacional de Athenalab, la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica de Chile, Latinobarómetro y diversos estudios de percepción de Marca Chile.

Además del Congreso y la academia, hay instancias como el Consejo Asesor de política exterior que están en una inmejorable posición para aportar en esta discusión.

En definitiva y ya que se anunció un proceso de consulta, abordemos la necesidad real de consensuar una política de Estado en materia internacional, revisando y discerniendo en forma amplia qué representa ahora nuestro interés nacional y cómo acometer de mejor manera nuestra política exterior.

Sería lamentable que el ejercicio fuera solo tomado para justificar o confirmar una posición respecto de nuestra estrategia comercial e inserción en el mundo.

Como académico y ciudadano estoy disponible para esta discusión que no admite más dilación, en un mundo muy dinámico y en el cual el sentido de oportunidad se vuelve más urgente.