Inversión y nueva Constitución

El Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador de desarrollo de un país y mide el bienestar de su población. En esa línea, la inversión, que representa cerca del 25% del PIB, es una potente fuente generadora de bienestar en la sociedad, crecimiento de la economía y desarrollo de los mercados.

La obtención del capital para realizar las iniciativas de inversión privada proviene, de manera significativa, del mercado financiero. Así, las empresas pueden acceder a capital en condiciones competitivas y crear valor económico. Esto, gracias a los beneficios del apalancamiento financiero, a través de instrumentos de deuda como la emisión de bonos corporativos y créditos sindicados.

Dada la profundidad del mercado de capitales chileno es posible articular fondos de mayor cuantía y en plazos más extensos. Estas características permiten desarrollar proyectos de gran escala que impactan positivamente en términos económicos, sociales y ambientales generando más oportunidades para el crecimiento y desarrollo sostenible.

Sabemos que el borrador de la nueva Constitución está pensado en buscar mejoras para la calidad de vida del país. Sin embargo, aborda algunos temas que podrían afectar la inversión y que conviene analizar.

Por ejemplo, una mínima (o nula) incertidumbre respecto a las atribuciones del sector político genera un clima ostentoso para invertir, dado el menor impacto de la transitoriedad que podría existir en quienes gobiernan. Así, el aprobar leyes por mayoría simple, como lo propone el texto entregaría mayores capacidades al gobierno de turno, implicando un riesgo de utilización política.

Otro punto importante tiene que ver con la propiedad privada, donde es un imperativo reconocer los bienes por quien los adquirió y ante una eventual expropiación la valoración del bien sea en condiciones de mercado y no por un “precio justo” con términos poco claros de compensación.

La propuesta de Constitución permite, además, diferentes reglas para distintos territorios, lo cual no contribuye al dinamismo y actividad del aparato productivo a través de las iniciativas y capacidades privadas, y podría tener un efecto de segregación en ciertos territorios.

En temas de energía se busca que las personas tengan derecho a un nivel mínimo de energía asequible y que el Estado garantice la equidad y no discriminación en el acceso. Se debe cuidar que el uso de subsidios y un gasto permanente de recursos públicos no conlleve un riesgo asociado al cobro de facturas de energía afectando los flujos operacionales y la viabilidad de proyectos

El hecho de incrementar los requerimientos para desarrollar proyectos, agregando la obtención de aprobaciones, debilitando los derechos de propiedad y reduciendo la disponibilidad de financiación (debido a los cambios en el sistema de pensiones) aumenta el riesgo de largo plazo. Con esto aumentarían las iniciativas de inversión de menor cuantía y plazo, afectando negativamente el crecimiento potencial. Y podría incurrir en el aplazamiento de algunas iniciativas de mayor cuantía.

 

Jaime Vera,

académico Ingeniería Comercial UNAB