Desmenuzando el texto refundacional, quinta parte: caos político

Si hasta ahora estábamos cansados y, justificadamente, de los políticos porque han leído y muy mal las necesidades de la gente, lo estaremos aún más y por lejos con el texto refundacional que revisamos, con el agravante de que el voto de cada uno ya no valdrá lo mismo, lo que marca una diferencia sustancial con nuestra historia constitucional, la que desde el año 1818, reconoce entre nosotros la igualdad civil. 

Lo anterior porque, en la normativa que se votará en septiembre, el Estado se obliga por razones raciales, tal como lo hacían los nazis alemanes, a garantizarles a la población indígena una representación política en los órganos de elección popular sin considerar el número de votos que ellos obtengan. Se replicará lo que pasó con la Convención Constituyente, en la que, en virtud de una reforma Constitucional realizada con fecha posterior al Plebiscito, se reservaron 17 escaños para los pueblos originarios, los que con el voto de sólo el 3,54% de los electores eligieron el 11% de los constituyentes.

Este hecho absolutamente antidemocrático, que provocará caos o si se quiere desorden en la distribución del poder político, se verá acentuado dramáticamente con la cantidad de instituciones nuevas, todas políticas y financiadas con la generosa billetera fiscal, que se nutre ya sabemos con cargo a los impuestos, tasas y contribuciones que nos cobran. Habrán Asambleas Regionales, Unidades y Juntas Vecinales, Uniones Comunales de Juntas Vecinales de carácter rural, Asambleas Sociales Comunales, y Autonomías Territoriales Indígenas. Además y como si lo anterior resultara insuficiente, se permitirá la conformación de Empresas Públicas Municipales, y se crearán; la Justicia vecinal, que está compuesta por los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal, el Consejo de la Justicia, el Servicio Integral de Acceso a la Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, y la Agencia Nacional del Agua, todos órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el que obviamente no se dice, pero sabemos saldrá del bolsillo y consecuentemente de la ninguneada propiedad de todos nosotros – no políticos ni burócratas -. Todo lo dicho, sin considerar; el Consejo de Alcaldes(as), el Consejo Social Regional, el Consejo de Gobernaciones, las Comunas Autónomas, los Concejos Municipales, y los cambios a la seguridad social, la salud, y la educación, que redundarán en más burocracia, porque se crearán; el Sistema de Seguridad Social Público, el Sistema Nacional de Salud, y el Sistema Nacional de Educación.

En síntesis, lo que habrá será un desorden de proporciones en la administración del poder, lo que se traducirá en una innegable ineficacia en la gestión pública, la que será colmada hasta el hartazgo por los “amigos del poder”,  mismos que antes reclamaban contra los pitutos y los sueldos exorbitantes del poder político.