Hagamos una mesa

Ayer se cerró el trabajo formal de la Convención Constituyente con un acto que algunos insisten en llamar “republicano” pero con ex presidentes ausentes. Ahora quedan otros dos largos meses de inercia gubernamental y legislativa, para pasar de las mesas de trabajo… al trabajo.

“Vamos a establecer una mesa de trabajo donde estarán convocadas todas las actorías involucradas para visibilizar esta materia y poder articular una estrategia robusta y pertinente que impulse miradas distintas desde todos los sectores. Identificaremos brechas, estableceremos desafíos y asumiremos compromisos, para lograr una solución sostenible, paritaria, multicultural e inclusiva, de manera de construir una gobernanza clara en nuestras orientaciones y lineamientos que nos permita avanzar responsablemente para el bien de todas, todos y todes”. 

El párrafo no es caricatura, no es exageración. Es el estilo que se impone para empatar políticamente el tiempo, pero, sin duda, Les Luthiers haría chupete con él.  

Copiando la costumbre que me confesó hace unas semanas la filósofa Lucy Oporto, me he dedicado a llevar un registro de las noticias de asaltos, portonazos, encerronas, robos violentos, en que aparecen involucrados menores de edad. Resulta medio masoquista, sobre todo porque al mismo tiempo me toca escuchar de lo poco que se está haciendo frente a un tema que debería ser prioritario en materia de prevención del delito: la reinserción escolar. Porque, con todas las precariedades posibles, la escuela es y será siempre un espacio de protección. Esa es una lección contundente que dejó la pandemia, pero henos aquí hoy: con los estudiantes sin clases en una larga e improvisada vacación de invierno. Y esos no son los excluidos. 

Existen cerca de 200 mil niños, niñas y adolescentes privados de su derecho a la educación en Chile (aún el Ministerio de Educación no entrega cifras actualizadas sobre el tema). Son repitentes, “problemáticos”, en todo sentido; arrastran un importante rezago escolar; han sido marginados por cómo hablan, se visten, se comportan; a veces son padres y sobre todo madres precoces; cargan experiencias de bulliyng, expulsión, castigo, discriminación; sus familias son disfuncionales, vulnerables, sin figuras de autoridad ni redes de apoyo. Todo esto los convierte en caldo de cultivo para terminar convertidos en “soldados” de los narco en los territorios más vulnerables. 

Un informe de Carabineros señala que “desde el año pasado se registra un aumento progresivo de participación de menores de edad en delitos graves. En abril, fueron 163 los niños y adolescentes detenidos por robos violentos. En lo que va del año, son 23 mil los detenidos por robos, de los cuales 2.810 son menores de edad, que en su mayoría participaron en asaltos con violencia”. Sabido es que los menores de 14 años son inimputables y, desde lo psicológico, tienen menos conciencia de las consecuencias de su conducta. Ambos elementos los vuelven más agresivos y peligrosos que los de delincuentes adultos. 

¿Qué aconsejan los que saben, los especialistas? Fortalecer las redes familiares y reinserción escolar. 

¿Qué hacen las autoridades? 

Ni siquiera han contado cuántos excluidos hay ahora, pero, sí, organizan mesas. Y tampoco contribuyen a financiar a los que hacen pega.