Un no debate

El debate sobre la propuesta de la nueva Constitución es un no debate. 

Los argumentos de los partidarios del Apruebo y del Rechazo no se topan, son sobre temas distintos, no hay argumentos y contraargumentos. 

Unos, los del Apruebo, ponen acento en el proceso, el único democrático en la historia de Chile, además de paritario y plurinacional. Basta ello para apoyar lo que surgió de allí, sería una obligación. Y luego, se refieren al gran cambio que significa establecer un Estado social de derechos. Ese sería el corazón del nuevo Chile, lo demás podrá arreglarse en el camino. Lo importante es un texto que entrega un gran poder al Estado y que incluye nuevos derechos sociales, a las mujeres, a las diversidades sexuales, a los adultos mayores, a la niñez, además de derechos a la naturaleza, preocupación por el calentamiento global y tantos otros que representan un avance. 

Desde el Rechazo, en cambio, más allá del juicio sobre el proceso constituyente que vemos como una oportunidad perdida y de los acuerdos que podamos tener en relación a muchos aspectos nuevos y en materia de derechos sociales, el cuestionamiento está puesto en la estructura de poderes que la propuesta constitucional establece. 

El primero es la forma en que se establece el reconocimiento y participación de los pueblos indígenas. La plurinacionalidad, reconocida por varios convencionales como un “concepto en construcción”, sustituye a la nación chilena por el Estado de Chile, dividido en al menos en 12 naciones, autónomas, con territorios, gobierno y justicia propios, y que “pueden participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del estado” (artic.34). O sea, no tienen obligaciones para el Estado chileno, aunque tienen escaños reservados sobre representados (los chilenos eligen en proporción a sus votos, ellos en proporción a su población), tienen poder de veto en todo aquello que les afecte en sus derechos y, además, el Estado debe darles un trato especial. 

En segundo lugar, el Rechazo cuestiona el debilitamiento de los contrapesos y autonomía de los poderes públicos. El Poder Judicial, pasa a ser Sistemas de Justicia con un Consejo Nacional de la Justicia, en cuya composición el poder político tendrá alta influencia. El sistema político también es experimental, con un Presidente que dependerá de un Congreso de Diputados y Diputadas con amplias facultades, incluida la participación en la iniciativa de gasto, que aprueba leyes y decide nombramientos por mayoría simple y sin el contrapeso de un Senado, que se sustituye por una débil Cámara de las Regiones. Añádase que se suspende el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia lo cual debilita las facultades del Presidente para garantizar el orden público. El Presidente que tenga mayoría en ese Congreso podrá hacer lo que quiera y podrá reelegirse, lo cual es un riesgo para la democracia y la gobernabilidad. Esta no es una aprensión injustificada si miramos lo que ha pasado en países de nuestra región. 

Por último, otro serio cuestionamiento del Rechazo, se refiere a las condiciones de un texto que no garantiza el desarrollo del país y, por ende, el anhelo compartido de que los derechos sociales no queden, como ha pasado en tantas constituciones, como letra muerta. Se advierte sobre qué consecuencias tendrá “el precio justo” en caso de expropiaciones, el impacto que tendrá la forma en que se establece el uso del agua para las actividades productivas, cuánta estabilidad habrá para las inversiones con el derecho a huelga para todos (restringido sólo a las tres ramas de las FFAA), con causales amplias que no se refieren a las relaciones dentro de las empresas. El economista Joe Ramos ha dicho recientemente, “no veo ningún artículo que favorezca la productividad y el desarrollo”, mientras un equipo transversal de expertos ha calculado que el costo fiscal de los compromisos de la propuesta constitucional es de entre 9% y 14 % adicional del PIB.  Eso significaría que Chile debería crecer sobre un 10% anual para lograrlo durante varios años. Esto, mientras este año, tendremos un crecimiento cero, el más bajo de América Latina. 

Frente a estos cuestionamientos de fondo, los voceros del Apruebo no tienen contra argumentos para defender lo propuesto. Algunos dicen, aprobemos para reformar, son mayoritariamente los que provienen de partidos ex Concertación. El Presidente responde con una aparatosa intervención electoral, ligando el aumento de su popularidad al aumento del Apruebo, haciendo anuncios como el término de todo copago en instituciones de Fonasa, sin aclarar que ello implica ponerse en la cola de las listas de esperas: 2 millones para atenciones de especialistas, 315 mil para cirugías. Bajó a la arena electoral el Presidente, reduciendo su legitimidad para ejercer un liderazgo nacional que será tan necesario después de un resultado que se ve estrecho, en un Chile más polarizado. 

Las razones del Rechazo y del Apruebo son de distinta complejidad. Por eso es mucho más sencillo defender al aumento de derechos y mucho más difícil, para quienes aprueban, defender la plurinacionalidad extrema, un sistema político sin los equilibrios necesarios y de las consecuencias de medidas desmedidas. Titubean, porque salvo las cabezas más intransigentes, saben que habrá muchos efectos negativos.

De seguro, en el estilo predominante, esta visión será calificada de fake news o mentiras para defender privilegios y querer mantener la Constitución de Pinochet. El simplismo, la división entre buenos y malos y la falta de respuestas.

Por mi parte, no pretendo dudar de la honestidad de quienes piensan que estamos frente al inicio de un nuevo Chile más justo. Discrepo, me parece ingenuo. Me preocupa el futuro de nuestra democracia y nuestra unidad. Pero como muchos, confío en la sensatez de nuestro pueblo, que es uno y es diverso, para elegir el camino capaz de buscar el acuerdo amplio, que no fue posible en el clima totalitario de la Convención, para tener una nueva Constitución. Es un rechazo con esperanza.