No es progresista votar Apruebo

En pocos días los chilenos estamos obligados a pronunciarnos respecto de la propuesta de constitución elaborada por la comisión constituyente. Bastante se ha escrito y discutido respecto de su contenido, que destaca más por sus defectos que sus aciertos. Y la pregunta que seguro cruzará la mente de muchos electores es cuál es la virtud de optar por algo que sabemos defectuoso y que deberá ser reparado. Algunos intentan justificarlo líricamente como una disputa entre una generación joven moralmente superior a la de sus antecesores faltos del coraje suficiente para avanzar en los cambios. 

Por su parte, el progresismo local recurre al relato que le asigna a la propuesta ser una especie de llave que le permitirá a Chile dar un salto al progreso y a la modernidad. Pues sólo con ella se podrán llevar adelante los tan postergados cambios que la constitución impuesta por Pinochet ha impedido por tanto tiempo. Aprobada la propuesta, podremos acceder a vivir en una sociedad de mayor inclusión, protección de la naturaleza, justicia social y mucho menos desigual. Sin embargo, tal como afirman muchos políticos e intelectuales progresistas, las sociedades progresan en la medida que tanto la política como la economía hacen bien su trabajo. El progreso y la justicia social requiere que ambos funcionen. Por lo tanto, la pregunta es si la propuesta aborda este desafío y ofrece al país un arquetipo de sociedad que encare efectivamente cuatro objetivos principales. 

En primer lugar, fortalecer el funcionamiento de una democracia representativa fundada en los principios de “un ciudadano un voto” y de “competencia pacífica por el poder”. Segundo, una estructura de instituciones y definición de derechos que propicie la justa generación de prosperidad y su distribución. Tercero, un Estado de Derecho fuerte apoyado en los pilares de imperio de la ley, la separación de poderes y contrapesos como sus cimientos principales. Y cuarto, robustecer la sociedad civil y la cohesión social.

Respecto al primero, la propuesta crea preferencias en favor de ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios lo que vulnera el principio de un ciudadano un voto. En cuanto a la competencia pacífica por el poder, el rediseño del sistema político es sin duda uno de los principales olvidos u omisiones de la propuesta. Los países no progresan si la política no funciona bien y nuestros últimos diez años ofrecen evidencia muy abundante de esta falla. El país requiere de un sistema político orientado a que se generen todos los acuerdos posibles. No uno que funciona sobre la base del bloqueo permanente, el entrampamiento, el fraccionamiento y que siempre llega tarde a resolver los problemas de la gente. Pensiones, salud y educación son un recordatorio de esta triste realidad. 

En cuanto, a instituciones y derechos, las naciones que prosperan son aquellas que favorecen la creación justa de riqueza, no su apropiación. Lo propuesto en materia de derechos de la naturaleza y aguas introduce incertidumbres que indudablemente afectarán la actividad y la inversión. Los cambios en los resguardos al derecho de propiedad agregarán otro tanto. El aumento de cobertura y calidad de un nuevo sistema de prestaciones sociales garantizadas requerirá de un tremendo esfuerzo fiscal. Entonces las nuevas reglas debiesen favorecer la creación de riqueza, no ahuyentarla. La propuesta introduce riesgos innecesarios y evitables que no aportan al progreso. El país nada gana con estos cambios.

El Estado de Derecho se funda en los principios de imperio de la ley, separación de poderes y contrapesos que buscan resguardar a los ciudadanos del poder y hacer efectiva la igualdad ante la ley. Estos principios se debilitan si se interviene como se propone la administración de justicia y la estructura del Congreso. El objetivo es tener jueces independientes no jueces obsecuentes al poder. Por otro parte, los cambios a la estructura del poder legislativo fundados en la supuesta duplicidad y baja productividad que tendría la actual, ocultan que tales fallas son producto de un diseño de sistema político agotado. Reducir contrapesos no es el remedio adecuado. Y el imperio efectivo de la ley requiere de seguridad y de orden pues son indispensables para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos más elementales como son trabajar y desplazarnos. Dudar de la importancia del orden como condición necesaria para el ejercicio real de las libertades es una muy equivocada idea.

Por último, en lo relativo a la sociedad civil y la cohesión social, precisamos de un Estado que haga bien su función redistributiva y que promueva las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Un Estado que facilite la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Uno que ayude a enfrentar los grandes desafíos de nuestra época: cambio tecnológico, medio ambiente, demografía y cultura. Los modelos de plurinacionalidad y regionalismo que se proponen van en la dirección opuesta a este tipo de Estado facilitador.

La propuesta de constitución está bastante lejos de las ideas progresistas que deberían inspirarla. Lo verdaderamente progresista será poner todas las energías para construir nuevos acuerdos. Tal como lo advertía en el año 2009 el Informe de Desarrollo Humano en Chile del PNUD, el desafío que enfrentamos es el de cambiar la manera como hacemos las cosas. Chile va a tener una nueva oportunidad para dar un salto de verdad a la modernidad y mayor equidad luego del plebiscito concordando una constitución que haga posible el progreso y la justicia social. Y una tarea de tal envergadura requiere de un ambiente de paz entendida como Nelson Mandela, no como ausencia de conflicto sino como la creación de un entorno en que todos podamos prosperar. Las sociedades que progresan son aquellas en que la cooperación fue capaz de desterrar a la confrontación.