40 horas, con capacitación y más productividad

El gobierno acaba de presentar un conjunto de indicaciones destinadas a reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales. Los principales argumentos para justificar la medida son alinearse con el promedio de horas trabajadas en los países OCDE y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero, ¿qué pasará con el empleo y los salarios de los trabajadores si esta rebaja de jornada no viene acompañada de una mejora en su productividad? y ¿cómo se podría mejorar la productividad laboral?

La rebaja de jornada avanza en la dirección correcta – pero como todo en la vida- tiene costos y beneficios. El arte está en lograr un equilibrio donde los beneficios superen a los costos. Para que ello ocurra, no basta con empujar porfiadamente la propuesta o sólo tratar de persuadir a quienes ofrecen resistencia a la medida. Se necesita algo más: evaluar, y generar instrumentos normativos y políticas públicas que reduzcan o mitiguen las consecuencias negativas o indeseadas que la reducción de jornada puede producir en el mercado laboral, como también, destacar sus beneficios. Algunos estudios realizados sobre la materia muestran que la rebaja de jornada podría tener impactos negativos en salarios, en empleo y en la sustitución de trabajadores por tecnología. Por otro lado, tendría efectos positivos en la conciliación de la vida laboral y familiar, mejora en los índices de salud mental y disminución en la accidentabilidad laboral.

Ahora bien, para evitar los efectos negativos en salarios y empleo, más allá de una implementación gradual de la medida, la rebaja de jornada debe ir acompañada por un aumento en la productividad laboral, la que se debe alcanzar por dos vías: una, flexibilizando la forma de organización del trabajo, con acuerdo de las partes, y dos, mejorando o ampliando las competencias de los trabajadores. Si queremos alinearnos con los países de la OCDE, en cuánto a las horas trabajadas, es necesario también, alinear la productividad de nuestros trabajadores con la de los trabajadores de esos países para que la reducción de la jornada no termine traduciéndose, simplemente, en menos empleos o en trabajos más precarios, o con salarios más bajos.

No podemos enfrentar seriamente la rebaja de la jornada sin que al mismo tiempo, con la misma fuerza y con sentido de urgencia, asumamos los déficits de formación de nuestros trabajadores y trabajadoras, especialmente en el contexto de la economía digital, la expansión de las TICs, el teletrabajo y la automatización productiva. La agenda de modernización de la política pública de capacitación y formación para el trabajo, considerando su institucionalidad, sus instrumentos, los contenidos, el modelo de financiamiento y la industria, son tareas que deben ser asumidas por el gobierno con la máxima prioridad. Afortunadamente existe trabajo adelantado en un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo del Senado. Hay que tomar la posta, continuar la tramitación legislativa de esta iniciativa e introducir los perfeccionamientos necesarios.

Es el tiempo de impulsar esta ambiciosa y necesaria agenda laboral, pero debe hacerse de manera integral, impulsando la reducción de la jornada, incorporando nuevos mecanismos de distribución y adaptabilidad de los tiempos de trabajo, dando un salto en la política pública de capacitación, y levantando la productividad laboral.