La crisis del consenso y la discordia constitucional desde Vial

El 29 de agosto de 1908 nació Gonzalo Vial Correa. Abogado e historiador, ministro de educación, investigador destacado y polemista que no pasó desapercibido en el cierre del siglo XX y la primera década del s. XXI. Los últimos años han estado marcados por su redescubrimiento para las nuevas generaciones, destacándose el trabajo de la editorial Tanto Monta con la recopilación de ensayos y conferencias “Chile en el tiempo: sociedad, política y crisis” (2021) editado por el historiador José Manuel Castro. Vial fue un agudo analista de la contingencia nacional. Su rigor histórico y absoluta indiferencia a juicios ideológicos lo transformaron en un verdadero intelectual público, al cual se hace necesario volver. De especial relevancia, a pocos días del plebiscito constitucional, es su análisis en torno a la necesidad de un consenso para la unidad nacional.

Vial entendía que el país, para funcionar, necesitaba de un acuerdo tácito entre las grandes mayorías sobre materias básicas de la sociedad. El empobrecimiento de un consenso o las divergencias profundas en las grandes mayorías conducen a los momentos de crisis, que si no se solucionan paralizan al país. La solución, como es predecible, es el nacimiento o imposición de un nuevo consenso. Las materias básicas que exigen ese gran acuerdo son tanto doctrinarias como políticas, económicas y sociales. La importancia de estos consensos amplios es que  forman el terreno común para el encuentro entre los chilenos, donde se cimienta la unidad nacional,  base de la paz y del desarrollo.

El consenso nacido al alero de la Constitución de 1980 se sustentó en la democracia representativa y la economía libre con efectos positivos en la convivencia cívica y la generación de oportunidades. Sin embargo, a juicio de Vial, fue limitado en lo doctrinario y lo social, en concreto, por la persistencia de la miseria, la mala calidad de la educación y la ausencia de una definición ética en la comunidad política. Estas deficiencias incubaron un círculo vicioso. Tanto la miseria como la mala educación debilitan al sistema democrático, mientras que la indiferencia moral del Estado agudiza el desamparo de los sectores vulnerables y deja desprovisto de contenido al régimen republicano, que se reduce al formalismo legalista -el mismo que colapsó en 1973-.Tras la revolución de octubre de 2019, varias de estas falencias quedaron expuestas. Es innegable que la sensación de término  definitivo del consenso se instaló, al parecer sin retorno.

El proceso constituyente es el intento -cuestionable- de dar solución a la crisis del consenso y la propuesta constitucional es la base del nuevo. Y esta merece un análisis a partir de las categorías de Vial. A nivel doctrinario, hay una clara adhesión a una suerte de progresismo. La línea “valórica” del texto queda materializada en la apertura a la inclusión del aborto libre, la educación sexual hedonista obligatoria, la personalidad de la naturaleza, etc. En materia política rompe con elementos propios de la tradición nacional que son heredados de consensos anteriores, como el estado unitario o el bicameralismo. Se instala incluso el plurinacionalismo, inédito en nuestra tradición jurídica y con alcances difusos y difíciles de prever.  En lo económico, trata de revivir los peores elementos del intervencionismo estatal desdibujando la autonomía del Banco Central y debilitando la protección de la propiedad con un mecanismo expropiatorio más laxo. Por último, lo social queda sujeto a un proyecto socialdemócrata, no inusual en nuestra historia, pero que se contradice con algunas libertades de larga data arraigadas en la cultura y sentido común nacional, como la de enseñanza.

Es decir, el consenso que intenta construir la propuesta de nueva constitución no solo no aborda las limitaciones del consenso en crisis, además desecha los elementos positivos del conjunto de las instituciones y principios heredados de otros momentos de nuestra historia. Particularmente grave es la nueva opción doctrinaria y social. Pensando en los propios términos de la reflexión histórica de Vial, el progresismo -basado en el relativismo ético- y el intervencionismo estatal no son realmente favorables a los fines de fortalecer el tejido social y dar oportunidades a los más vulnerables. No porque se deba imponer una moral religiosa o por quitar relevancia a la acción estatal -pues en Chile el Estado ha sido y será protagonista, especialmente para la opinión pública- pero se cae en los excesos opuestos. Que el Estado imponga una concepción del ser humano que pone el propio interés y la autonomía como los fines superiores de la vida en comunidad, a su vez que se transforma en el gran proveedor de servicios en reemplazo de las agrupaciones de la sociedad civil, profundiza los aspectos grises del consenso formado a partir de 1973.

De todos modos, decía Vial que la historia no enseña nada a los historiadores, pero sí a todos los demás. Un mal consenso conduce a impedir el encuentro de las grandes mayorías. Y la falta de ese encuentro impide la unidad nacional. De nosotros depende que ese nuevo consenso se construya sobre bases sólidas, como lo son el conjunto de instituciones y creencias que han sido exitosas a lo largo de nuestra historia: la adhesión a los grandes valores del occidente cristiano, un Estado-nación integrador, la figura del Presidente de la República, la existencia de un Senado, un Poder Judicial independiente y despolitizado, la promoción de la capacidad creadora de los ciudadanos en la vida social y otras nociones que tienen el potencial de reunir a los chilenos en un momento que lo exige con particular fuerza.