¿Qué importa el domingo?

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Luego de casi 3 años desde el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución – aquel documento que debieron firmar los partidos políticos para poner fin a la violencia desatada en nuestro país tras el “estallido social” del 18 de octubre- el plazo de este proceso llega a su fin. 

Este domingo parece ser que se definen los designios de Chile no solo en cuanto a la Constitución se refiere, sino también al gobierno y la conducción del país. Y es que, si bien ambos no debieran estar necesariamente ligados, han sido nuestros mismos gobernantes los encargados de dar señales en esa dirección. 

Declaraciones, por ejemplo, como las del ministro Jackson señalando que “La Constitución que se termine de redactar y se plebiscite será un momento determinante para el Gobierno porque buena parte de las reformas que planteamos tienen como principal factor obstáculo la actual Constitución” o “El tener una nueva Constitución es una condición sine qua non para llevar a cabo estas agendas”, así como la intensa promoción en favor del nuevo texto por parte del Presidente y ministros, hacen difícil separar ambos planos. Lo anterior invita a reflexionar sobre lo que han sido estos 6 meses de gobierno en espera de esta nueva carta fundamental y lo que podrían ser el próximo año o dos si no se da su “condición sine qua non”. 

En lo que se refiere a materia educacional al menos, a la espera hemos estado y seguimos, de iniciativas propositivas que resuelvan los diversos problemas que aquejan a nuestro sistema educativo. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Cancelación, eliminación, suspensión y aplazamiento. En términos simples, retro excavar. 

Terminar con el CAE, imán de votantes jóvenes que conformaron el grueso del apoyo al Presidente, ¿para reemplazarlo con qué? ¿Cómo financiarán sus estudios los miles de estudiantes que hoy acceden a instituciones de educación superior – de su elección y preferencia- gracias a esta herramienta creada por el Presidente Lagos? Mejorable, por cierto, pero hoy una alternativa que permite y ha permitido estudiar a muchos. Es de suponer que estarán a la espera de la gratuidad universal contemplada en la propuesta constitucional, ¿y si no? ¿Y para los que quieran algo distinto?

Pretendieron también no realizar el Simce. Luego de dos años de pandemia sin clases presenciales pareciera no interesarles constatar los efectos que ésta tuvo en los aprendizajes. Afortunadamente, el Consejo Nacional de Educación veló por el sistema y confirmó la medición. Finalmente vino la eliminación de los puntajes nacionales para romper con la “retórica del mérito”, en palabras de la Subsecretaria de Educación Superior. 

En materia de proyectos de ley la tónica no ha sido muy distinta. Hemos visto iniciativas del Ejecutivo para aplazar la entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos de matrícula y cobros de titulación en instituciones adscritas a la gratuidad. Asimismo, pretenden suspender la evaluación docente para este año y desde ya, para el próximo, acumulando así 4 años de profesores sin evaluar. Poco contenido sustantivo en los proyectos ingresados, y hasta el momento, solo promesas de futuras presentaciones más robustas.  

Todo esto bajo un manto de violencia escolar del cual han sido privilegiados espectadores. 

Si bien el plazo está cumplido, la deuda está aún lejos de ser pagada, y hasta el momento lo único que ha aumentado de forma consistente es la incertidumbre. Sea cual sea el resultado del plebiscito de salida, quedan todavía tres años y medio de este gobierno, llenos de desafíos que necesitan de propuestas activas. 

Suficiente eliminación de lo que hay, es momento de actuar. Chile lo espera.

Borja Besa, Asesor Legislativo Acción Educar