La desconocida profundidad de la ausencia

Es evidente que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación no creen en una educación especial para los niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar. Urge medir cuántos son y definir una modalidad educativa de reingreso. 

No comulgan con la idea de una oferta especial que comprenda las singularidades de una población que ha sido persistentemente maltratada por una educación rígida que descarta a los complicados, a los distintos, a los que no se ajustan, porque tienen problemas de aprendizaje, económicos, familiares, sociales. A los que por su pobreza y vulnerabilidad, terminan no cumpliendo con los doce años de enseñanza obligatoria y van quedándose rezagados, pegados, son expulsados o simplemente tiran la esponja, porque no encuentran utilidad a seguir tratando de aprender con todo en contra. 

La pandemia perjudicó directamente a este grupo. Los cierres de escuelas a causa del COVID-19 afectaron a todos los estudiantes, pero en especial a los que no tenían las herramientas y el acceso necesarios para seguir aprendiendo de manera virtual. O sea, a los más pobres y vulnerables. 

Lo más grave es que aún no sabemos para cuántos niños, niñas y jóvenes el cierre de los establecimientos educacionales no fue sólo una compleja interrupción temporal de su “trayectoria educativa”, sino el final abrupto de ese camino. 

Dicen que el Ministerio tiene el dato, pero no lo entrega. Quizás porque los números muestran que se ha producido una fuga importante en el grupo que tiene entre 12 y 14 años, algo poco usual. Pero son especulaciones porque la cifra sigue siendo una incógnita. 

Hasta antes de la pandemia, eran más de 186 mil los niños, niñas y jóvenes excluidos de la educación. En 2021, el MINEDUC dijo que otros 40 mil no se habían matriculado a causa del COVID-19 y sus efectos, debiendo hacerlo, pero no es cuestión de sumar y ya. 

Es urgente dimensionar la profundidad de la ausencia. 

Ahora mismo y durante un mes y poco más, los parlamentarios tienen que definir el presupuesto de educación, y quienes se dedican al reingreso y educación de los excluidos hacen votos porque las platas destinadas a la educación de adultos (que es donde las actuales autoridades consideran que deben reingresar los excluidos, aunque sean niños y no personas mayores), aumenten. 

Esta modalidad, que los entendidos llaman EPJA (Educación Para Jóvenes y Adultos), está dirigida a población mayor de 18 años y solo excepcionalmente desde los 15 años en adelante. Es decir, concentra su diseño técnico en la atención de población adulta; sin embargo, más de la mitad de quienes la utilizan tienen entre 12 y 21 años.  

Pero, dada la situación presente, no es tiempo de ponerse exquisitos y pedir una modalidad educativa más específica y adecuada a ese tramo de edad ni tampoco una glosa presupuestaria ad hoc. Lo que se requiere ahora –y ojalá los parlamentarios del signo político que sea lo entiendan así– son más recursos para retener a los que ya no creen en “esa cosa llamada educación” y a los que definitivamente se quedaron en el camino. 

En Chile hay dos millones de adultos que no completaron su trayectoria educativa, los 12 años de estudios que supuestamente garantiza el Estado. Sin duda, la situación actual sumará a ese número bochornoso al menos 200 mil mayores de 21 años en breve. O más, porque –ya lo dijimos– la cifra no se ha dado a conocer.

Restituir el derecho a la educación a todos esos jóvenes en urgente.