Consejo para la Reactivación Educativa: una oportunidad para proyectar la mejora de aprendizajes

Buena noticia que el Ministerio de Educación finalmente haya decidido enfocar los esfuerzos en lo importante: la recuperación de los aprendizajes. Sin duda, la creación del Consejo para la Reactivación Educativa y su conformación transversal da una buena señal, pero más importante aún, genera la oportunidad de crear una estrategia a largo plazo para mejorar la calidad de la educación pública.

La pandemia agudizó una crisis presente desde hace años, caracterizada fundamentalmente por la brecha de la calidad educativa que existe entre los colegios pagados y aquellos que reciben aportes del Estado. No sólo la reciente PAES -cuyo ranking de establecimientos con mejores puntajes quieren eliminar- nos recuerda que algo estamos haciendo mal, sino los constantes resultados de la prueba PISA que muestran la abismante diferencia entre quienes pueden pagar y los que no.

Por esto, la reactivación educativa no puede desligarse del problema mayor, y en este sentido, sería una gran oportunidad aprovechar la instancia del Consejo para crear una estrategia a largo plazo de mejora de calidad de la educación, puesto que la Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028, si bien identifica correctamente el problema, es insuficiente a la hora de plantear las soluciones.

Partamos con la piedra angular: necesitamos más y mejores profesores, para lo cual es necesario atraer a los mejores alumnos a la profesión docente. Sin embargo, la propia regulación contenida en el Estatuto Docente restringe las posibilidades de proyección y desarrollo de los jóvenes profesionales, porque los logros no son recompensados en su mérito como ocurre en las profesiones más cotizadas.

A esto se suma la cada vez mayor dificultad que enfrenta el ejercicio de la docencia. Los profesores están lejos de dedicarse sólo a la enseñanza, pues cada año se trasfiere a las escuelas mayores responsabilidades y exigencias para resolver una serie de problemas que poco se relacionan con lo pedagógico. El resultado no es sólo más burocracia, sino altos grados de estrés de los profesores. Para ello debemos facilitar a las familias estar más presentes en la educación de los hijos, no bastando la motivación de directores y docentes para ello. También se requieren políticas públicas intersectoriales encaminadas a eso (la planificación de la ciudad, el transporte, la salud, el trabajo y una serie de aspectos más influyen directamente en cómo se interrelaciona familia, por lo que no bastan las meras buenas intenciones). Hay evidencia suficiente que permite concluir que padres más presentes e involucrados además de generar mejores resultados en el aprendizaje de los hijos, disminuye la sobrecarga de los docentes.

El tercer elemento clave es entregar mayor autonomía a los directores. Si se piensa en las principales dimensiones del presupuesto de una escuela como los sueldos de los docentes, los materiales pedagógicos y las reparaciones de infraestructura, todas son decisiones centralizadas en las que el director no tiene libertad de acción. Esto significa que carece de liderazgo para formar equipos, no puede tomar decisiones de índole pedagógica y no llega a tiempo para realizar las necesarias reparaciones y mejoras a los edificios del establecimiento. Ellos, los que mejor conocen la realidad de la comunidad escolar, deberían ser los responsables de dirigir los cambios para generar los añorados logros, pero la ley los despoja de todas las facultades para ello. La puesta en marcha de la Nueva Educación Pública es una gran oportunidad para generar cambios en este ámbito y evitar replicar y acrecentar el centralismo que tiene ahogado a los establecimientos educacionales.

Los cambios son ambiciosos, pero la oportunidad para generar un acuerdo está dada. Nuestros niños ganarían tanto más si la necesaria reactivación educativa fuera de la mano con un plan de reformas a largo plazo cuyo eje estuviera encaminado a resolver los tres problemas planteados.