IVA a los servicios: Impuesto por emprender

Bajo el Gobierno de Sebastián Piñera se convocó a un grupo de expertos para analizar el nivel y conveniencia del denominado gasto tributario (exenciones del sistema tributario), sin advertir que las mismas tienen por objeto beneficiar a la gente, sin enredarla en la burocracia estatal que tiene costos para el país. Muchos países recurren a ellas para apalancar, y/o promover ciertos negocios y/o actividades. Es más, en la propia OCDE que, define las exenciones como transferencias de recursos públicos, que se motivan en objetivos de política pública y/o económica, el promedio que éstas alcanzan es de un 5% del PIB, existiendo países en que esa cifra es mucho mayor, como Australia (7,92%), EEUU (6,55%), o (Canadá 6,55%).

Esa realidad que dista y mucho de lo que ocurre entre nosotros, que estamos por debajo no solo del promedio OCDE sino también del que existe en los demás países de la Región, se acentúa con la Reforma impulsada por el gobierno anterior, y con la que se promueve ahora. De hecho, esa cifra que ya era reducida, quedó con la última Reforma de Piñera bajo el 2% del PIB y seguirá disminuyendo con la eliminación de otras exenciones: como la renta presunta, o el retorno a la tasa del 25% para las Pymes, o la tarifa del 22% para el mercado de capitales. Todo ello sin sumar todavía los alcances de la desintegración

La Reforma de Piñera apelando a lo que representaban las exenciones en el gasto tributario, no solo eliminó algunas de ellas, sino que se permitió gravar con impuesto actividades que no estaban afectas y que son meritorios para la sociedad Lo hizo, sin reparar en que no lo estaban porque los servicios comprendidos en el número 5 del artículo 20 de la Ley de la Renta, no eran ni comerciales, ni industriales. En ellos no había intermediación. Sino que por lo general un prestador – empresa (sociedad) – y un beneficiario (persona natural) (caso de las mantenciones de los cementerios, servicios de incineración, tarifas de cobranza, gastos de administración, certificaciones, asistencia adulto mayor, cuidado de mascotas, gimnasios y un larguísimo etcétera). Tampoco reparó en que gravar los servicios profesionales, introducía una variable de inequidad, tanto porque habría empresas que por el mismo servicio cobrarían distinta tarifa, como por los efectos que en los impuestos personales tiene organizarse como sociedad de profesionales. No hay posibilidad alguna de ahorrar.

Esta medida que afecta directa e indirectamente a numerosas empresas (Pymes) que ahora deberán recargar con IVA los mismos servicios que antes se prestaban sin ese impuesto, favorecerá indiscutiblemente la informalidad, que el Banco Mundial antes de la Pandemia, advertía que en Chile llegaba al 22% del PIB en circunstancia que en la OCDE alcanzaba al 13%. Esa cifra que hoy es indubitadamente mayor, seguirá creciendo y en perjuicio de todos, si el gobierno persiste en su tozudez.

La verdad es que el país no necesita introducir más inestabilidad. Tampoco mayores impuestos. Basta replicar lo que hacen los países OCDE con la informalidad. Hacer eso, permitiría recaudar casi una Reforma Tributaria. Solo se requiere voluntad política y claridad en definir de qué lado se quiere estar.

En concreto, así como nos oponemos a que se legisle en forma rápida y sin análisis de los impactos contra el ahorro, y se quiera destinar parte importante de los recursos en más burocracia, porque sabemos que ese costo siempre lo terminan pagando los más pobres, nos permitimos pedirle al presidente que cumpla lo que prometió, y se haga eco del clamor de las Pymes y emprendedores, del mismo modo que lo han hecho y transversalmente distinguidos parlamentarios que propusieron una modificación legal. Solo se necesita como ya anticipamos, voluntad política. Misma que no ha tenido el diputado Naranjo que en su calidad de presidente de la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados se ha negado a poner en tabla la propuesta referida.