Anarquía de datos

Es sintomático de lo anquilosado de nuestro Estado los últimos cuestionamientos del Ministerio de Hacienda respecto de los 56 mil nuevos empleos públicos que arrojó la última Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, más todavía si es que el Informe de Recursos Humanos del Sector Público del último trimestre del 2022 arrojaba una disminución de 375 puestos. Y es que más allá de las contradicciones entre los datos y los alcances metodológicos, a ojos de terceros no puede sino sorprender que los titulares de dicha cartera siembren públicamente un manto de dudas sobre la exactitud de los datos del INE, y que este último salga a los pocos días a refrendar dicho cuestionamiento. Más bizarro aún es que la Subsecretaria Berner deba referirse a la forma correcta de interpretar los datos haciendo pedagogía estadística en columnas de opinión.

¿Qué pasa con los datos del empleo público? ¿Por qué no sabemos cuántos funcionarios tiene el Estado incluyendo el Gobierno central, el personal de FF.AA, Carabineros, empresas públicas y funcionarios municipales y de servicios municipalizados? ¿Por qué no conocemos cuántos y quiénes son los funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República? ¿Por qué no es público el porcentaje de los recursos fiscales que se destinan al pago de remuneraciones de todos los funcionarios públicos? En cualquier organización del mundo la opacidad de la información sobre sus recursos humanos dificulta -cuando no imposibilita- la planificación estratégica y la toma de decisiones. ¿Cómo evaluar la eficiencia de las empresas públicas si no conocemos con exactitud su dotación de personal? ¿Cómo medir el costo-beneficio de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sin tener información clara y actualizada sobre su estructura de personal? ¿Cómo saber si las cifras de la ENE corresponden a aumentos de empleados municipales?

La respuesta a estas preguntas descansa en la anarquía de datos que gobierna actualmente a nuestro Estado. Hoy, además de la ENE del INE y los informes trimestrales de DIPRES, el Estado produce y recopila información de recursos humanos a través del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). La primera es la plataforma electrónica con que Contraloría General de la República (CGR) tramita electrónicamente las materias de personal de los distintos servicios públicos, y la segunda el sistema de información que recopila, ordena, procesa y pone a disposición información auto-reportada por los 345 municipios del país. No en vano la Subsecretaria Berner considera fundamental seguir avanzando en la tramitación del proyecto de ley que fortalece el sistema estadístico nacional para permitirle al INE acceder a datos administrativos de modo que pueda sistematizarlos y -esperemos- disponibilizarlos a la sociedad civil para que podamos conocer la verdadera situación del empleo público.

Pero sus buenos deseos no serán posible sin que la propia DIPRES reemplace los cientos de planillas Excel que actualmente gestiona con distintos servicios públicos por una plataforma informática integrada a las bases de datos de recursos humanos de las Fuerzas Armadas, de las empresas públicas, del Congreso Nacional, de los organismos autónomos como el Banco Central, SERVEL o CGR y de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Municipalidades puesto que muchos de ellos hoy no generan información clara y actualizada sobre su dotación de personal y remuneraciones. En efecto, poco y nada podrá hacer el INE accediendo a registros administrativos de datos nominados que no sean interoperables, sin mencionar que el proyecto de ley al que alude la subsecretaría acumula ya 8 años de discusión legislativa, y que este gobierno no le ha destinado a la fecha siquiera una urgencia simple que pueda reactivar su tramitación.

Parece, entonces, primordial avanzar primero desde la arena administrativa reencausando la labor de la Dirección Nacional del Servicio Civil hacia su misión institucional de fortalecer la función pública y contribuir a la modernización del Estado a través de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de funcionarias/os y directivas/os idóneas, motivadas, empáticas, diversas, íntegras e innovadoras, dotándola de atribuciones para definir lineamientos y fiscalizar el cumplimiento de la normativa en materia de empleo público y desvinculándola de la Alta Dirección Pública que, actualmente, ocupa gran parte de sus escuetas capacidades. Sólo así, las respuestas a las preguntas antes formuladas tendrán a un órgano responsable y, consecuencialmente, a quien o quienes lo dirijan, en vez del estado anómico y totalmente entrópico que gobierna actualmente el uso, flujo y disponibilidad de datos del Estado.