¿Para qué sirve una Constitución?

La pregunta ha rondado por una década la política chilena: para qué, realmente, sirve aquello que está plasmado en una Constitución. Por mucho tiempo ese documento pareció ser la encarnación de soluciones mágicas, donde sólo por el poder de la palabra escrita se generarían cambios inmediatos. Si quedan dudas, es cosa de ver las franjas del proceso anterior, donde las expectativas se multiplicaban y la Carta Magna era planteada como el elemento que resolvía los problemas.

Es comprensible, entonces, la decepción de grupos de ciudadanos que han visto estas promesas demoradas e incumplidas. Es, de hecho, el riesgo que enfrenta el nuevo Consejo Constitucional, electo en un clima donde los temas centrales de conversación son asuntos como la seguridad y la migración, cuyas resoluciones más inmediatas están más cercanas a las acciones que se puedan impulsar desde el gobierno.

Pero que la Constitución no sea una varita mágica no significa que no sea importante. Y ése es, probablemente, el desafío más fuerte que enfrentan los consejeros electos para esta segunda oportunidad: cómo explicar y transmitir que, si bien su trabajo no generará cambios de un día para otro ni en todos los temas donde hay demandas sociales, la calidad de las bases que se dejen sentadas influirá en nuestro éxito y proyección en los próximos años y décadas.

De hecho, los consejeros tienen delante de sí la enorme posibilidad de enfocarse en discusiones de fondo en que, incluso habiendo diagnósticos compartidos, el sistema político no ha avanzado a la velocidad que se requiere. Por ejemplo, en establecer una nítida separación entre gobierno y Administración Pública que incentive a los mejores a ser parte de un Estado moderno sin preocuparse de si su cupo estará a merced de favores y amiguismos políticos. O en garantizar reglas claras para la explotación de nuestras riquezas naturales, con procesos predecibles para los inversionistas privados que consideren el respeto al medioambiente, sólo por mencionar dos de los temas donde desde Pivotes hemos puesto el foco.

Pocos temas son más relevantes que éstos pensando en retomar ese pasillo estrecho que nos conduce al desarrollo. Sin embargo, si desde los propios consejeros se cae en la tentación de exacerbar las expectativas, poniendo al centro aspectos que no corresponden a materias constitucionales, existe una amenaza cierta de que el proceso nuevamente no llegue a término con una aprobación. Así lo recuerdan los casi 2,7 millones de nulos y blancos, un grupo que casi con seguridad irá a votar en diciembre al plebiscito de salida.

Por eso también es relevante aprender del error del proceso anterior. El mundo político no puede paralizarse, sino que debe avanzar en paralelo en las discusiones que se encuentran en el Congreso, como la reforma tributaria, la de pensiones y la agenda de seguridad.

Pero los consejeros tendrán una compleja tarea: hacer pedagogía de su rol, explicar sus límites y también la relevancia de los puntos que discutirán. Una aproximación clara, concreta y humilde favorecerá las posibilidades de que en siete meses más podamos finalmente llegar a buen puerto con el proceso constitucional, y que la Carta Magna cumpla con su rol central: establecer un campo de juego claro para las próximas décadas.