Una política pública seria

Como “una política pública seria” calificó el Ministro de Educación a inicios de esta semana, los nuevos planes del Ministerio para el probablemente más exitoso programa del Mineduc en los últimos años: los Liceos Bicentenario. El líder de la cartera tuvo que apersonarse en el Congreso a raíz de las alertas generadas el año pasado cuando el proyecto de Ley de Presupuesto mostró una disminución importante de transferencias al referido programa, además del término del acompañamiento que el Ministerio brindaba a los Liceos. Afortunadamente, a pesar de sus dichos seis meses atrás, se estableció una nueva convocatoria, ampliándose a 80 los cupos para los nuevos Liceos Bicentenario. El Ministro señaló que el atraso en la convocatoria se debió a la necesidad de evaluar el programa, para lo que solicitó la realización de dos estudios. Si bien su intención era esperar dichos resultados, la presión del Congreso lo obligó a llevar a cabo la convocatoria.

Sin embargo, no es nuevo notar que el Ministro de la cartera mira con desconfianza el éxito del programa, el que se manifiesta primeramente en la notoria preferencia que las familias hacen de ellos. Según detalla un estudio de Acción Educar, más de la mitad de los Liceos Bicentenario del período 2010-2014 se encuentran en el 10% superior de preferencias del Sistema de Admisión Escolar. Además, en todos los procesos de admisión escolar, la demanda por los Liceos Bicentenario ha superado tanto a los Liceos Emblemáticos como al resto de la oferta de establecimientos subvencionados.

Lo que no se entiende es por qué: Los Liceos Bicentenario están completamente adscritos a la Ley de Inclusión, igual que cualquier otro establecimiento que recibe recursos del Estado, de modo que no lucra, no recibe copago y no puede seleccionar a sus alumnos. Además, no hay obstáculos en el tipo de modalidad que tienen: pueden ser científico humanistas, técnico profesional o artísticos.

A su vez, los pilares que caracterizan a estos programas cuentan con evidencia de su efectividad. Así, mantener en alto las expectativas respecto de los estudiantes y de toda la comunidad, enfocarse en los aprendizajes, priorizar la nivelación y re enseñanza, contar con libertad y autonomía para tomar decisiones conforme a su propia realidad, y priorizar el liderazgo directivo que consolide el modelo educativo, son supuestos que han producido buenos resultados en otros contextos y en los que los estudios encargados podrían profundizar con miras a fortalecer toda la educación pública.

Hoy diversas instituciones – y también nosotras – celebran la nueva y ampliada convocatoria del programa, pero es preocupante la falta de ponderación previa de los efectos de no haberse convocado a un nuevo concurso: este año 2023, ochenta establecimientos, habrían dejado de recibir los beneficios de constituirse como un Liceo Bicentenario, es decir la obtención de $102 millones de pesos destinados al fortalecimiento educativo, en términos de calidad, formación de equipos, innovación y mejoras de infraestructura.

Peor sería la situación si es que el Ministerio guiado por un diagnóstico tanto ideológico como equivocado, hubiera decidido esperar los resultados de los estudios solicitados, considerando que sus evaluaciones finales se encuentran comprometidas para marzo del próximo año y enero del 2025.

Esperamos que la intención de hacer “una política pública seria” del Ministerio, vaya acompañada del abandono de los prejuicios, la valoración de las elecciones de las familias y de un notorio apoyo a los establecimientos educacionales para preparar sus postulaciones a la convocatoria 2023. La continuación del programa tal como lo conocemos podría ser sólo el comienzo de un positivo aumento de la calidad de todos los establecimientos de la educación pública, eslogan que bien conoce este Gobierno.