Crisis de las Isapres: transparentar es gobernar con honestidad

Cuando hablamos de más 3 millones de personas que corren el riesgo de ver imposibilitadas sus prestaciones en salud por la crisis de las ISAPRES, no hablamos de otra cosa que de familias completas, enfermos crónicos o pacientes actualmente en tratamiento, incluyendo aquellos que requieren de una atención eficiente, oportuna y curativa. Eso es lo primero –y lo principal- que debemos tener presente al abordar la implementación del fallo de la Corte Suprema, la Ley Corta, el proyecto de reforma constitucional, el proyecto que compensa la deuda en acciones y bonos, y el tenor en las declaraciones altisonantes e imprecisas desde el Presidente, ministros, autoridades y más.

Todos estamos de acuerdo y contestes en que las ISAPRES han sido una industria compleja y muchas veces abusiva, cuya falta de respuestas terminan en la justicia. Sin embargo, no podemos frivolizar las graves consecuencias que se derivan de la caída del sistema. Es con este afán que con la senadora Ximena Rincón presentamos en diciembre del año pasado una reforma constitucional que pretendió suplir la falta de respuesta gubernamental ante la sentencia de la Corte. De la actual del Ministerio de Salud, sólo tuvimos noticias semanas atrás con la presentación de La Ley Corta. Esto significa que el nuestro nunca fue un proyecto alternativo o paralelo, como han dicho distintas autoridades y medios, sino uno que se anticipó 6 meses, ante la ausencia de respuesta oportuna del Gobierno de Gabriel Boric.

Esta práctica del Ejecutivo de buscar culpables para ganar un punto político, sin entregar una solución concreta a un problema –que tanto ha desgastado al oficialismo-, ha hecho que el Presidente de la República, la Ministra de Salud, y sus parlamentarios, en una acción claramente coordinada, acusen a nuestra reforma de no cumplir con la sentencia y significar un “perdonazo” a las ISAPRES. Y lo han repetido ya cuatro días, ocultando que la propuesta reconoce la sentencia de la Corte, valida la tabla de factores de riesgo, la necesidad de determinar las deudas, y el pago de las mismas en prestaciones de salud. Es más, han criticado la necesidad de alzas futuras de los planes, cuando la propia Superintendencia de Salud bajo este mandato determina año a año el monto en que éstos deben subir.

Lo peor es que dentro de toda este criterio comunicacional, pareciera ser que el Gobierno ha optado por considerar a la ciudadanía una barra que hay que aleonar, sin dar respuesta a lo que sucederá si la Ley Corta de las ISAPRES provoca la quiebra de las mismas; cuestión que ni la Ministra de Salud ha sido capaz de descartar en distintas intervenciones. ¿Sabrá la ciudadanía que si una ISAPRE quiebra los cotizantes quedan atrapados en un corralito, donde no pueden renunciar a ella mientras dure la intervención de la Superintendencia de Salud (que generalmente dura meses hasta la venta de la cartera)? ¿El Gobierno ha transparentado que en el caso de intervención no podrán los afectados afiliarse a FONASA u otra ISAPRE sino hasta que se venda esa cartera de usuarios, o si eso es ligeramente posible dada la situación actual? Obviamente no, han optado por omitir y no sincerar esa temida realidad, y el hecho de que aquellos cotizantes afectados seguirán pagando su cotización, mientras las clínicas y hospitales clínicos con seguridad no venderán bonos para sus atenciones.

De esa dura realidad estamos hablando cuando un grupo de senadores ingresamos la reforma constitucional. De la misma situación crítica que han advertido 7 superintendentes de salud de los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastían Piñera. Pero esto no se queda ahí: nadie podría decir que “Espacio Público” es una entidad que busca la impunidad de las ISAPRES frente a sus cotizantes, dada su rigurosidad técnica y visión social demócrata. Sin embargo han advertido claramente los riesgos de la actual situación de las aseguradoras, afirmando que durante dos años han arrojado pérdidas por 300 mil millones de pesos, derivados de la pérdida de cotizantes, aumento de costos operacionales (licencias médicas). Pero además coinciden con nuestros fundamentos al afirmar en su estudio que “los referidos fallos implican un riesgo de insolvencia para estas entidades. Ello daría lugar a una potencial desprotección en la cobertura de sus beneficiarios, junto con una probable afectación de los prestadores privados, con los que las ISAPRES mantienen una deuda significativa, y un posible efecto sistémico sobre el sistema público de salud”.

Tiempo atrás conocimos la dolorosa cifra de que en el año 2021 murieron más de 40 mil personas en lista de espera en la salud pública, dentro de las cuales un 26% padecía patologías tumorales. También, que según cifras del Ministerio de Salud el 72% de las personas que necesitan radioterapia quedan sin opción de ser dispensada. Por eso nuestra reforma plantea un “desde” para hacerse cargo de un sistema que, si bien es aún injusto y discriminador y hoy deudor con sus cotizantes, el perfectible y exigible de forma realista. Debemos asumir esa realidad y no sobresaturar un sistema público con tres millones de personas adicionales, de las cuales 300 mil son pacientes GES actualmente en tratamiento. Esta semana conocimos que el Ministerio de Salud logró bajar los tiempos de espera para una intervención a un año por persona. Si, como lo lee: a un año.

Producto de esta realidad, el Presidente Gabriel Boric se abrió a la idea de modificar la Ley Corta de ISAPRES, como también lo hizo la Ministra Carolina Tohá, quien -aunque lejos de su ámbito de competencia- muchas veces anticipa y previene lo que el voluntarismo de Apruebo Dignidad pretende hacer. También fue ingresado un tercer proyecto de la Diputada Joanna Pérez, que respaldamos con la Senadora Ximena Rincón, y que convierte la deuda en acciones y bonos de deudas. Esta iniciativa recibió un apoyo transversal de parlamentarios desde el PS a RN.

Ese es el espacio que estamos fomentando con nuestro proyecto: transparentar, poner la pelota al piso, habar de cifras que son difíciles pero reales, advertir antes que lamentar, buscar un camino de diálogo y medidas sensatas. Debemos salir del populismo de “esto le deben a usted y esto le devolverán a usted” que autoridades promueven públicamente, aunque en privado manifiestan que no es posible, que es una locura y que hay que buscar una salida distinta.

Gobernar también significa transparentar. El Presidente Gabriel Boric y su gabinete debiesen ser los primeros en advertir y entender el fondo de la crisis, más allá de buscar un punto político que puede serles favorables hoy, pero que sin duda cambiará cuando una sola de las aseguradoras quiebre y produzca el temido efecto dominó para las clínicas, FONASA, otras aseguradoras y principalmente, la ciudadanía.