Comenzó la batalla moral e ideológica en educación
Estamos frente a una buena oportunidad, para tener esta discusión de manera respetuosa y basada en datos, y no solo en preceptos morales.
El Estado tiene una responsabilidad en la educación de su gente y se basa en que la educación es un bien público y un derecho de todas las personas. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Marcelo Trivelli es presidente de Fundación Semilla
En los últimos días han surgido variadas iniciativas provenientes de la Cámara de Diputados y Diputadas en el ámbito moral e ideológico que buscan restringir y censurar algunas áreas educativas, como por ejemplo la educación sexual integral (ESI) o la sexualidad afectiva, dando así el comienzo de una batalla moral e ideológica en educación.
El diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, presentó una iniciativa que tiene por objetivo prohibir las charlas de “expertos sexuales” en los diferentes escuelas y liceos, además de la prohibición de la educación sexual a menores de 6 años.
Las diputadas Sara Concha Smith y Francesca Muñoz González, ambas integrantes de la bancada del Partido Social Cristiano e Independientes, están buscando acusar constitucionalmente al ministro de Educación: “Vamos a presentar una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila, por haber infringido lo que es nuestra Constitución, específicamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, señaló la diputada Muñoz.
Y para no quedar atrás, otro grupo de parlamentarios anunciaron una interpelación en contra del mismo ministro para abordar la educación sexual, aula segura y la deserción escolar.
Basan su argumentación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, N° 3 establece que: “los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, sin embargo, pasan por alto la palabra preferente y el interés superior de cada niña, niño y joven.
El Estado tiene una responsabilidad en la educación de su gente y se basa en que la educación es un bien público y un derecho de todas las personas. El Estado juega un papel fundamental en garantizar el acceso, la calidad y la equidad en la educación.
¡Y también los contenidos! En democracia estos son determinados por una acción conjunta entre los poderes ejecutivo y legislativo, y es en este último donde ha comenzado la batalla moral e ideológica para tomar control de la agenda y el currículum educacional.
Tuve el privilegio de asistir a una escuela pública en Washington D.C. (E.E.U.U.) previo a la dictación de las leyes de derechos civiles de los años 60. La escuela y sus enseñanzas de no discriminación e inclusión me marcaron para toda la vida. No sólo respecto del ámbito racial, sino que, en el reconocimiento y valoración de toda diversidad, porque detrás de aquello está el respeto a la dignidad de toda persona humana. El Estado jugó un rol determinante en la educación para cambiar una realidad de segregación y discriminación hacia las y los afroamericanos.
Estamos frente a una buena oportunidad, para tener esta discusión de manera respetuosa y basada en datos, y no solo en preceptos morales. Para comenzar el diálogo, sugiero acceder a los estudios realizados por Fundación Semilla en el ámbito de la violencia en contextos escolares, donde encontramos que la principal causa de violencia está relacionada con género y que hay más violencia en aquellos establecimientos con mayor déficit en educación sexual y afectividad.
