El dilema de las Isapres

Las Isapres existen en Chile desde el principio de la década de los 80, creadas al amparo de la Constitución vigente, que consagra como un derecho la protección de salud y la libertad para elegir el sistema de salud por parte de las personas. Esta idea generó una industria que mueve millones de dólares anualmente. Si bien la idea es loable, en la práctica las Isapres se transformaron en un excelente negocio y un sinónimo de estatus para aquellas personas que podían acceder a ese tipo de aseguradoras, en desmedro del sistema público de salud, Fonasa. De hecho, actualmente, alrededor del 17% de la población está en Isapres, poco más de 3 millones de personas, versus los 15 millones de afiliados al sistema público de Fonasa.

Al alero de las Isapres, se creó una gigantesca industria asociada a la salud, compuesta por clínicas, centros médicos, sociedades médicas, laboratorios, etc., con integraciones verticales y horizontales. Esta vorágine económica, trajo de la mano aspectos positivos, como mejores equipamientos, infraestructura y demanda de capital humano. Sin embargo, el negocio de las Isapres siempre ha sido cuestionado por la opinión pública. Negación a tratamientos médicos de alto costo, la mayoría de ellos judicializados a favor de los pacientes, rechazo de licencias médicas, sobreprecio por preexistencias, entre otros han creado una mala reputación de la industria.

Actualmente y como es de conocimiento público, las Isapres están frente a un gran dilema: un fallo judicial que las obliga a devolver aproximadamente 1,1 billones de pesos a sus afiliados, monto que pode en duda la continuidad operativa de estas empresas. Un nuevo capítulo se ha escrito respecto a esto, puesto que, hace algunos días, la vocera de Corte Suprema, salió “a aclarar”, que esta devolución sería solo para aquellos afiliados que han demandado, con lo que el monto concreto de la obligación se vio reducida a 100 mil afiliados, según expertos. Por otro lado, el actual gobierno está tramitando una ley corta de Isapres, que ajusta criterios técnicos pero que también pretende establecer mecanismos para la devolución.

Desde mi punto de vista, esto tiene varias implicancias. La primera de ellas es un problema sanitario mayor, toda vez que, si las Isapres cayeran en insolvencia, el sistema público tendría que hacerse cargo de más de 3 millones de afiliados. Si bien una parte de estos se seguiría atendiendo en centros privados, bajo el criterio de libre elección, una gran parte se iría directo a la infraestructura pública, la que ya está colapsada. Esto afectaría directamente a la clase media y clase media emergente. Por otro lado, hay implicancias políticas.

A pesar de que el actual gobierno es prosistema público, deben tener la claridad que la caída de las Isapres, sería un golpe fatal para la ciudadanía, no solo para los actuales cotizantes, sino que también para los inscritos en Fonasa, que verán más saturados los centros públicos y ellos serían los encargos de navegar en un mar con pocas posibilidades de llegar a buen puerto. Tampoco sería justo que existiese un “perdonazo” a estas instituciones. Tal vez, la solución podría ser mixta, que la deuda sea pagada, pero velando por la integridad del sistema.

El gran problema técnico, es el flujo de caja necesario para esto saldar la deuda. A diferencia de las AFP, las Isapres no tienen inversiones que pudiesen liquidar y transformar en flujo, puesto que se trata de aseguradoras, que trabajan con calces en los flujos de caja y administración de riesgos. Desde ese punto de vista, las declaraciones de la ministra Vivanco, generan un nuevo punto de debate en este gran dilema, no solo de para las Isapres, sino que para la sociedad completa.