Simplificación burocrática en la Educación
Se requiere ordenar la fiscalización y a los distintos órganos administrativos de manera de evitar duplicar funciones, y funcionarios, que, si bien no es una medida popular, se requiere más que nunca destinar los recursos para lo realmente importante.
El Ministerio de Educación es un gigante que integra a la Superintendencia de Educación, a la Dirección de Educación Pública y los nuevos Servicios Locales de Educación, a la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Agencia de Calidad. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Paula Streeter es parte del Consejo Asesor de Pivotes
La discusión sobre la calidad de la educación ha sido un debate que se ha venido discutiendo por años, y hoy en contexto de reactivación educativa y a la espera de los resultados del Simce, se hace más necesaria que nunca.
Chile, ha venido aumentando el gasto en educación en lo últimos años, cómo también ha ido aumentando su planta; sin por ellos aumentar necesariamente la calidad ni tampoco la satisfacción de sus comunidades educativas; y donde la eficiencia y equidad de la política educativa han solido estar en el centro del debate político.
La atención en los servicios públicos, entre ellos educación, que son la cara visible del Estado, son consistentemente mal evaluados por los ciudadanos y requieren de un Estado más ágil que sea capaz de entregar una experiencia ciudadana de alto nivel.
Estamos en un minuto fundamental para darnos como país la oportunidad de un debate profundo sobre cómo mejorar la educación con una agenda de modernización del Estado que siente los cimientos para la educación que necesitamos para el siglo XXI.
En contexto de debate constitucional, y a su vez en plena discusión de un nuevo Pacto Fiscal, tenemos la oportunidad de pensar las mejoras a la educación no sólo desde el punto de vista del aumento del gasto fiscal, sino en cómo hacer mejor las cosas, de manera eficiente y con impacto.
Como país tenemos pendiente una discusión que tiene que ver más bien con modernización del Estado, y avanzar con esta agenda en materia de educación. Expertos han alertado y demostrado con datos relevantes -como Björn Lomborg- que es urgente destinar mejor los recursos, y que para mejorar el aprendizaje no se requiere mayor gasto necesariamente, sino que gasto efectivo, es decir, con evidencia.
En esta línea, y aprovechando la oportunidad que presenta el nuevo texto constitucional, hoy, más que nunca necesitamos un Estado al servicio de la educación, al servicio de los niños y niñas que permita generar las condiciones para un cambio robusto.
El Ministerio de Educación es un gigante que integra a la Superintendencia de Educación, a la Dirección de Educación Pública y los nuevos Servicios Locales de Educación, a la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Agencia de Calidad.
Distintos actores, como las mismas autoridades del Ministerio han destacado la necesidad de simplificar, flexibilizar y modernizar ciertos procesos, como por ejemplo la rendición de cuentas de las subvenciones, de manera que los establecimientos puedan concentrar sus esfuerzos y energías en innovar e implementar estrategias educativas y no se destinen tantos recursos – tanto internos de los establecimientos, como del mismo ministerio- a estos fines.
Se requiere ordenar la fiscalización y a los distintos órganos administrativos de manera de evitar duplicar funciones, y funcionarios, que, si bien no es una medida popular, se requiere más que nunca destinar los recursos para lo realmente importante.
El texto propuesto por la Comisión de Expertos presenta una oportunidad real para cambiar el Estado y avanzar realmente hacia un proceso de modernización, que permita no solo soñar sino materializar un Estado al servicio de las personas. Además, de acuerdo con las conclusiones de los diálogos tributarios, la educación debiera también ser parte de este pacto fiscal; eso si, advierten poniendo el foco en aquellos temas que realmente son preocupaciones reales de la ciudadanía.
Un ejemplo concreto en el que se puede avanzar, y que ha demostrado tener efectos positivos y con evidencia, es el cambio que generó la Ley 20.501 con la contratación de directivos de establecimientos escolares por Alta Dirección Pública, lo que a 10 años de su implementación, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, ha demostrado reducir la brecha de calificaciones entre establecimientos públicos y privados en un 10%; y también que limitar la discreción de los políticos locales sobre el nombramiento de los directores de las escuelas puede ser una forma eficaz de mejorar el desempeño del sector público.
En este sentido es hacia donde debemos avanzar como país, nos debemos un debate profundo con una agenda de modernización del Estado que avance en mejor calidad, pero con criterios de eficiencia en el gasto públicos, menos burocracia y duplicidad de funciones junto a mejores criterios y sistemas de contratación.
Es el momento, de incluir esta discusión tanto en el debate constitucional como en el Pacto Fiscal; ya que la educación no puede seguir quedando fuera.
