Pitutos, chanchullos, corrupciones

En el país, por un lado como herencia de gobiernos anteriores, por el otro como obra del presente, hay centenares (¿o miles?) de comisiones, organizaciones, centros, convenios, agrupaciones y entes con otros nombres de todo tipo, orientación y propósito o despropósito creado con fines diversos, cuyas existencias, funcionamiento, miembros y – principalmente – presupuestos la casi totalidad de ciudadanía ignora absolutamente. Sus nombres surgen de repente, casi siempre en medio de alguna denuncia o escándalo, en cuyo caso sus creadores tratan de esconderse o inventan pomposas razones para justificar su existencia; razones cuyo significado generalmente no expresa nada concreto.

El último ejemplo es la “Fundación Democracia Viva” (¿Qué significa ese nombre?), latente ejemplar de pituteo y muy probablemente corrupción; lo tendrá que investigar y calificar la Justicia. Miles y miles de personas “trabajan” en estas organizaciones sin que apenas alguien sepa qué es lo que hacen, si es que hacen algo. El Presidente Boric acaba de anunciar la creación de la “Comisión para la Paz y para el Entendimiento” que significa otras decenas de acomodadas/os cuyos sueldos y los gastos inherentes seremos nosotros, pagadores de impuestos, que debemos costear (los prolegómenos ya costaron una fortuna; ojala sirva para algo). Solo sospechamos que su rol es, en un lapso de año y medio, presentar un plan para el “arreglo” del conflicto de la macrozona sur; o sea, eliminar el terrorismo.

Todo lo que describo más arriba, se repite gobierno tras gobierno, destacándose los de Bachelet (¿se acuerdan que en los últimos diez días de su mandato creó decenas de miles de “trabajos” públicos?) y, ahora, de Boric. Existe un tufo a chanchullo, y la existencia presunta de corrupción detrás de muchas de esas organizaciones.

No sé cuántos de ellos incluso se formaron ilegalmente: me refiero, ignorando la Constitución, como por ejemplo la “Comisión Asesora contra la Desinformación” que por alguna oscura razón se creó por decreto presidencial en vez de a través del Legislativo y que Camila Flores llama con justeza “Ley de mordaza”, o Luciano Cruz-Coke como dictamen contra la libertad de expresión; es evidentemente inspirado por el PC sin intervención del parlamento y su origen apunta directamente a la superministra Camila Vallejo.

Sería más necesario que interesante que algún diputado trate de hacer una lista de estas comisiones – o como se denominen – a escala nacional, para qué sirven y cuánto cuestan. Después habrá que determinar sin escrúpulos cuales deben ser o eliminados o perfeccionados y sus presupuestos reducidos a lo indispensable. Los billones de pesos que se gastan en ellos y a través de ellos en innumerables pitutos, chanchullos y corrupciones, bien podrían servirles al Fisco para otros fines que abundan en nuestra maltrecha economía y que justamente se enfrenta a la discusión sobre una reforma tributaria. Reforma que en la forma presentada por el Ejecutivo no sabe ya de dónde sacar plata para cumplir con sus delirantes promesas.