Resguardar la confianza en la Sociedad Civil

Los datos conocidos en los últimos días respecto a las transferencias realizadas desde el Estado a Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre todo a Fundaciones y Corporaciones, es un buen y necesario remezón para el sector.

Es imperativo condenar cualquier acción que pueda poner en jaque el rol público de un sector tan importante de nuestra sociedad, y que no es sustituible ni por el Estado ni por el mercado, ya que la Sociedad Civil es reflejo de nuestra creatividad, diversidad e interés de ser parte de lo público. Las más de 25.000 fundaciones y corporaciones y los cerca de 2 millones de voluntarios que día a día trabajan con entrega para mejorar las condiciones de miles de personas en vivienda, salud, educación, emprendimiento, ideas, cultura, deporte y tantas causas que han ido conformando el Chile de hoy, movilizando el interés público y proveyendo servicios de la más diversa índole, merecen que entre todos resguardemos la confianza que hay en ellas, les reconozcamos el enorme aporte que hacen cada día al país movilizando e implementando importantes políticas públicas.

En efecto, las organizaciones de la sociedad civil en Chile movilizan recursos equivalentes al 2% del PIB, y si miramos su estructura de ingresos, cerca del 50% corresponde a recursos públicos. Pero ¿A qué temas se dedican? ¿Tienen su memoria y balance al día y de acceso público? ¿Quiénes componen su directorio? ¿Cuántos recursos públicos reciben? ¿Cuál es el impacto de sus programas? ¿Hacen incidencia en políticas públicas?

Fortalecer la institucionalidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil es esencial para resguardar la confianza de la sociedad por el rol público que estas cumplen.

Las sociedades contemporáneas enfrentan hoy problemas cada vez más complejos que requieren del trabajo coordinado y colaborativo de múltiples organizaciones para abordarlos, siendo la alianza del Estado con la sociedad civil fundamental. Cada día más, las organizaciones de la sociedad civil son protagonistas del debate público, acceden a más recursos públicos y privados, y a donaciones que cuentan con incentivos tributarios.

Esto es reflejo del genuino interés de miles de personas que, comprometidas con un sinfín de causas, se agrupan para impulsarlas abordando problemas de interés público e implementando soluciones, anticipándose y complementando la labor del Estado en los desafíos más relevantes que enfrenta.
El lamentable caso de Democracia Viva, y otros que le han antecedido, hacen patente la necesidad de avanzar en un verdadero registro único, universal, electrónico e integrado y de acceso público de las organizaciones de la sociedad civil. Existen actualmente cuerpos legales que permitirían unificar la información existente y avanzar por la vía administrativa y de manera rápida en esta iniciativa.

En estos años de trabajo, hemos notado cómo varios servicios, ministerios municipalidades e instituciones privadas, han realizado esfuerzos para mantener registros actualizados de las OSC. Sin embargo, la atomización de estos esfuerzos ha propiciado que hoy existan más de 20 registros no integrados a cargo de distintos organismos públicos, generando confusión, falta de credibilidad, ineficiencia y duplicidad de tareas.

Para resguardar la fe pública en las organizaciones de la sociedad civil, la transparencia y la probidad en el uso de los recursos fiscales, es urgente consolidar todos estos datos en único registro universal, electrónico e integrado, causa que implica, en definitiva, modernizar nuestro Estado. Siendo la sociedad civil un garante de la democracia, toda vez que lo público no es monopolio del Estado, no podemos dañar la confianza y cercanía con la que cuenta hoy en la ciudadana, para lo cual Pivotes impulsa la iniciativa popular de norma constitucional “Por un Estado sin Pitutos” que pone el Estado al servicio de las personas, modernizando su institucionalidad, iniciativa a la que los invitamos a apoyar.