Exceso de confianza

“El rey me dijo: ‘You touched my heart, quiero que conozcas mis fundaciones”. En horario prime y con los focos de las cámaras encima, Susana Herrera intentaba hilar una defensa con una explicación inverosímil. El rey era Carlos III, y ella, hasta pocas horas antes, había sido la embajadora de Chile ante el Reino Unido, una de las plazas estratégicas de la diplomacia a nivel mundial.

La exembajadora debió presentar la renuncia tras una polémica tan llamativa como sus declaraciones: en junio pasado, mientras ejercía en sus funciones diplomáticas, presentó un proyecto a la gobernación del Biobío, con un costo estimado de US$5 millones, diseñado por ella misma -es arquitecta- y que buscaba el diseño y construcción de un mercado de maderas en Santa Juana. La Cancillería le hizo una dura advertencia, pero su caída llegó sólo cuando el diario La Tercera hizo pública la historia.

¿Cómo llegó Herrera a esa alta designación diplomática? No fue por carrera diplomática, porque no integra ese cuerpo. Tampoco por una trayectoria política destacada: sólo cuenta con algunas postulaciones como candidata en su región. La mejor explicación es el cuoteo político: ella es parte del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), uno de los partidos más pequeños que integra Apruebo Dignidad. Más que méritos, cupos o amiguismo. Algo parecido a lo que ocurrió con otra de las embajadas estratégicas en Europa: España, a cargo de Javier Velasco, con escasa trayectoria política conocida más allá de ser compañero de universidad y amigo personal de Gabriel Boric.

“Las embajadas y misiones de Chile no son lugares para el pago de favores”, dijo la semana pasada semana el presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), Fernando Guzmán. Frase muy similar a la que en plena candidatura dijo el hoy presidente Gabriel Boric: “Las embajadas no pueden ser premios de consuelo”, señaló en octubre de 2021. En la práctica, las señales no han ido en esa línea.

El entramado de amiguismos y designaciones por cuotas que se evidencia en estos casos es una de las pruebas del mal extendido en nuestro Estado: el exceso de cargos de confianza, que requieren nulas explicaciones para su designación y que en la práctica se transforman en botín político para cada gobierno que arriba. Esto se expande mucho más allá de las embajadas, lo que se exacerba por no existir ni una cantidad definida de dichos puestos ni una descripción de quiénes se encuentran bajo esa figura. Y es, por ejemplo, lo que está detrás de las tramas de vínculos entre autoridades y fundaciones que se ha visto en algunas de las denuncias del “caso Convenios”, como el caso de Democracia Viva.

Las designaciones por sola afinidad política o personal han mostrado ser uno de los puntos más débiles de nuestra administración pública. Aunque hay consenso político en hacer una reforma al empleo público, ningún gobierno ha sido capaz de dar el paso. Si las polémicas ocurridas en los últimos meses pueden tener un efecto positivo, éste sería lograr el impulso político para que la administración Boric envíe un proyecto al Congreso en esta línea. Al final, está en juego nada más y nada menos que la confianza.