El litio y la paradoja chilena

El litio es esencial para Chile y el mundo. Su uso en baterías de ion litio en la industria de la electromovilidad ha hecho que la demanda por este mineral crezca rápidamente, estimándose que llegará a 3.800.000 toneladas en 2035 según Cochilco, en comparación con las 656.000 que se produjeron en 2022.

Chile cuenta con condiciones únicas para su explotación: nuestro país tiene las mayores reservas del mundo y es el segundo productor mundial del mineral, aportando el 30% de la producción global y siendo superado sólo por Australia. Además, producimos litio a través de la extracción de salmuera, que puede costar hasta un 44,4% menos y emitir un 86% menos de gases de efecto invernadero que el método alternativo usado en otros países productores, que sacan el litio directamente desde la roca. Pero, pese a contar con estas ventajas sorprendentes, la participación de Chile en la producción mundial de litio podría disminuir al 17% para 2030.

¿Qué explica esta desconcertante caída? Paradójicamente, Chile es de los pocos países en el mundo, junto con Bolivia, que no permite la concesión del litio para explorar y explotar salares. La única forma que tiene un privado de entrar a esta industria es a través de Contratos de Operación Especial del Litio (CEOL). Dichos acuerdos son licitados por el Estado, sin bases predefinidas que fomenten la competencia y cuya implementación solo se ha logrado llevar a la práctica desde Corfo y -potencialmente- a través de una filial de Codelco, sin licitación de por medio y con una lenta exploración en el Salar de Maricunga.

Esta desaceleración es una anomalía entre los países productores, pero no es necesario ir hasta Australia para ver lo inefectiva de nuestra política de explotación actual. Para el año 2030, se espera que Argentina iguale a Chile en producción anual de litio, multiplicando por 10 su producción actual y teniendo condiciones geográficas similares a las que existen en el norte del país. ¿La principal diferencia? Argentina se abrió a la concesión del mineral, logrando que más de 20 proyectos de explotación estén en alguna fase de desarrollo, sumando inversión por más de US$6.400 millones, según el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Por cierto, se podría argumentar que un sistema de concesiones, como el que opera en la industria del cobre en Chile, no nos llevará necesariamente a generar mayor producción de litio y que, además, la mayor recaudación que esta industria ha otorgado desde los años 90 hasta la fecha se podría deber a un mayor precio. Sin embargo, desde que en 1982 este mineral se abrió al sistema de concesiones mineras, la producción pasó de 1.242 miles de toneladas en ese año a 5.330 miles en 2022. Además, en 1982 sólo el 16,2% de la producción era realizada por el sector privado, aumentando a 72,9% en 2022.

Este mayor porcentaje no se limita a solamente números. La mayor producción de los privados ha significado un aumento en la recaudación del país, mayor empleo e ingresos para las comunidades, más recursos para políticas públicas que nos benefician a todos y, en consecuencia, una mejor calidad de vida para los habitantes de nuestro país. Sin embargo, el gobierno no ha puesto sobre la mesa la opción más directa que tiene el litio para expandir sus proyectos: terminar con su inconcesibilidad, una medida anacrónica que data de plena Guerra Fría y justificada por potenciales usos nucleares que hoy quedaron atrás.

Obviar los efectos que una mayor competencia en el mercado del litio tiene sobre temas tan fundamentales para la sociedad chilena es desconocer la evidencia que nuestra misma historia nos pone en frente. Esperemos que el Estado de Chile logre subsanar las diferencias que tienen trabada esta discusión para, de una vez por todas, consolidar la posición de Chile como referente en el mercado mundial del litio.