¿Si la propuesta es tan buena, por qué algunos votan en contra?

La pregunta resulta del todo pertinente si se considera que votarán en contra no solo personas que destacaron por su oposición al proyecto constitucional rechazado el 04 de septiembre del año 2022, sino que además, quienes lo votaron favorablemente aduciendo que lo hacían para cambiar la Constitución de la dictadura del general Pinochet.

Entre los personeros del primer grupo destacan por su relevancia mediática y por la influencia que ejercen en mucha gente que los sigue, reconoce y admira; Hermógenes Pérez de Arce, Tere Marinovic, Gonzalo de la Carrera, Axel Kaiser, Rojo Edward, e Iván Poduje, quienes votarán en contra porque consideran que la constitución nunca debió ser tema. También, porque estiman que la ciudadanía ya votó y mayoritariamente por la Constitución actual y que el poder político en vez de acatar ese mandato que fue contundente recurrió al expediente político (cocina) para insistir con hacer otro texto fundamental.

Algunos de ellos añaden que Chile pasará a ser un Estado asistencialista, cuestión que no se condice con la economía de mercado, y otros no individualizados acá, acotan que la soberanía ya no residiría en la nación sino que en el pueblo y que a mayor abundamiento los derechos constitucionales podrán limitarse con una ley, lo que en su opinión representa un franco retroceso.

Entre los que antes apoyaron y ahora rechazan se incluye la presidenta Bachelet, los principales autores del proyecto anterior (Atria, Stingo, Daza, Gutierrez, Loncón, Bassa), más los partidos socialistas, PPD, DC, radicales, comunistas y todos los miembros del Frente Amplio, que se oponen por múltiples y alternativas razones, entre ellas; porque limita al poder político, y si se aprueba varios de sus partidos tendrán que o fusionarse o desaparecer; porque refuerza el derecho de elegir e impide que el gobierno pueda hacer solidaridad con la plata ajena (fondos previsionales); porque declara inconstitucionales los movimientos que recurren a la violencia para imponer su agenda política; porque reivindica los símbolos patrios (mismos mancillados por quienes apoyaron el proyecto rechazado); porque pone énfasis en la libertad individual, fomenta la autonomía de la voluntad, el emprendimiento, el principio de subsidiariedad y la competencia, elementos todos que son propios de una economía de mercado; porque releva la probidad del funcionario público como un elemento determinante en la interacción ciudadana, facultando al Contralor para velar también por la probidad administrativa; porque subraya los deberes y no solo los derechos ciudadanos; porque no faculta a la mujer abortar antes que el feto nazca, cuestión que autorizaba el texto rechazado, sino únicamente en los casos que la misma ley lo permite; porque impide que la política se transforme en una profesión, al poner límite a las reelecciones; porque empodera a la policía al permitirle el uso legítimo de la fuerza, para proteger la persona y los bienes de ella, cuestión que molesta a varios oficialistas que consideran que hay delitos pacíficos (usurpaciones); porque empodera a las víctimas, al crear un organismo que se haga cargo de asistirlas; porque varios habrían preferido que se reconozca a los pueblos indígenas como nación, y no como partes de nuestro país, como lo hace el texto propuesto; porque en vez de expresar que se reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, que es lo que habrían querido, se establece que la familia sin apellidos es el núcleo fundamental de la sociedad y que la Constitución considera el interés superior del niño como el eje de protección; y finalmente quizás, porque expulsa a los extranjeros que ingresan irregularmente al país, situación que contradice ostensiblemente las políticas impulsadas por los gobiernos de izquierda desde Bachelet hasta ahora.

Respecto de estas objeciones alternativas, nada que decir, toda vez que ratifica lo que siempre han pensado y querido para el país, los que antes votaron a favor y ahora en contra, y que corresponde básicamente al electorado que siempre ha votado a la izquierda y a la extrema izquierda, con independencia del nombre que publicitariamente utilicen.

Cosa distinta es lo que pasa con el primer grupo, que está conformado por personas que antes votaron rechazo, y que ahora votan en contra, ya que sus legítimas y fundadas argumentaciones, ameritan las siguientes reflexiones: 1) No hay piso político para modificar lo que ya es un hecho, y que es que el Estado tiene y debe tener un rol social. No puede dejar que los privados operen sin límites. Tienen que haber sanciones y severas para a quienes no cumplen las reglas. Le compete también al estado ayudar y activamente a quienes por distintas razones, nacieron con desventajas económicas, raciales, sociales, culturales y un largo etcétera. El Estado debe emparejar la cancha y otorgar oportunidades reales a todos. 2) El hoy es que debemos pronunciarnos sobre el texto que se nos propone. Esa es la realidad. Si votamos en contra porque no estamos de acuerdo con el proceso, debemos saber, que ese en contra se interpretará, no como que ellos querrán y que es que el pueblo ya dos veces habría manifestado que quiere la constitución de Pinochet, sino como que el pueblo ahora prefirió esa constitución, porque la que se le presenta está más a la derecha de Pinochet, y que siendo esto así, correspondería insistir en un nuevo proceso constitucional, el que sabemos provocará más inestabilidad, incerteza e inseguridad, cuyo costo terminan pagando, paradójicamente los más pobres, que son los que según la misma izquierda vota mayoritariamente por ellos. 3) La soberanía siempre la ha ejercido el pueblo, que son los ciudadanos con derecho a elegir y ser elegido. Que antes se diga que residía en la Nación y se ejercía por el pueblo y que ahora se diga que la soberanía reside en el pueblo, no cambia nada, si se considera que la misma disposición agrega que, éste es una nación única e indivisible y que se ejerce por el pueblo en elecciones periódicas, 4) Que se diga que solo la ley puede limitar derechos constitucionales, es un avance tanto porque eso significa que el ejecutivo ya no podrá hacerlo mediante decretos o actos administrativos, cuestión que hoy ocurre, como porque la misma constitución expresa que en ningún caso, esto es, ni aun existiendo ley, un derecho fundamental puede resultar afectado en su esencia, ni se le puede imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.