Educación: un camino que jamás se debe cerrar

El currículum escolar de un niño que ingresó en marzo de 2020 a primer año básico en una escuela pública del servicio local de educación de Atacama es estremecedor. Su primer y segundo año de clases, perdidos prácticamente por completo de manera presencial por la pandemia del covid-19; este año, más de 80 días sin clases por la paralización del Colegio de Profesores regional, fundamentada en la precariedad de la infraestructura, que incluía plagas de palomas y roedores. Así, el niño que en pocos días más saldrá formalmente de cuarto básico habrá tenido, en el mejor de los escenarios, un año y dos tercios de clases presenciales, en vez de los cuatro que le correspondían.

La evidencia indica con fuerza que los primeros años de educación son críticos en el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. Así, los estudiantes en esta situación se enfrentan a pérdidas exponenciales, con riesgos de tener secuelas de por vida por esos dos años y un tercio de clases irregulares, entre pandemia y paralizaciones, en un minuto tan crítico como su formación temprana.

El de Atacama es el caso más extremo, pero está lejos de ser el único. Sólo como referencia, este año Punta Arenas y San Bernardo tuvieron paralizaciones de casi tres semanas, y las escuelas públicas a lo largo del país tuvieron otra semana de pérdida de clases en agosto por la demanda del Colegio de Profesores sobre el pago de la denominada “deuda histórica”. Todo esto sin considerar el alza del ausentismo escolar tras la pandemia, que es un fenómeno por sí solo digno de preocupación e inquietud.

La pregunta incómoda es por qué mantener a los niños en las escuelas -y traer de vuelta a aquellos que se hayan desvinculado- no es la principal prioridad del país. Si bien existe un diagnóstico compartido sobre la relevancia de la reactivación educativa, requerimos traducir eso en un paquete de políticas públicas que persiga dos efectos: servir como un símbolo de la importancia transversal que Chile le da a la educación, y superar aquellos nudos más críticos en el escenario de emergencia que existe tras la pandemia.

El protocolo de acuerdo entre los senadores y el gobierno para aprobar la partida presupuestaria de Educación puede servir como un punto de partida para este impulso. Entre los puntos comprometidos está el volver a discutir la modernización de la Subvención Educacional Preferencial (SEP), algo que hemos impulsado desde Pivotes.

Esto es crucial para entregar mayor poder de decisión a los colegios y comunidades educativas en la asignación de recursos y liberar algo de la “permisología educativa” a la que se ven sometidos los directivos de los colegios con rendiciones dobles y una burocracia que termina quitándole tiempo a la prioridad del aula, algo que se ha profundizado en los SLEP, espacios que han añadido más burocracia y donde, en palabras del exministro José Joaquín Brunner, no se ha encontrado “un equilibrio entre autonomía, diversidad y una efectiva rendición de cuentas”.

En la misma línea, hay otra medida que ayudaría en el momento actual: acelerar la tramitación de la ley que entrega recursos a las aulas de reingreso. Esto es una necesidad contingente y urgente, en especial dada la alta deserción tras la pandemia. Existen proyectos en esta línea que pueden servir como modelos, tales como el trabajo realizado por la fundación Súmate del Hogar de Cristo.

Y por último, necesitamos que exista un consenso nacional de verdad que apunte a que los escolares del país no pueden perder un día más de clases. El propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acusó al Colegio de Profesores de que “exacerba el uso de una herramienta que es de última ratio, que es la paralización”, pero al mismo tiempo señaló que “si ellos deciden paralizar actividades por la razón que sea, justificada o no, lo van a hacer, y no hay forma de coaccionarlos en dicha acción”.

La confesión es desesperanzadora, pero nos debe movilizar. Si la máxima autoridad señala estar atado de manos, pese a tener facultades legales, debemos dar una señal más poderosa de que la sociedad respalda mantener las escuelas siempre abiertas. La propuesta constitucional da un primer paso, al plantear que el Estado deberá velar por la continuidad del servicio educacional, pero debemos evaluar ir más allá.

Establecer a la educación como un servicio esencial, a la altura de aquellos que no pueden paralizar, sería un símbolo de la verdadera relevancia que el tema debe tener en nuestro país, reconociendo su impacto no solo a nivel individual, sino para el desarrollo regional y nacional de largo plazo.

Los diagnósticos ya existen, pero es hora de empezar a concretar. Los niños y las familias de nuestro país no merecen menos.