Transformación digital del Estado y permisología

La expresión “permisología” denuncia los generalizados retrasos en la obtención de las autorizaciones estatales requeridas para materializar proyectos de inversión. Un informe de la Comisión Nacional de Productividad dimensionó la magnitud del problema y concluyó que operar una planta desaladora toma —en promedio— más de once años, y casi nueve en el caso de un proyecto minero.

Este drama se explica por distintas razones. El Ministro de Hacienda ya ha anunciado al menos dos proyectos de ley que buscan reducir los extensos plazos para la obtención de permisos. Sin embargo, hay también factores prácticos y de gestión que agravan el problema. Uno de ellos es el incumplimiento generalizado de la obligación legal de conformar expedientes de las autorizaciones que se tramitan ante los diversos organismos sectoriales que entregan permisos.

La opacidad que denunciamos puede resumirse así: a pesar de que la Ley de Procedimiento Administrativo le garantiza a todo particular el derecho a conocer su propio expediente, los servicios públicos han intepretado que los titulares de proyectos que solicitan un permiso solo pueden acceder a la información que les incumbe a través de la Ley de Transparencia. Y cuando se procede de esta forma y se pide copia íntegra del expediente, el Estado —tras la espera de veinte días hábiles— deniega la petición arguyendo que no son procedentes las peticiones genéricas (entendiendo por tales aquellas que carecen de un listado concreto de los documentos solicitados).

La ausencia de un expediente electrónico para hacer un seguimiento de un proceso de autorización no sólo dificulta la actividad empresarial, sino que también redunda en la imposición de requisitos disímiles para proyectos similares en diferentes regiones, incrementando la incertidumbre y desincentivando la inversión y la creación de empleo. La opacidad también genera que el Estado imponga requerimientos excesivos, repetidos o incluso contradictorios, creando una ritualidad excesivamente compleja y cara.

Finalmente, la falta de una plataforma informática uniforme y de general aplicación priva a las altas autoridades de información valiosa para dónde se están produciendo los atascos y qué servicios o regiones requieren de recursos o mejoras para resolverlos.

La solución a este problema está al alcance de la mano, y no requiere de una ley para ejecutarse. Tanto el Servicio de Evaluación Ambiental como la Superintendencia del Medio Ambiente ya cuentan con sistemas informáticos transparentes y modernos que día a día se utilizan para conformar y tramitar los expedientes de evaluaciones de impacto o supervisar el cumplimiento de la normativa. Estos expedientes generan datos relevantes para la gestión pública de los flujos de trabajo.

Proponemos que los organismos encargados de otorgar todos los permisos necesarios para materializar inversiones utilicen la plataforma informática del sistema de evaluación de impacto ambiental hoy existente. Esto no solo agilizará procesos y garantizará transparencia, sino que también proporcionará acceso inmediato a la información, cumpliendo así con las exigencias legales y mejorando la eficiencia de la administración pública. Esta medida facilitará la obtención de permisos, ayudará a mejorar día a día la calidad de gestión y contribuirá a un entorno más propicio para la inversión y el desarrollo económico del país, que redunda en mejoras concretas para el común de los ciudadanos.