La incomodidad del Cosena

A raíz del aumento de delitos violentos y de la sensación de inseguridad cada vez más extendida en la ciudadanía, las autoridades afirman ya sin complejos que estamos ante una crisis de seguridad. Algunos incluso han ido más allá, como el ex presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto (PPD), quien ha señalado en reiteradas ocasiones que esta es la “crisis de seguridad más grave en la historia de Chile”.

En ese contexto, hemos visto a una serie de alcaldes y parlamentarios exigir medidas excepcionales -incluyendo a varios del oficialismo-, como la declaración del Estado de Sitio en la Región Metropolitana, la utilización del 2% constitucional del presupuesto o el cierre definitivo de las fronteras. Con todo, luego de ese fatídico sábado navideño en que fueron asesinadas ocho personas en menos de 24 horas, una propuesta comenzó a ganar adeptos: citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Es entendible que al Gobierno no le cause mucha gracia esa exigencia. Sin ir más lejos, implica sentar a la mesa a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y a los presidentes de ambas cámaras del Congreso -que no pertenecen a la alianza gobernante-, además del General Director de Carabineros y el Contralor General de la República. A estas alturas da igual que se trate de un órgano meramente consultivo, las opiniones adoptadas por la mayoría de sus miembros podrían ir en un sentido diferente al pretendido por el ala más extrema del oficialismo, exponiendo al Presidente Boric a una situación incómoda ante la opinión pública e institucional.

Por cierto, un rol protagónico recaería en Dorothy Pérez, contralora subrogante una vez terminado el mandato de Bermúdez, y quien ya ha comenzado a dejar su sello. Sin ir más lejos, en su primer día en el cargo creó las divisiones de Gobiernos Regionales y Municipalidades dando una señal frente a los casos de corrupción que hemos conocido últimamente a nivel subnacional, criticando a su antecesor al denunciar un equipo “sobredimensionado” en el Gabinete de Contraloría con más de 130 funcionarios.

¿Y qué tiene que ver la Contralora con el Cosena? Para eso hay que remontarnos a la última convocatoria de este órgano en noviembre de 2019 a raíz del estallido social. En esa oportunidad, el Contralor Bermúdez señaló que este solo podía ser citado por razones de seguridad nacional, diferenciándolo del orden público. Quien haya leído las actas sabrá que luego de esa intervención la sesión perdió cualquier utilidad práctica y devino en un intercambio de opiniones entre el Contralor y el expresidente Piñera sobre el significado de la seguridad nacional. Ahora el protagonismo recaería en Pérez, pudiendo mantener ese precedente o bien recoger la tesis moderna ampliamente aceptada en el resto del mundo, la cual considera que el crimen organizado y la delincuencia grave constituyen una amenaza a la seguridad nacional -como evidencian la Estrategia de Seguridad Nacional española o la reciente citación del Consejo de Seguridad Pública y Estado en Ecuador a propósito de su crisis interna-.

Como sea, convocar al Cosena implica un verdadero dilema para el Gobierno. Por un lado, supone la ventaja de proyectar una señal de unidad institucional ante un problema cada vez más angustiante; pero, por otro lado, le abre un nuevo flanco que lo puede dejar debilitado ante protagonistas impredecibles que hoy están en un segundo plano.

No deja de llamar la atención que un escenario tan remoto comience a instalarse y a ganar terreno entre la opinión pública. De hecho, de acuerdo con la encuesta Cadem más del 70% de los consultados está a favor de citar al Cosena.

En definitiva, y más allá de la eficiencia real que conlleva convocar a un órgano de carácter consultivo, una cosa parece ser cada vez más cierta: o el Gobierno toma medidas más intensas para enfrentar la delincuencia o los dilemas imaginarios se van a terminar volviendo una realidad.