El hilo se corta por la parte más delgada: las pensiones de gracia

El revelador informe de la Contraloría General de la República, daba a conocer la liviandad con que se usó el concepto de “violaciones a los derechos humanos”, sin mínimo rigor para conferir la acreditación de “víctimas”, incluso en casos luego desestimados por los tribunales.

Por una parte, el organismo encabezado por una activísima Dorothy Pérez, dio cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento de las pensiones de gracia. De paso, corroboró todas las sospechas: en la primera línea (recibida con honores en el ex Congreso) abundaba el lumpen. Algunos, de hecho, por delitos violentos: producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio. Y lo que es peor, se constató que habían datos que no se comprobaron, que ciertos postulantes no entregaron certificados médicos y, entre otros, que hubo aumentos de pensión sin que existiera sustento.

El fiscal nacional Ángel Valencia no descarta que pueda haber fraude de subvenciones o prevaricación administrativa. El jefe del Ministerio Público se refirió a las hipótesis que se manejan a raíz de la indagatoria abierta a raíz de la auditoría del ente contralor.

La vocera Vallejo intentó establecer el vínculo con la administración del presidente Piñera, a la que Evelyn Matthei respondió con dureza: “Maduren, gobiernen y háganse cargo de sus propias acciones”.

“La exasperante vaguedad del Gobierno solo acrecentó las suspicacias y ahondó la crisis”. Las personas que tienen antecedentes penales, del conjunto de las pensiones de gracia, son 69. Son 418 pensiones de gracia en total.

No olvidemos que en el caso de los “indultados”, la vocera Vallejo habló de “desprolijidades” y que si el “presidente hubiese tenido los antecedentes a la mano, otra habría sido la situación”. Lo que se aclaró, porque si nos enfrentamos a una potestad exclusiva del Presidente de la República, se da por hecho que éste conoció todos los antecedentes.

A esto se sumó la controversia entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad sumariada por la Contraloría, considerando la obligación de revirar los antecedentes médicos de los solicitantes del beneficio. El INDH señaló que era la Subsecretaría del Interior la responsable.
Pero acá hay un hilo político clave: no olvidemos que la ONU, reconoce al INDH como la entidad que supervisa en Chile, el cumplimiento o no del respeto a los DD.HH, más aún en el caso del estallido social.

De ahí la presión que se ejerció hacia el director del momento, Sergio Micco, para que ratificara ese diagnóstico, y los castigos y “funas” que ha sufrido por negarse a complacer a la ultra izquierda. Si Micco lo hubiera confirmado, habría validado las violaciones sistemáticas en la Administración Piñera en el contexto del estallido, a nivel de las Naciones Unidas.

Fue en medio de esa presión que el entonces diputado Daniel Núñez (PC) presentó una indicación a la Ley de Presupuesto de 2021, para establecer allí pensiones de gracia a ser entregadas a las víctimas que acreditara el INDH.

Por lo mismo, es exasperante la opacidad con que ha actuado La Moneda, entregando información segmentada a la ciudadanía y a los parlamentarios. Expresión de ello es que, habiendo recibido hace más de un mes el decisivo informe de Contraloría, recién ahora el país ha podido conocerlo. Tal demora en un asunto que lo complica solo acrecienta las suspicacias, ahondando la crisis en que está sumido el Gobierno.